Maduro y su pandilla están acorralados, totalmente desgastados, fragmentados y con pérdida de importantes factores de apoyo. Han desaprovechado el respaldo popular que obtuvo el difunto Chávez, la masa popular hoy los repudia. Han mentido a aliados internacionales, sembrando desconfianza en ellos. La pandilla cívico-militar con su desprecio a las normas internacionales ha continuado violando en forma permanente y sistemática los derechos humanos. La comunidad democrática rechaza ese comportamiento y respalda las denuncias ante la Corte Penal Int6ernacional sobre los crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos por la dictadura venezolana.
La presión internacional e interna condujo a que Maduro y la pandilla se sometiesen a un juicio popular mediante elecciones. El oficialismo prometió a los mediadores unas elecciones democráticas y limpias. Obviamente, no pensaban cumplir su compromiso. Llamaron a elecciones, pero realizando todas las maniobras para impedir el pronunciamiento popular. Compraron a políticos opositores para minar la unidad nacional. Sabotearon de diferentes formas las elecciones primarias de la oposición, financiaron a alacranes, intervinieron arbitrariamente a los partidos opositores y se los legaron a gente comprada, inhabilitaron a líderes opositores que tenían respaldo popular, impusieron un árbitro electoral a su antojo. En el camino electoral jugaron con excesivo ventajismo, usando todos los recursos del Estado para promover la candidatura del ineficiente y corrupto Maduro. Seleccionaron a los candidatos de la oposición, muchos de ellos con misiones concretas para desestabilizar la unidad nacional.
A pesar de todas las canalladas, entre ellas, la persecución y encarcelamiento de líderes populares opositores, de la fuerte censura sobre los medios de comunicación y acoso a los periodistas, de las múltiples promesas y bonos, el pueblo venezolano se decidió por enfrentar a la corrupta y criminal dictadura, votando en forma aplastante contra el candidato oficial. La clase popular, en general, la sociedad civil, se organizó calladamente y el día de las elecciones movilizó estratégicamente sus piezas y le cantó ¡jaque! a la pandilla. Fue un movimiento masivo y abrumador, que incluso sumó fuerzas anteriormente del oficialismo. La pandilla gobernante sabía que era repudiada por el pueblo, por ello, organizó desconocer la soberanía popular y acantonó fuerzas cubanas y mercenarias para reprimir con violencia extrema la protesta popular. Momentáneamente se escabulló del jaque, no en jugada legal, sino a la fuerza de las bayonetas mercenarias y corruptas.
El régimen proclamó ilegítima e ilegalmente a Maduro como ganador de las elecciones. Todo mundo sabe que Maduro perdió en forma aplastante. Los diversos observadores, públicos y ocultos, recibieron información electoral de fuentes seguras y de sus propias fuentes, que demostraba el triunfo de EGU. Varios países tienen información de militares que participaron en el plan custodio de las elecciones que es inobjetable el triunfo de EGU. Igualmente, recogieron información del siniestro plan de represión y apresamiento de MCM y EGU y de personas de los diversos comandos de MCM.
La pandilla gobernante sigue en jaque. Maduro y sus compinches han perdido la oportunidad de negociar la transición en forma pacífica. Muchos de ellos querían e hicieron gestiones, pero los secuaces vinculados al crimen internacional sabían que ellos no tendrían impunidad, así, como los ejecutores de crímenes de lesa humanidad y genocidio, presionaron para seguir manejando al Estado venezolano. Están al borde del jaque mate.
En efecto, si el 10 de enero, la pandilla juramenta a Maduro como presidente, esa movida lo coloca en jaque mate. Deja de ser presidente legítimo (con fraude, pero al final reconocido internacionalmente) y se convierte en presidente ilegítimo, pues ha asumido el poder en contra de la manifestación de la soberanía popular y contra lo dispuesto en la Constitución y las leyes. Ya no gozará Maduro de inmunidad, pues es un usurpador. No podrá representar al país porque es ineficaz y sus actos son nulos (acorde art.138 constitucional, lo que significa que no habrá negocios con Venezuela. Todo esto tiene varios efectos. Al no ser reconocido como presidente de Venezuela no puede representarla. Esa usurpación lo convierte en forajido y cualquier autoridad, bajo el principio de justicia universal, puede decretar su detención. Esta situación favorecerá una decisión de la CPI de ordenar su captura. En el interior venezolano cobra plena vigencia lo dispuesto en los artículos 333 y 350 constitucionales. Por ello, no es descartable la huida de muchos de los secuaces del régimen en los próximos días. Jaque mate Maduro. ¡Hasta el final!
Rodrigo Rivera Morales es doctor en Derecho. Profesor y asesor académico. Miembro fundador del capítulo España. Bloque Constitucional.
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