Foto: el Periódico de España
Mucho se ha comentado en las altas esferas del gobierno de España, en los bares y en las panaderías la importancia de la intervención de los precios de alquiler de la vivienda en los “MERCADOS RESIDENCIALES TENSIONADOS”, pero poco se ha querido profundizar en qué son y en cómo se genera esa tensión.
Teóricamente podemos considerar un mercado residencial tensionado como aquel en el que la renta puede absorber más del 30% de los ingresos de los inquilinos o, en caso de utilizar como referencia la inflación, aquella zona en la que el precio del alquiler de la vivienda ha subido más de 5% sobre el IPC en los últimos 5 años, es decir, desde el fatídico año en el que comenzó la pandemia.
Tenemos que remontarnos al año 2021 y a sus datos macro para poder comprender la necesidad generada y creada por una economía no libre de tintes electoralistas.
Para tratar de paliar la crisis económica generada por una negligente gestión de recursos en el año 2021 entra una nueva normativa que afecta directamente a los trabajadores y empresarios y se ve reflejada en una subida en el IRPF del 7,7% desde el inicio de la pandemia. Además, la inflación del IPC (lo que nos cuesta la compra) se situó en el 6,55%, afectando de forma significativa a nuestra capacidad de consumo.
Este año también fue caracterizado por unos tipos de interés mínimos, el Euribor se mantenía en negativo (-0,481%), y el mercado inmobiliario volvía a reactivarse tras un parón generado por un miedo infundido y una normativa que sencillamente no permitía operar a este sector considerado actividad NO esencial.
Es importante recordar que, durante este período de parón, se endurecieron a través de Real Decreto-Ley (11/2020 y posterior 20/2022) las normativas relacionadas con los desahucios por impagos, perjudicando en la mayor parte de los casos al propietario del inmueble (muchos de ellos con hipoteca sobre la casa que arrendaban) y favoreciendo una ocupación LEGITIMADA.
En el año 2022 comienza la tormenta perfecta, los propietarios (muchos “a medias con el banco”) y a través de financiación hipotecaria, han visto reducidos gran parte de sus ingresos por los decretos que impiden desahucios. Los pocos ingresos que pueden obtener han sufrido un tajo impositivo de IRPF de casi el 8% y, para más INRI, su cesta de la compra vuelve a subir este año otro 5,5%.
Para terminar de rematar al propietario el Euribor acaba el año subiendo 3.5 puntos, situándose en diciembre en el 3,018%, alcanzando lo que sería en ese momento uno de sus máximos.
En este momento una hipoteca estandarizada de 180.000€ y a 20 años, pasaba de pagar de 826€ mensuales en 2021 a 1080€ al mes a finales de 2022, un incremento de 254€ al mes supone un 30,8% más de gastos sólo en la hipoteca.
En resumidas cuentas y aterrizando el artículo, las zonas de alquiler tensionado se han generado de forma automática a través de políticas monetarias, decretos que gravan directamente la renta, subvenciones que fomentan la dependencia y no generan productividad alguna y políticas laborales que lo único que fomentan es la destrucción de empleo privado.
Los propietarios y o empresarios no deben ser los responsables de una incompetencia y menos aún de una estrategia por parte de los mal llamados gobernantes, al igual que los inquilinos no pueden convertirse ni en víctimas ni cómplices de esta aberración.
Desde el momento en el que el Estado interviene, el libre mercado rompe su “homeostasis” y se ve obligado a bascular, hacia un lado u otro, en búsqueda siempre de un nuevo equilibrio. Nunca debemos olvidar que tratar de compensar es, en resumidas cuentas, equivocarse en dos ocasiones. Todo esto no hará más que generar una economía sumergida paralela que castigará de forma directa al Estado.
Inventar un problema para generar una necesidad y así poder poner un parche electoralista el cual nunca proporciona una solución, pero genera una ingente cantidad de votos, éste es el kit de la cuestión.