A Argenis Martínez,
cultivada, consecuente y generosa presencia de muchas décadas en El Nacional
Mientras desde el ejercicio del poder se promueve la normalización de las relaciones con el mundo, se alienta una repetición regional de la “marea rosa” y se insiste en que Venezuela ya se arregló o, después del chaparrón de refutaciones, está en camino de arreglarse (como fue dicho por Maduro en Turquía, Argelia, Irán, Kuwait, Qatar y Azerbaiyán, y seguramente repetidas veces a representantes del gobierno de Estados Unidos y de la Unión Europea), pues resulta que llegan nuevos recordatorios internacionales sobre la precaria situación institucional y de los derechos de los venezolanos.
A la nueva actualización del Informe de la alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, se suma la evaluación de las respuestas del Estado venezolano a las 328 recomendaciones presentadas por 115 de los 193 Estados miembros de la ONU y a los 174 informes de organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales entregados en el tercer Examen Periódico Universal de ha sido objeto Venezuela este año (los dos anteriores fueron en 2011 y 2016).
El informe de la alta comisionada presentó “una visión general de los últimos acontecimientos en materia de derechos humanos en Venezuela y una evaluación de la aplicación de las recomendaciones anteriores”. Es evidente el cuidado en su exposición, revelador de la prioridad de mantener el canal de comunicación y las actividades de la oficina en Venezuela, aun en medio de las restricciones que el propio informe deja anotadas. Con todo, hay allí se encuentra una descripción de la continuidad de graves violaciones de derechos y falta de condiciones y garantías para el amplio espectro de derechos sociales y económicos, de acceso a la justicia, en medio de ausencia de investigación y de indebidos procesos judiciales así como de lo que reconfirma la nueva configuración del TSJ sobre la ausencia de separación de poderes. También son enunciadas las restricciones del espacio cívico y democrático, a la libertad de expresión, a la vez que el uso de legislación antiterrorista y contra la delincuencia organizada contra defensores de derechos humanos y trabajadores de medios de comunicación.
No menos importante –dentro del estilo y enfoque del informe– es la mención del acuerdo con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para establecer una oficina en Caracas, seguida por la expresa disposición a “apoyar los esfuerzos nacionales para promover toda rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos”. Conviene recordar que la Oficina de la Alta Comisionada ha presentado al Consejo de Derechos Humanos informes sobre Venezuela a partir de dos tipos de mandatos. Uno, patrocinado en 2019 por el régimen venezolano y gobiernos afines, está centrado en la cooperación y asistencia técnica al gobierno para atender la situación de los derechos humanos; fue renovado en 2020. El otro, también de 2019 y prorrogado hasta este año, fue patrocinado por gobiernos democráticos y se centra en la evaluación de la situación de los derechos humanos. Para ello, estableció una Misión Internacional Independiente de Verificación de Hechos. Lo cierto es que, en uno y otro caso, sin duda especialmente en el segundo, ha quedado a la vista lo que es inocultable. Así lo ha dejado crudamente expuesto la labor de investigación de la Misión de Verificación de Hechos, en su primer informe y en sus ampliaciones sucesivas.
Con la perspectiva más abierta que caracteriza al Examen Periódico Universal –al que cada cinco años se han sometido los miembros de las Naciones Unidas– el tercero en aplicarse a Venezuela confirma y profundiza lo acumulado en los informes ya citados, más los de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –cuya reciente entrega mantiene el caso venezolano en el capítulo IV-B, junto a Cuba, Nicaragua y Guatemala– y los de respetables organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales.
A esa amplitud de perspectivas corresponden, merecedores de especial atención, los resultados del tercer Examen Periódico Universal, que completa en estos días su fase de adopción. La abundancia de cuidadosamente resumida por la organización no gubernamental Civilis.
El recorrido por la síntesis de las observaciones de los gobiernos –precedidas por la presentación de las argumentaciones del venezolano (sin sustancia ni sustento)– son reveladoras de la presencia o ausencia de compromiso integral con los derechos humanos entre los 115 proponentes, pero también de la imposibilidad de ignorar el caso venezolano: por incumplimiento de compromisos, retrocesos institucionales, violaciones de derechos civiles y políticos así como de derechos económicos, sociales y culturales. De la imposibilidad y hasta inconveniencia de mirar a un lado son ilustrativas las correcciones parciales, pero correcciones al fin, de las reacciones del gobierno argentino al informe de la alta comisionada. También lo son otros distanciamientos regionales en esta materia, como los muy explícitos de Gabriel Boric y Gustavo Petro.
De este Examen son de destacar muy especialmente las contribuciones de los informes de las organizaciones de la sociedad civil. Vistos en el detalle de sus 34 temas o incluso solo en conjunto expresan la perspectiva ciudadana: en la claridad de sus diagnósticos sobre la violación de derechos humanos, en la franqueza sobre el incumplimiento acumulado de recomendaciones y compromisos y en lo directo de sus recomendaciones. Cada uno de los informes presentados por las organizaciones no gubernamentales que en efecto lo son, desnuda los grandes padecimientos de la sociedad venezolana en todos los ámbitos. No es accidental la escalada en el asedio gubernamental a las organizaciones sociales, a los defensores de derechos humanos, a los medios y a los periodistas que investigan. Son quienes informan y arrojan luz sobre lo que no hay pretexto, razón ni modo de eludir, de dejar de atender, de evitar que se agradezca, reconozca y respete a quienes lo han estado atendiendo desde diferentes ámbitos, distintas maneras, sufriendo presiones y corriendo grandes riesgos, pagando un alto precio humanamente. Son quienes hacen que eludir el escrutinio y sus consecuencias sea infinitamente más difícil que evadir sanciones.