El crecimiento de la inflación afecta directamente al poder adquisitivo de los salarios, sobre todo cuando los aumentos salariales son inferiores al incremento del índice inflacionario. Este fenómeno ocurre cuando el poder de compra del dinero se reduce debido al aumento continuo y generalizado de los precios de bienes y servicios.
La inflación puede considerarse como un «impuesto» indirecto que afecta a todos los ciudadanos. En Venezuela, por ejemplo, la inflación está estrechamente vinculada con el financiamiento del déficit fiscal por parte del banco central, que emite bolívares para cubrir esta brecha. Este déficit surge cuando los ingresos provenientes de los impuestos son menores que el gasto público total, lo cual lleva a una presión inflacionaria.
Este año, se estima que el déficit fiscal en Venezuela superará el 10% del producto interno bruto (PIB), uno de los niveles más altos en los últimos años. Como resultado, los aumentos salariales, que no han alcanzado el ritmo de la inflación, provocarán una disminución en el poder adquisitivo real de las familias, reduciendo su capacidad de consumo. Se prevé que el ingreso familiar se reduzca en términos reales en más de 20%.
Muchas empresas privadas han hecho un gran esfuerzo por ajustar los salarios de sus empleados para mitigar el impacto inflacionario. Sin embargo, el necesario equilibrio fiscal sigue siendo una prioridad clave para reducir la inflación y mejorar el poder adquisitivo, lo que a su vez estimularía el consumo y beneficiaría la economía.