Esta semana se pronunció ante la nación la Academia Nacional de Ciencias Económicas, por medio de un comunicado, que todos los venezolanos deberíamos conocer, difundir, respaldar. El documento lleva la firma de su presidenta, Sary Levy, y coloca las cosas plenamente en su lugar desde la perspectiva económica. Un lugar, un espacio, que el régimen se empeña en no ver y tratar de ocultar a los ojos del mundo. Pero las protestas de todo este año por parte de los trabajadores, pensionados y jubilados han develado el desastroso problema sin ambages.
La Academia deja claro que se trata de una tragedia. Una tragedia propiciada, según ella, por la «incapacidad de la actual administración». Aspecto en el cual podríamos tener algunas diferencias, por cuanto no se trata justamente de incapacidad sino de maldad con conocimiento de causa y efectos. Estamos, más bien, ante un intento de genocidio generado desde el poder sobre la población venezolana, con el único fin de obtener recursos represados por las sanciones, para la preservación indefinida del poder. Además sigue latente la amenaza velada ante el orbe de aumentar mucho más el desplazamiento de nuestros connacionales por saber del desajuste que causa en la región y más allá. Pero en ese sentido, la Academia fue discreta, como corresponde a su papel.
Nos da, sin embargo, plena razón a quienes protestamos en estos meses de 2023, debido a la «angustiosa situación económica en la que viven muchos venezolanos». Ya que «el ajuste del salario mínimo efectuado en marzo de 2022 ha perdido más del 80% de su capacidad adquisitiva». Y nos encontramos: «muy por debajo de las condiciones mínimas de existencia requeridas en la Venezuela de hoy». He allí la tragedia. La mayoría de la población no tiene posibilidades con su sueldo de tener acceso a bienes y servicios. Además, estos no son precisamente de calidad.
La ANCE hace puntuales recomendaciones que para nada serán tomadas en cuenta por estos terroristas de Estado. Pero expresa debidamente la Academia sus señalamientos correctivos de la situación. Escuchen, lean, bien la receta más o menos infalible los candidatos ingenuos o no: «redención de los derechos civiles», «optimice la dimensión del Estado», «combata la corrupción», «recupere la credibilidad en la política económica». También pide, luego de señalar las justas razones de las sanciones, elecciones que permitan la alternancia en el poder. En fin, pide la restitución del Estado de Derecho, la atención a la Constitución y una reconexión con los organismos multilaterales que permitan dinamizar con créditos y negociación de la deuda externa, la economía.
La Academia Nacional de Ciencias Económicas merece la atención y el reconocimiento de los venezolanos por su labor. No es la primera vez que se pronuncia, ni es la primera Academia Nacional que lo hace, responsablemente. Pero el don de la oportunidad no lo poseen todas las instituciones. A un año de la implementación del Instructivo ONAPRE que redujo los sueldos y aplastó las convenciones colectivas y los derechos laborales; a un año del ajuste del salario mínimo a niveles pulverizados hoy, debemos reconocer estos planteamientos que exponen ante el mundo la realidad económica venezolana. De nada sirven paños tibios o calientes si no van a atender los aspectos medulares. Pero sabemos en las garras de quienes estamos. De manera retórica la Academia cierra su intervención poniéndose a la orden para seguir siendo guía de la sociedad. Será plenamente desoída por el régimen del terror. No debemos dejar pasar sus palabras los ciudadanos que aspiramos a la democracia y al rápido saneamiento económico de la nación. Que no queden lanzadas al viento esas dignas palabras.