Mientras en el mundo cada país se debate instrumentando toda clase de fórmulas para condenar la pandemia del covid-19, las izquierdas radicales se las ingenian para devaluar y politizar los esfuerzos titánicos que hacen los gobiernos para proteger a la población y contener el daño económico y los destrozos sociales que vienen necesariamente asociados con la diseminación del mal.
En Colombia es patético observar la campaña de descrédito al gobierno de Iván Duque montada por los agentes de Gustavo Petro con la única meta de pescar en río revuelo. Para ello cuentan con las redes digitales que son excelentes transmisores de malas noticias, las que siempre atraen más la atención y convencen con facilidad a neófitos y desprevenidos. Así lo informa el columnista Álvaro Ramírez González cuando asegura que un alud de mensajes escritos, memes y videos atacan sistemáticamente y sin pausa al gobierno de Duque, así como al ex presidente Álvaro Uribe.
Lo más doloroso, más aún que el uso perverso de las comunicaciones digitales a favor del descrédito de las acciones valientes del presidente Duque en pro de los colombianos, es el proyecto que está siendo concebido por fichas del radicalismo afecto al comunismo que alberga el propósito de debilitar la economía y de penalizar al pueblo afectado por las medidas de confinamiento.
Las redes sociales, que también son útiles para fines más constructivos, filtraron el contenido de una supuesta teleconferencia en la que siniestros dirigentes y personajes de las izquierdas se lamentaron de la forma exitosa, cabal y cuerda con la que el Palacio de Nariño está manejando la crisis y se trazaron metas para oponerse a aquellas medidas que puedan ser exitosas en cuanto al alivio del colectivo, por considerar que estas generan un efecto positivo en la imagen del presidente.
Se proponen armar una acción de oposición de parte de gobernaciones “amigas” para destruir y atacar las medidas que impulsen y protejan a la economía. Se refieren a las gobernaciones de Cundinamarca, Boyacá y Meta, en particular. En otro terreno se proponen concertar esfuerzos para que la Corte Constitucional bloquee iniciativas gubernamentales útiles como la intervención de Human Rights Watch y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
En el campo comunicacional sugieren levantar fondos suficientes para asignarlos al mantenimiento de óptimas relaciones con los medios, lo que incluiría programar pautas promocionales en ellos para validar ante el público esta campaña destructiva.
El proyecto anterior incluye, por supuesto, esfuerzos en el terreno del confinamiento impuesto a la ciudadanía que, sin atacarlo de manera frontal, pueda ser debilitado con la presencia en las calles de grupos de disidentes que intenten demostrar la inutilidad de la cuarentena.
Podría continuar con un sinfín de otras acciones de muy perversa inspiración que ven en este tipo de crisis oportunidades para debilitar a un gobierno que ha estado mejorando su índice de aceptación de los colombianos a raíz, justamente, de la proactividad con que el gobierno de Duque ha encarado la crisis sanitaria en puertas. Habría que recordar que el presidente en el mes de marzo ya presentaba una imagen desgastada que se expresaba en 71% de impopularidad y apenas una aprobación de 23% de la ciudadanía.
No permitir que la curva de su aceptación popular mejore por haber tomado con fuerza el timón del país cuando la ciudadanía se siente amenazada, es un objetivo insoslayable para los movimientos y partidos radicales aspirantes a ocupar el gobierno a partir de 2022. Para ello es preciso aniquilar los rasgos positivos del plan nacional del gobierno y enterrar de manera definitiva al uribismo.
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