Un paso significativo con sabor a victoria para las víctimas en su búsqueda de lograr justicia internacional. Así considero la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional de conceder al fiscal Karim Khan la autorización para continuar la investigación de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela en el año 2017.
No puede más que celebrarse un anuncio de tal naturaleza porque el sistema de justicia en Venezuela decidió colocarse del lado de la impunidad para proteger a responsables de tan horrendos crímenes.
Es imposible olvidar las felicitaciones con aplausos y algarabías ofrecidas por el Estado a todos los funcionarios del Plan Zamora y en especial a la Guardia Nacional Bolivariana, cuerpo que ejecutó de forma desmedida órdenes de represión, detenciones arbitrarias, tratos crueles e inhumanos, torturas, para luego recluir a todas sus víctimas en el Sebin, en la DGCIM o en Ramo Verde, sedes que se convirtieron en «cunas» de violación graves de los derechos humanos.
El Estado nuevamente descalifica a los jueces de la sala de cuestiones preliminares de la CPI por la reciente decisión sin revisar el incumplimiento del documento de entendimiento firmado con el fiscal Karim Khan, en el que se comprometía al principio de complementariedad establecido en el Estatuto de Roma en lo que respecta a investigar a los funcionarios de alto nivel y no a miembros de cuerpos de seguridad del Estado de bajo rango. Se olvidan -o al menos pretenden hacerlo- de que la CPI solo investiga crímenes de lesa humanidad cometidos por jefes de Estado en ejercicio, altos mandos militares y funcionarios de alto rango.
Pero se empeñan en restarle importancia a la investigación de la CPI. Lejos de siquiera simular que en el país se respeta el Estado de Derecho, que los ojos de la justicia internacional están posados sobre ellos, toman medidas que profundizan la crisis y que constituyen una violación de los derechos políticos de los venezolanos
No puedo finalizar sin condenar la decisión ilegal de la Contraloría de inhabilitar a la dirigencia política opositora que represente un peligro para sus aspiraciones de mantenerse en el poder a costa de lo que sea. No saldrán «ni por las buenas ni por las malas», advirtieron.
Inhabilitación política sin proceso penal ni sentencia condenatoria es nula.
Solo le recuerdo al Estado que la CPI investiga, procesa y condena por crímenes de lesa humanidad en forma individual y el sistema universal de los derechos humanos no concede privilegios a investigados por estos crímenes horrendos.