Vista de la casa en la que vivió alquilado en Houston el hijo de López Obrador junto con su esposa
El escándalo de la casa de Houston del hijo mayor de López Obrador encierra, como se ha visto, un gran número de aristas. No todas son pertinentes o significativas, y sin duda surgieron imprecisiones, lagunas y exageraciones ya sea en el reportaje en sí mismo, ya sea en las interpretaciones a las que ha dado lugar. El asunto da para mucho y probablemente tenga una vida más larga de la que López Obrador quisiera. Me centraré solo en dos aspectos, tal vez los más importantes.
El primero es el de la incongruencia. No es tan cierto que los hijos y en general la familia más cercana de un mandatario pueden vivir como deseen, sin importar su correspondencia con las normas o anhelos manifestados por el presidente, que en el caso de AMLO son absurda pero explícitamente claras: ¿para qué quiere alguien dos pares de zapatos si con uno basta? Menos aún en México. Conviene recordar que este el es país de las acusaciones, sospechas y reclamos -válidos o no, yo no los prejuzgo en ninguno de los casos- a las hermanas de José López Portillo, al hermano de Carlos Salinas, a la esposa de Vicente Fox, a la esposa de Enrique Peña Nieto, y a los hermanos, hijos y primas de López Obrador. Uno de los denunciantes ha sido, a lo largo de los años, el propio López Obrador. Es perfectamente aceptable criticarlo por la conducta incongruente de su hijo en Houston, así como se valía criticar a Peña por la conducta de La Gaviota. Esto es así en todos los países democráticos del mundo: se espera un comportamiento a la altura del cargo que ocupa el jefe de familia, o en su caso, un claro deslinde de dicho jefe con sus familiares incongruentes. Recuérdese el caso del hermano de Jimmy Carter.
El otro aspecto, más grave, es el del conflicto de interés. Aquí todo es más complicado, y solo quisiera referirme al tema del casero Keith Schilling, quien le alquiló la casa con alberca a la pareja López Beltrán-Adams. En primer término, hay un tema de flujo. Según cálculos aproximados de otras residencias en la misma calle, el alquiler de esa casa, en 2019, ha de haber sumado como 6.000 dólares al mes. Esto equivale a un ingreso neto (después de impuestos) de casi 4 veces la renta, es decir, 20.000 dólares mensuales como mínimo, que a su vez corresponden a un ingreso bruto de aproximadamente 30.000 dólares al mes o 360.000 al año. Como la señora Adams de López Beltrán es la única integrante de la familia con ingresos públicos, se trata de un monto decoroso, no multimillonario, pero perteneciente en todo caso al 10% más pudiente de Estados Unidos. Su declaración de impuestos lo dice todo.
Lo menos que hace un casero o una agencia corredora de bienes raíces en Estados Unidos, para un alquiler de largo plazo, es cerciorarse de la capacidad de pago del inquilino. La manera más expedita de lograrlo es mediante la hoja de pago de la empresa donde trabaja, o en su caso, la declaración de impuestos del arrendatario. Schilling o su corredora cuentan con lo uno o lo otro, y si desean que todo sea transparente, deben entregar esos documentos a la opinión pública.
Aún hay más. Schilling afirmó que nunca se enteró de quién le había alquilado la casa, ni cuánto ganaba, etc., lo cual es, por lo menos, inusual. La corredora no puede no haberle dicho al dueño que tenía una candidata a inquilina que era la nuera del presidente de México, es decir, una Politically Exposed Person, como acertadamente lo señaló MCCI. Schilling puede haber decidido que, a pesar de ello, o debido a ello, la quería como arrendataria, pero es completamente inverosímil que no se haya enterado.
He aquí el quid del asunto. Nadie alquila su casa sin saber a quién se la alquila: a un borracho, narco, asesino, magnate, estudiante sin recursos o mal pagador consuetudinario. Puede ocuparse de ello la agencia de bienes raíces, pero aún así existe el principio, sobre todo en Estados Unidos ahora, de “Know your tenant”.
Entre más días transcurren, mayor va a ser la sospecha de que la familia presidencial no disipa cualquier duda sobre un conflicto de interés con Baker Hughes porque carece de los documentos que permitan hacerlo fácilmente. Estos son, inter alia, el contrato de arrendamiento, los comprobantes de pago de la renta (transferencia o cheque), los recibos de renta, la declaración fiscal de la señora Adams-López Beltrán ante el IRS, y la de Keith Schilling, también ante el IRS, donde declara al fisco el ingreso por el arrendamiento. Mientras Palacio y Houston no presenten dichos documentos, y suba la denuncia de conflicto de interés, aumentará la probabilidad de que los documentos exculpatorios no existen. Y si los presentan, tendremos que pedir una disculpa por haber dudado de que son diferentes. Por ahora: Houston, we have a problem.