Como defensor de los derechos civiles, nuevamente exijo al Estado solución a los reclamos justos que hace la clase trabajadora, en especial los docentes que siguen sintiendo las limitaciones en sus hogares para poder adquirir la canasta básica debido a la hiperinflación criminal que amenaza al país y que actúa sin piedad contra el estómago de los menos pudientes.
El Estado no puede seguir ocultando su ineficiencia para solucionar el problema de los salarios y pensiones con la excusa de las sanciones porque su obligación es la de garantizar la seguridad social del pueblo venezolano, como lo establece nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Quiero hacer un llamado a la Asamblea Nacional para que se dedique a legislar a fin de proteger el salario de los trabajadores, de que se logren unas pensiones dignas para los jubilados, también un sistema de salud eficiente y no perseguir, restringir, controlar a las ONG y la sociedad civil. Al no hacerlo está incurriendo en la vulneración del Principio de Progresividad de los Derechos Humanos establecidos en nuestra carta magna.
Aún hay tiempo de rectificar y de dar respuestas. La resolución de conflictos cuenta con herramientas sanas como el diálogo, la mediación y la negociación. ¡No lo olviden!
La indiferencia con la que han tratado el asunto de los reclamos justos de los trabajadores sobre los míseros salarios y la arremetida contra las ONG solo confirman la oscuridad que rodea el respeto a los derechos humanos en el país.
A un mes de la movilización de los docentes por un bienestar social y una mejor calidad de vida, los docentes aún esperan respuesta de las autoridades. No es una solución sustituirlos por personal afecto al gobierno. ¡Que quede claro que es un acto criminal que atenta contra los derechos laborales establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo y en la Constitución!
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