Perú, el país que nunca duerme. Porque no terminamos de digerir el malestar por esa Asamblea de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Lima, que solo sirvió para avalar a Pedro Castillo, postergando temas urgentes para la región como las dictaduras. Pero ya se desató un nuevo escándalo de grandes magnitudes. Es un hecho que la realidad supera a la ficción, pero con este desgobierno parece no tener fin.
Hagamos un poco de historia. Antes de la segunda vuelta electoral, la prensa informó sobre el pasado de Pedro Castillo, sindicalista vinculado con organismos generados del movimiento terrorista Sendero Luminoso; sobre Vladimir Cerrón, sentenciado por corrupción; Guillermo Bermejo, denunciado por apología de terrorismo y sobre todo el entorno de Perú Libre. Pero Pedro Castillo fue elegido presidente. A inicios de agosto de 2021 se destapó el caso de “Los Dinámicos del Centro” por lavado de activos y crimen organizado en Junín, caso que involucraba nuevamente a Vladimir Cerrón, a Guido Bellido, entre otros personajes, y luego la vicepresidente Dina Boluarte fue acusada. Pero tampoco pasó nada.
La prensa continuó investigando y denunciando las “irregularidades” de este desgobierno, incluidos los más de 70 ministros con antecedentes penales de todo tipo. Se intercedió ante el Ministerio Público, pero la fiscal de la Nación, Zoraida Avalos, decide avalar a Pedro Castillo y en marzo es reemplazada por el fiscal Pablo Sánchez.
Quisiera detenerme para mirar a esta crisis como una oportunidad, para entender la importancia de la transparencia de las instituciones del Estado y el acceso a la información. Esta data sobre el gobierno –dada su naturaleza– es un bien público y, por lo tanto, su acceso y uso debe ser de dominio público. Ello ha permitido a la prensa de oposición –liderada por Willax– y luego a otros medios que se vieron obligados a unirse, recabar datos y hechos a lo largo de los meses, formando a la opinión pública y sustentando las irregularidades de este régimen. Esta avalancha de denuncias obligó al Ministerio Público a tomar medidas y en el mes de julio, con el nombramiento de Patricia Benavides, se inicia el análisis sistemático de las pruebas indiciarias, incluido el material proporcionado por colaboradores eficaces como Karelím López, Zamir Villaverde, Bruno Pacheco, entre otros.
Las investigaciones contra Pedro Castillo se fueron sumando, sindicándolo por diversos delitos: presunta mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, caso Puente Tarata; ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía; presunto tráfico de influencias, caso de compra de Biodiésel por Petroperú; presuntos plagios en la tesis de maestría, firmada con su esposa; presunto delito de encubrimiento real en las investigaciones denunciado por el exministro del Interior, Mariano Gonzáles; presunto delito contra la tranquilidad pública y organización criminal, con Geiner Alvarado, exministro de Vivienda; y otras investigaciones en curso que se vienen sumando y otras acumulando.
Pero esta semana hemos sido testigos de la operación del equipo especial de fiscales y la policía, que ejecutaron la orden judicial para la detención preliminar, allanamiento de locales y viviendas de seis personajes del denominado “gabinete en la sombra”, liderado por Pedro Castillo. También allanaron las oficinas en el Congreso y las viviendas de seis parlamentarios del Partido Acción Popular apodados “los niños”. Todo esto bajo la dirección y supervisión de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien, a pesar de ser objeto de persecución política por parte de miembros del Poder Ejecutivo, ha presentado una Denuncia Constitucional ante el Congreso por los presuntos delitos perpetuados por el mismo cabecilla.
Pero Pedro Castillo sigue victimizándose y repitiendo públicamente que esa ha sido la forma de obrar de otros gobiernos, descaro con el cual se rehúsa a renunciar al inmerecido cargo que ostenta. Parece que el proceso será largo y finalmente volvemos a quedar en manos de un Congreso, donde los personajes cuestionados abundan, y no es posible resolver. Pero no está de más recordarles a los miembros del gabinete que el Artículo 128 de la Constitución es muy claro respecto a la responsabilidad de los ministros por sus propios actos y por los actos presidenciales que refrenden, de los que solo pueden librarse renunciando inmediatamente. Ya es tiempo de terminar con el encubrimiento y la corrupción.
Artículo publicado en el diario El Reporte de Perú