La crisis económica del país y las políticas incoherentes de ajustes que ha impuesto la revolución bolivariana, ha originado una reformulación de la función de la agricultura y del sector rural en el desarrollo económico de Venezuela, y más específicamente, del papel que debe desempeñar la pequeña producción agrícola para lograr, definitivamente, su inserción como componente importante en el logro de la seguridad alimentaria.
La característica más relevante de las políticas oficiales ha sido la influencia desigual en el proceso de crecimiento y modernización de la agricultura. Por una parte, ha habido un marcado sesgo hacia el sector urbano e industrial y por otra, se ha tendido a favorecer ciertos tipos de empresas agrícolas, líneas de producción y regiones geográficas. Las explotaciones pequeñas, por lo demás, han demostrado una gran capacidad de adaptación, pero son las más afectadas que otros segmentos del sector, por la reducción de la actividad económica, debido fundamentalmente al predominio del objetivo de subsistencia de sus sistemas de producción y al contenido relativamente bajo o inexistente del componente importado en los costos de producción, por concepto de insumos agrícolas utilizados.
La cuestión, sin embargo, no sólo consiste en elevar la producción de alimentos, sino en superar los niveles de desigualdad y pobreza de las amplias masas, aumentar el nivel de los ingresos de los sectores desfavorecidos de la población, redistribuir a favor de ellos la riqueza social.
Se requiere pues, un cambio en las prioridades a favor de los pequeños productores y zonas rurales más desfavorecidas en las políticas relativas a la inversión pública en infraestructura, servicios, precios de productos agropecuarios, créditos, desarrollo de la ciencia y la tecnología, entre otros. Se trata no de desfavorecer o abandonar a la gran producción, la cual por lo demás habría adquirido capacidad suficiente para lograr su expansión sostenida, sino de dar apoyo decidido y necesario a la pequeña producción para que se realice su tránsito a un nivel tecnológico más elevado y a una operación más eficiente.
Pero, en el país desde 1989, al implantarse por primera vez un programa de ajustes macroeconómicos de tendencia liberal, la participación del Estado en la fijación de los precios de los rubros llamados sensibles, es decir, de aquellos de gran importancia económica, social y nutricional, ha sido cada vez menor, lo que ha determinado enfrentamientos públicos entre ambos eslabones de la cadena agroalimentaria del país, es decir, agricultores y la agroindustria.
Con la llegada del proceso bolivariano en 1998, ha habido cambios en las políticas agropecuarias en el país. De hecho, hace unos años se realizó una tímida reforma agrícola que dio origen a los fundos zamoranos, acompañado por una agobiante política de expropiaciones y nacionalizaciones de tierras y empresas, lo que provocó el colapso de la agricultura.
Se diseñaron políticas retaliativas y retardantes del sector agrícola venezolano, sufriendo una merma en la fuerza laboral, la cual no emplea ni siquiera 10% de la población económicamente activa del país. El gobierno central, en el nuevo diseño agrícola, parece que se le había olvidado que más de 120 municipios a nivel nacional viven fundamentalmente de la agricultura y actividades vinculadas a la misma, conjuntamente cuando la agroindustria funcionaba a plenitud, antes de la llegada del proceso revolucionario, esta tenía una capacidad empleadora cerca de 25% de toda la industria establecida a nivel nacional.
El desajuste viene precisamente cuando se diseñan políticas públicas erradas, con tendencias más hacia el aspecto político y no práctico, que generan los siguientes problemas: altos costos de tierras, arrendamientos altos, pocos financiamientos, pagos con altos intereses, mano de obra costosa, alto costo de maquinarias, altos costos de reparación y mantenimiento, alto costo de insumos entre otros.
Los diferentes gremios que agrupan a agricultores y ganaderos en el país han manifestado en diversas ocasiones, que los productores del campo tienen poco o ningún acceso a un crédito por parte del sector bancario privado. Más bien, la cartera crediticia no ofrece oportunidades de invertir en el desarrollo agrícola, pesquero y productivo de la nación.
No se puede obviar que Venezuela en los últimos veinte años ha experimentado cambios en la agroindustria, entre los más importantes está la creciente concentración de la producción de alimentos en unas pocas grandes empresas y una importante transnacionalización del sector, dificultando las posibilidades de crecimiento de las pequeñas y medianas empresas del área. Sin embargo, en los últimos años se han podido identificar, en los niveles regional y local, interesantes iniciativas sociotécnicas, algunas derivadas de acciones de emprendedores individuales, procurando estimular el desarrollo productivo en zonas especiales de desarrollo, mediante la participación de las comunidades organizadas, pero adoleciendo del apoyo estatal.
Lo anterior ha dado origen a que se abriera un espectro de posibilidades para el desarrollo de sistemas locales de innovación, tanto de formas organizativas como tecnológicas, que surgirían en el seno de las comunidades y con un alto componente local. Esto puede generar cambios en la organización económica de la industria y un fortalecimiento de la estructura sociotécnica del sector. Sin embargo, la producción agrícola y su rentabilidad se vieron afectadas por la aplicación de medidas de ajustes de índole financiera, monetaria, fiscales y la reforma comercial, aplicadas en el país desde 1999.
Esto ha provocado que la agricultura no logre una recuperación plena y la brecha con el comportamiento general de la economía se haga cada vez mayor, afectando buena parte de la provincia, agudizando el desempleo y los desequilibrios regionales.
El deterioro del sector agrícola ha generado un incremento en las importaciones y con ellas una importante pérdida de divisas para el país. Por eso el sector requiere que se adopten medidas estructurales para garantizar la recuperación de la agricultura y compensar las desventajas creadas por la dinámica macroeconómica.
El conflicto entre los productores agrícolas, la industria procesadora de alimentos y el gobierno central, surge por la falta por parte del Ejecutivo Nacional, de establecer reglas claras para la fijación de precios de los rubros agrícolas y el precio final de los productos elaborados por las agroindustrias, que diera así seguridad a los productores del campo, industriales y consumidores, y así contener la usura en productos básicos. Además, la falta de un programa para el incremento de la productividad en los principales rubros del sector vegetal y animal, ha provocado que los productos importados, con un alto grado de subsidio por sus países de origen, sean más baratos que los nacionales, a lo que se agrega el mito de que «lo que viene de afuera es mejor».
Hay que decir, además, que los principales socios comerciales de Venezuela han establecido normativas y políticas, apoyándose en los márgenes de actuación previstos en los diversos acuerdos de intercambio comercial. Todos ellos han adoptado una combinación de medidas cuyo centro es la sustentación de los precios. Pero en Venezuela desde 1999 se ha venido tratando de adecuar el marco normativo agrícola sin éxito, debido a la oposición de grupos interesados y políticas intervencionistas a ultranza por parte del poder ejecutivo.
En este momento, es importante darle a la agricultura una base jurídica estable, que permita otorgarle prioridad dentro de las políticas públicas. Un ejemplo de ello son los países industrializados, en los cuales el desarrollo de la agricultura ha estado acompañado de normativas estables y claras sobre la materia, que facilitan los acuerdos entre los agricultores, la agroindustria y el gobierno nacional.
Para lograr la instrumentación de este enfoque, hay que tomar en cuenta los siguientes aspectos:
1.- El concepto de autosuficiencia debería considerarse en términos de seguridad alimentaria más que de autarquía. ¿Cuáles, por lo tanto, son los renglones-productos en los que Venezuela debería lograr autosuficiencia? ¿Qué es la autosuficiencia?
2.- Los efectos debilitantes del paternalismo del Estado deberían examinarse en el contexto de crear productores eficientes y con alta productividad, y no productores dependientes por tener que alimentar una sociedad altamente urbanizada. ¿Cuál debe ser el papel del Estado, el del sector privado, el de los campesinos, industriales, distribuidores y comerciantes?
3.- Los esfuerzos del gobierno se necesitan para mejorar la eficiencia y equidad del mercado, a través de información, infraestructura, investigación e incentivos. ¿Cómo pueden actuar los esfuerzos del gobierno para que sirvan de elementos motivadores para la participación del sector privado, considerando la eficiencia productiva que éste debe demostrar en las actividades que desarrolló?
4.- Las interrelaciones entre la política agrícola y las políticas monetarias y fiscales son también esenciales, y dependen del papel del gobierno en el desarrollo del sector. ¿Cómo pueden ajustarse las macro políticas para motivar la producción y facilitar el logro de los objetivos de alimentación de la población?
Finalmente, está la necesidad de reconocer la importancia de la continuidad de la política agrícola. El desarrollo de este sector es un proceso de inversión a largo plazo, de recursos humanos, técnicos, financieros y físicos. No puede arriesgarse a ser interrumpido por políticos miopes o sectores alarmistas. De allí que los objetivos y estrategia general, deben permitir la eficiente interrelación entre los diferentes grupos y facultar el desarrollo continuado de las actividades, para el mejor aprovechamiento de los recursos.
Se espera aportar con estas líneas que se produzca una discusión continua sobre este tema, enriqueciendo el conocimiento general sobre los logros y el desarrollo que ha habido en el sector, y por ende, conduciendo a una más justa y más real evaluación de nuestras capacidades agrícolas y pecuarias. No podemos seguir dependiendo de las importaciones y desarrollar agricultura de puertos. Debemos, como nación, tener como prioridad producir alimentos y diseñar una hoja de ruta que nos conduzca, de una vez por todas, a nuestra independencia agroalimentaria.