El régimen venezolano convocó a los ciudadanos a pronunciarse sobre la “reclamación del Esequibo”, cuando el proceso sobre el asunto avanza en La Haya y cuando las elecciones se acercan en Venezuela. La medida ha causado discusión y rechazo en la comunidad internacional. Y en verdad, nadie ha aclarado suficientemente la utilidad de la consulta; y cualquiera sea el resultado no aportará elementos favorables en el proceso. Parece, más bien, destinada a desviar la atención que provocan otros hechos y disminuir la responsabilidad oficial por el manejo descuidado del asunto más delicado que haya enfrentado la República en fecha reciente.
El 14 de febrero de 1962 Venezuela (gobierno de Rómulo Betancourt) hizo saber al secretario general de las Naciones Unidas-ONU que consideraba que existía un diferendo con el Reino Unido en relación con la demarcación de la frontera con la Guayana Británica: “fue el fruto (el Laudo de París, 3 de octubre de 1899) de una transacción política concluida a espaldas de Venezuela sacrificando sus legítimos derechos”. Comenzaba una gestión que logró que el Reino Unido iniciara conversaciones para resolver la controversia y se fijara una Agenda al respecto (Comunicado Conjunto, 7 de noviembre de 1963). Dos años y medio después (17 de febrero de 1966) ambos países (en consulta con el gobierno de Guayana Británica) firmaron el Acuerdo de Ginebra que estableció el mecanismo para buscar una solución entre las partes (una Comisión Mixta o uno de los medios de arreglo pacífico enunciados en la Carta de la ONU).
Los venezolanos de las últimas generaciones pensamos que era posible – tras el reconocimiento de la reclamación y el Acuerdo de Ginebra – llegar a un entendimiento que permitiera recuperar parte del territorio arrebatado a la República. Se había llegado a esa situación gracias al rechazo permanente de la legalidad del fallo de 1899 y a las persistentes gestiones para la negociación impulsadas notablemente por las revelaciones y la publicación (1944-1949) de un memorándum del abogado Severo Mallet Prevost, asesor en los trabajos del Tribunal de París. Demostraban que la decisión fue resultado (dentro del llamado “gran juego” del siglo XIX) de un convenio secreto entre Rusia y Gran Bretaña, a la que se entregó “un extenso territorio sobre el cual no tenía la menor sombra de derecho”. Pero, en verdad, aunque el Acuerdo reconoció la existencia de la reclamación, también dejó su solución dependiente de la buena voluntad de Guyana.
Venezuela tuvo, durante la etapa democrática, una política de estado en la materia, continua, mantenida con seriedad, apoyada por los ciudadanos, que habían sido (1903) los primeros en actuar. Pero, el interés por la recuperación de la Guayana Esequiba (espacio situado entre la línea impuesta por el laudo y el río de aquel nombre) se fue perdiendo. Las esperanzas de muchos se apagaron. Se tomaron algunas medidas (como el decreto de 1968 sobre el dominio marítimo); pero, no se adelantó un programa de integración económico-social o de acercamiento a los habitantes del área. Por otro lado, la posesión reconocida (aunque no efectiva) favorecía al vecino: conforme al Acuerdo, “Ningún acto o actividad (nuevos) … constituirá fundamento para hacer valer, apoyar o negar una reclamación de soberanía territorial”. Cada mandatario tuvo sus iniciativas (incluso, se estudió una propuesta de transacción territorial) pero la política general se mantuvo. La abandonó Hugo Chávez.
En febrero de 2004 Hugo Chávez, obsesionado por su permanencia en el poder (amenazada por la realización de un referéndum revocatorio de resultados inciertos) quiso asegurarse el apoyo de los países (14) de la Caricom, miembros de la OEA y la ONU. Entonces realizó un viaje a Georgetown (le precedió Carlos Andrés Pérez en 1978). Allí, sostuvo conversaciones con las autoridades guyanesas y llegó a ciertos acuerdos, necesarios según él para la integración regional y el provecho de los pueblos. Y asumió el compromiso del gobierno venezolano “de no oponerse a ningún proyecto en esta región que vaya en beneficio de sus habitantes”. Sin compensación alguna Venezuela renunciaba a uno de sus instrumentos de presión. Pero, la “revolución” se aseguraba los buenos oficios de Guyana en el Caribe. Fue la mejor demostración de que cualquier interés debía supeditarse a los del proceso chavista. ¿Influencias de su mentor, Fidel Castro, siempre aliado de Guyana?
Etapa importante del procedimiento para la solución de la controversia ha tenido lugar al tiempo de la crisis que desencadenó la elección de Nicolás Maduro. Tal coincidencia ha afectado los intereses de Venezuela. No se le ha prestado la atención que requiere; y no se ha contado con la participación de algunos sectores calificados en la formulación de una estrategia procesal. Algunas decisiones ocurrieron en momentos muy particulares. El 30 de enero de 2018 el secretario general de la ONU recomendó utilizar la CIJ como medio de solución, lo que Venezuela rechazó inmediatamente. Pero, el 29 de marzo siguiente Guyana introdujo su demanda ante aquella Corte. Poco después (18 de junio) Venezuela informó al tribunal que no participaba en el proceso “por carecer la Corte manifiestamente de jurisdicción sobre una acción planteada unilateralmente”. No obstante, el 18 de diciembre de 2020 la Corte se declaró competente para conocer del caso.
Desde que (diciembre de 2016) el secretario general de la ONU resolvió dar por terminado el mecanismo de buenos oficios, los responsables de la representación nacional han debido convocar un gran encuentro para fijar la estrategia a seguir. Pero, les interesaba más asumir el control total del poder, lo que provocó la ruptura definitiva de la institucionalidad surgida de la voluntad popular. Y cuando la controversia limítrofe pasó al conocimiento de la CIJ en Venezuela se celebraban elecciones anticipadas, cuyos resultados (fraudulentos) no fueron reconocidos por gran parte de la comunidad internacional. A partir de entonces, poca atención se prestó (en ninguno de los bandos) al proceso que seguía su curso en La Haya. Sólo ahora, cuando la CIJ se dispone a emitir decisiones que influirán en el desarrollo del proceso. Pero, la iniciativa del referéndum (de legalidad cuestionada) no es apropiada para impedir el avance de la acción judicial.
Pareciera que el tema –que llama a la unidad nacional– pretende ser manejado por muchos (tanto en el chavismo como en la oposición) con fines políticos. Es la tentación venezolana: nada escapa a la tendencia a tratar todos los asuntos, aún los más importantes, de acuerdo con los intereses grupales. Ni siquiera la figura del Libertador – auténtico símbolo de la nación – ha escapado a esa particularidad nuestra. El general Páez, que alentó la separación de Colombia, inició su “divinización”. Después Guzmán, Gómez y Chávez impulsaron el culto. Ocurre ahora lo mismo: las posiciones frente a la reclamación de la Guayana Esequiba parecen determinadas por la posición que se ocupa en el proceso político y por los beneficios que puede procurar la decisión del tribunal internacional. Sin embargo, debe reconocerse la actitud serena y moderada de la candidata unitaria María Corina Machado, cuyo lenguaje contrasta con el de otros representantes.
Pocos han comprendido la trascendencia del momento en esta reclamación de 210 años. La decisión de la Corte Internacional de Justicia fijará el destino de un territorio de 159.542 kms2 poblado por casi 150.000 habitantes, más grande que Costa Rica, Bélgica, Liberia o Bangladesh. Se debate la soberanía a ejercer, lo que determinará desde el sistema político traducido en derechos y deberes hasta la cultura, marco de relaciones muy diversas. Por tanto, el tema debe manejarse con seriedad y la asesoría de verdaderos expertos; y también de estadistas. Por supuesto, no está alejado de consideraciones políticas, porque las normas en discusión (el laudo arbitral de 1899) reflejan circunstancias históricas que tienen una significación actual. Resulta urgente corregir errores: es necesario comparecer ante la CIJ y utilizar las herramientas procesales para sostener los derechos de Venezuela. Y evitar convertir el referéndum (si no se suspende) en instrumento de presión sobre el Tribunal.
En la etapa en que se encuentra el proceso en la Corte Internacional de Justicia, máximo tribunal (toca recordarlo) del sistema de Naciones Unidas, el país debe actuar con la mayor prudencia. De una parte, conviene –como en toda controversia de carácter internacional– guardar la mayor unidad (lo que, sin embargo, no es suficiente). Al mismo tiempo, parece urgente convocar a los expertos (cualquiera sea su posición) en la materia. Corresponde hacerlo a quienes llevan la representación nacional, para decidir el camino a seguir y, acordada la comparecencia, fijar la estrategia en el litigio y preparar la argumentación necesaria.
* Profesor Titular de la Universidad de los Andes (Venezuela)
X: @JesusRondonN