Instituciones sólidas protegen a los ciudadanos

Tras cualquier desastre, sobreviene el caos. Es cierto, pero de lo que se trata es de ser resiliente, de preparar las actuaciones en escenarios complejos y a menudo trágicos. De hecho, la resiliencia, en los últimos años considerada una de las competencias o habilidades necesarias de los directivos, tiene su origen en la gestión de crisis y en particular en la gestión de desastres. Es la capacidad de asumir infortunios sin merma emocional o con el talento de rehacerse y mantener los objetivos fijados.

Las instituciones públicas sólidas, dotadas de normas de obligado cumplimiento y con medios humanos y materiales suficientes para hacer cumplir sus mandatos, constituyen factores esenciales del mantenimiento del Estado. Se trata de aprobar normas y reglamentos que garanticen los derechos de los ciudadanos y les protejan lo más posible frente a las inclemencias de la naturaleza.

Con ocasión del terremoto de Lisboa (1755) se produjo un importante debate entre Voltaire y Rousseau. Viene a cuento para extraer enseñanzas derivadas de los seísmos de Siria y Turquía. Escribió con acierto Rousseau: “Por doquier observo que los males que nos produce la naturaleza son menos crueles que los que nosotros le producimos a ella.” (Carta de Rousseau a Voltaire 1756). Buena enseñanza en los tiempos de nuestra justificada preocupación por el cambio climático.

Señalan los científicos la imposibilidad de prever los terremotos con exactitud, pero hay sistemas de medición, estudios históricos y modelos de previsión, que establecen aquellas zonas más proclives a padecer seísmos y, en consecuencia, la necesidad de que los países tomen medidas adecuadas que minimicen los daños.

La existencia de instituciones educativas, de protección civil, de comunicación y otros aspectos, resultan imprescindibles para paliar los desastres del tipo que fueren, y en especial los seísmos que suelen repetirse en algunas zonas del planeta, mientras que en otros son más raros por razones geológicas.

Hay una pregunta que tiene respuesta. ¿Por qué en las zonas más pobres del planeta los daños en vidas humanas, infraestructuras y edificios, son mayores en unos lugares que en otros?

Desde luego, la intensidad del terremoto es determinante, pero las medidas adoptadas por las autoridades con anterioridad son imprescindibles y nos dan la intensidad de la repercusión del seísmo.

Para luchar contra las catástrofes naturales, de nada sirven los rezos medievales o las procesiones acompañadas de ciudadanos arrepentidos por sus pecados. Son útiles otras medidas que se indican en el Marco de Sendai, instrumento sucesor del Marco de Acción de Hyogo, que pretende lograr la “reducción sustancial del riesgo de desastres y de las pérdidas ocasionadas por los desastres, tanto en vidas, medios de subsistencia y salud como en bienes económicos, físicos, sociales, culturales y ambientales de las personas, las empresas, las comunidades y los países».

Entre estas necesarias actuaciones, la adopción de planes de protección civil, coordinados y dirigidos por las autoridades competentes y diseñados en diversos niveles, que garanticen la unidad de mando y la comunicación constante entre las instituciones, incluyendo los efectivos desplegados en la zona. Además, la priorización de las actividades en las que siempre han de estar presente los servicios médicos y de asistencia sanitaria, pero especialmente los especialistas en protección civil que coordinen a los efectivos desplegados.

La cifra oficial de muertos en Turquía y Siria es superior a los 45.000. De nuevo es posible comparar la repercusión en vidas humanas de los seísmos en Japón, donde las instituciones sólidas obligan a guardar estrictas condiciones de edificabilidad e inspeccionan y no permiten, en definitiva, que se edifique en lugares proclives a los seísmos o exige condiciones de construcción especialmente estrictas.

Este terremoto demuestra que muchos de los fallecimientos podrían haberse evitado si las autoridades hubieran sido más estrictas y vigilantes con la construcción. Una vez más, las pobres construcciones, exentas de las condiciones necesarias para resistir seísmos como este demuestran que sin instituciones sólidas que exijan el cumplimiento de normas de edificabilidad, inspeccionen la construcción y sancionen los incumplimientos, se generan más desgracias. Muchas vidas podrían haberse salvado si se hubieran cumplido las normas de construcción que deben exigirse en lugares situados en fallas de posibles terremotos. Es una constatación “que no solo se trata de reconstruir lo físico, sino integrar gestión de riesgo en la planificación de obras; no solo mitigar, sino afrontar lo que causó el desastre: los problemas socioeconómicos, la mala ubicación, lo que lleva a que nuestras ciudades sean vulnerables”. (Arrasate, 2017)

Si las instituciones no cumplen de forma eficaz con la protección a los ciudadanos, salvaguardando sus vidas dentro de los límites razonables, los ciudadanos desconfían de ellas. Si no cumplen con sus deberes de inspección y sanción para quienes transgreden las normas, el ciudadano se aleja cada vez más. Si por el contrario velan por su seguridad y vida en común, la confianza y satisfacción aumentan.

@sgeneralClad