Nicolas Maduro y el grupo de delincuentes que usurpa el poder en Venezuela insiste, por todos los medios, en imponer su fallido y corrupto sistema político, económico y social, llamado socialismo del siglo XXI, mediante actos desestabilizadores que expresan una descarada intromisión en los asuntos internos de los demás países de la región, lo que pone en peligro la paz y la seguridad internacionales. La injerencia de la tiranía venezolana en Ecuador es evidente. Enviados de la llamada revolución bolivariana organizan y participan directamente en actos de violencia y de terrorismo sumamente graves que buscan generar el caos y la anarquía y, por supuesto, el objetivo político, un golpe de Estado en contra del presidente Lenín Moreno.
El bandidaje que secuestró el país, siempre contradictorio y perverso, esgrime la bandera de la soberanía y de la independencia y la autodeterminación de los pueblos cuando le conviene. Persigue y masacra a quienes en el país protestan pacífica y legítimamente para exigir el respeto de sus derechos y la libertad, mientras apoya en otras partes a quienes ejercen la violencia para desestabilizar a gobiernos no afines; los hechos de estos últimos días en Ecuador son un ejemplo claro. Esta política (sistemática) no es nueva en la acción externa de la tiranía venezolana. Hace unos años en Honduras, apoyado por el Brasil de Lula, intentó revertir el orden y reinstalar al legal y legítimamente depuesto Manuel Zelaya. Desde entonces estos grupos desestabilizadores organizados y tarifados desde Caracas/La Habana han estado presentes en manifestaciones y protestas violentas que han igualmente buscado crear el caos y la anarquía en Perú, Argentina y Colombia.
Lo que sucede en Ecuador y lo que planifica el régimen de Maduro para desestabilizar la región es muy grave y merece una acción contundente de la comunidad regional e internacional. No son hechos aislados, tampoco manifestaciones espontáneas. Todo ello responde a un patrón, a un método de acción, concebido en Caracas y La Habana, en ejecución del proyecto propuesto por el nefasto Foro de Sao Paulo. Estamos ante una situación inédita. Venezuela se ha convertido en un Estado dirigido por una banda que actúa al margen de la ley, al apoyar el terrorismo internacional, facilitar y participar en el tráfico de drogas y minerales estratégicos, lavar los capitales provenientes de la corrupción y otras prácticas contrarias a la ley que en definitiva buscan subvertir el orden e imponer nuevos sistemas que solo traen beneficio personal, nunca el bienestar que falsamente prometen.
La acción internacional es indispensable en estos momentos. En el plano regional, una reunión urgente de cancilleres debería ser convocada para tratar la injerencia de la tiranía venezolana en los asuntos internos de Ecuador. El TIAR podría también ser invocado como instrumento para enfrentar la agresión externa a uno de los Estados de la región que podría sin ser parte asumir aceptar su aplicación en defensa de la seguridad regional. No se trata de derrotar a un tirano, lo que se ha pretendido por diversas vías, sino de proteger a los países de la región de la injerencia en sus asuntos internos, por un régimen forajido que busca imponerse y extender su zona de influencias. No se trata de agresión, es cierto, en el sentido en que es definida por el derecho internacional, pero sí de actos muy graves que ponen en peligro la paz y la seguridad de nuestros países, apreciación que debería permitir la acción urgente del Consejo de Seguridad, para impedir la ruptura de la paz y del orden en la región y en el mundo, pues hoy es evidente que las relaciones del régimen tiránico con grupos terroristas y subversivos extrarregionales ponen en peligro la estabilidad en otras regiones.
Es el momento para la comunidad internacional de actuar para enfrentar esta situación que de no corregirse pone en peligro la existencia misma de la sociedad internacional que se ha venido construyendo desde 1648, hoy hacia un mundo solidario y de libertades. Hay que encontrar la herramienta jurídica y el momento político para recurrir a mecanismos eficientes, más allá de sanciones, legales y justas por lo demás, que producen efectos diversos y a largo plazo y poder enfrentar esta crisis que cuenta con acciones mediáticas bien estructuradas para desinformar y presentar una realidad distinta. La doctrina más calificada abre espacios jurídicos para que esas acciones tengan fundamentación legal, lo que hay que atender pues el tiempo corre y el grupo delincuencial se acerca cada vez más al logro de su objetivo: extender su poder para incrementar sus actividades criminales y desestabilizar el mundo, más allá de nuestra región.