Hoy en día, 2.200 millones de personas no cuentan con agua potable y 4.200 millones no cuentan con un baño digno. Llegar a estas personas con servicios a largo plazo, significará más que solo infraestructura. Las inversiones deberán triplicarse –de acuerdo con el BM– para llegar a 114.000 millones de dólares anuales para asumir el desafío.
La crisis mundial en agua y saneamiento es producto de una demanda desatendida y en rápido aumento. Las consecuencias de no invertir en el sector podrían afectar a las sociedades durante generaciones, así como seguir frenando el crecimiento de nuestras economías.
Una gran oportunidad. “No dejar a nadie atrás” es la base de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y la alianza Saneamiento y Agua para Todos (SWA). De acuerdo con su compromiso y concebida para alcanzar las metas con el agua, saneamiento e higiene de los ODS, organizó la reunión de ministros de finanzas de América Latina y el Caribe, con un enfoque central: ampliar los servicios de agua y saneamiento mediante el fortalecimiento de los sistemas que los prestan, como base del crecimiento económico y el desarrollo sostenible.
Con la inversión adecuada, los beneficios incluirán una ganancia general estimada de 1,5% del PBI mundial y un rendimiento de 4,3 dólares por dólar invertido; una tasa de rendimiento que cualquier inversor desearía alcanzar, y probable consecuencia de reducir atenciones en salud y aumento potencial de la productividad.
Inversiones adecuadas reducirían la carga de enfermedades y epidemias, y en la coyuntura de la COVID-19, la mejora de la higiene resulta fundamental. Sin embargo, 24% de establecimientos de atención de la salud carece de servicios básicos de agua, 10% no dispone de saneamiento y 32% carece de instalaciones para la higiene de las manos en los puntos de atención.
Más inversiones redundan en la productividad. ONU-Agua estima que la mejora del saneamiento significa que cada hogar dispone de 1.000 horas adicionales al año para trabajar, estudiar, cuidar de los niños, etc. La productividad de las mujeres resulta muy afectada cuando hay una carencia de estos servicios, ellas son encargadas de la atención, gestoras y usuarias del agua.
En este sentido, los ministros de finanzas deben crear un entorno propicio invirtiendo en las instituciones y personas, movilizando nuevas fuentes de financiación, ya sea a través de impuestos, tarifas, transferencias o de una financiación reembolsable. Debemos tener en cuenta que el crecimiento económico se basa en la mejora de los logros educativos y la salud pública, dos cosas que son imposibles sin el acceso al agua y el saneamiento.
Capitalizar experiencias
En los últimos años, diversos países de la región han implementado en el sector saneamiento iniciativas innovadoras con grandes resultados, lecciones aprendidas y exitosas que compartimos brevemente.
Perú, en 2009 se creó el “Programa de Incentivos para la Mejora de la Gestión Municipal” (PI) con el fin de mejorar la calidad de los servicios públicos que brindan los municipios. El programa apoya a diferentes sectores utilizando fondos públicos del gobierno nacional, y ha aumentado constantemente su financiamiento para el sector de agua y saneamiento de Perú, pasando de aproximadamente 2,5 millones de dólares en 2015 a 32 millones de dólares en 2020. También en Chile se introdujeron subsidios al consumo de agua con verificación de recursos a principios de 1990, que pueden cubrir entre 25% y 85% de la factura de agua y alcantarillado de un hogar por los primeros 20 metros cúbicos por mes, dependiendo de la capacidad de pago. Utilizando la información de la encuesta de hogares para cada región y las tarifas publicadas de cada empresa, se puede determinar el nivel de subsidio para cada región, lo que significa que los proveedores de servicios consideran que las áreas más pobres o difíciles de alcanzar son áreas viables para la expansión.
La ley de Colombia que rige los servicios públicos ha logrado extender la provisión de servicios de agua y saneamiento en grandes áreas urbanas. Después de la entrada en vigor de la ley, la cobertura de agua potable aumentó de 77% en 1993 al 92% en 2018. En Costa Rica, el Canon Ambiental por Vertidos (CAV) fue establecido en 2008 por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) bajo el principio de «quien contamina paga», donde quien produce la contaminación corre con los costos de manejarla, para reducir los daños al medio ambiente.
Por la naturaleza de su trabajo, los ministros de finanzas deben explorar oportunidades de financiación innovadoras y tomar decisiones oportunas que ayuden a sus países a prosperar. En el caso del agua, el saneamiento y la higiene, las pruebas son claras: seguir descuidando estos servicios solo seguirá frenando el crecimiento de nuestras economías, poblaciones y sociedades.
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