Es difícil reconciliar lo que uno está leyendo en relación con la perspectiva de los aliados internacionales por la causa de la democracia y la libertad en Venezuela, y la posición de importantes actores de la resistencia democrática en relación con las eventuales elecciones de gobernadores y alcaldes.
La situación no puede ser más extravagante. La oposición venezolana viene de un proceso de denuncia sobre cómo el régimen usurpador de Nicolás Maduro impuso un CNE a su medida, aumentó inconstitucionalmente el número de diputados, manipuló el registro electoral, intervino a los principales partidos políticos, impuso sus candidatos, persiguió e inhabilitó a los candidatos opositores. Todo ello, se afirmó en su momento, conformaba un cuadro que impedía participar en las elecciones para la AN. Decisión que fue adoptada por la mayoría de los partidos representados en la AN, y llevó a una abstención cercana a 80% en las elecciones legislativas del 6 de diciembre pasado. A pesar de todas estas críticas, un sector de la oposición, agrupado alrededor de la Mesa de Negociación, decidió participar en las elecciones para la AN, con el resultado conocido de que el régimen se alzó con 70% de los diputados con apenas 30% de los votos.
Para no abandonar por completo el terreno electoral, y en respuesta a la convocatoria fraudulenta del régimen, la oposición agrupada en la AN, encabezada por el presidente (e) Juan Guaidó, acordó convocar una consulta popular entre el 7D y el 12D, que constituyó un éxito importante de participación ciudadana que se manifestó aun bajo condiciones muy duras de represión y agobio de la población por la pandemia del coronavirus y la crisis de combustible y servicios. A este evento excepcional contribuyó una participación sustancial de la diáspora que sumó sus esfuerzos a la consulta a pesar de no poderlo hacer de modo presencial. No obstante este éxito importante de participación ciudadana, que se sumó al rechazo de la población al fraude electoral para conformar un cuadro de abierto rechazo al régimen, la ausencia de una estrategia unitaria de la oposición ha impedido cosechar los frutos de una jornada memorable.
La pregunta de fondo que se hacen nuestros aliados internacionales es: ¿Qué ha cambiado en las condiciones electorales y políticas para que no se pudiera participar en diciembre en las elecciones de la AN y ahora sí sea posible hacerlo en las elecciones de gobernadores? La respuesta es brutal: nada. Ni se han modificado las condiciones ventajistas electorales impuestas por el régimen, ni tampoco se ha producido una realineación importante de la estrategia opositora. Entender este último punto a cabalidad es fundamental: sin un verdadero ejercicio de reflexión y autocrítica de todos los factores opositores que conduzca a una estrategia unitaria, el esfuerzo de recuperación de la democracia y la libertad en Venezuela está condenado al fracaso. A menos que ocurra un milagro o un hecho aleatorio que conduzca a una solución inesperada al drama venezolano.
La situación es verdaderamente un ejemplo del más prístino realismo mágico llevado a la arena política. Uno pensaría que el liderazgo de la oposición, y especialmente el gobierno interino que ha logrado salvaguardar una parte importante de apoyo internacional, debería estar volcado a conciliar una estrategia única que manejara el apoyo internacional, especialmente las sanciones sobre el régimen, y la presión social interna, para obtener mejores condiciones electorales y avanzar en el rescate del voto como herramienta fundamental de la recuperación del país. En su lugar, asistimos a un sainete de argumentaciones y negociaciones sobre una participación electoral desvinculada de la realidad política y con una población cada vez más decepcionada y angustiada por el penoso ejercicio de sobrevivencia en que se ha convertido la vida en Venezuela.
Hay gente que sostiene que el conflicto interno de la oposición gira alrededor de dos posiciones, una la participación bajo cualquier condición en elecciones para mantener la defensa del voto, y, la otra, esperar a que las condiciones mejoren para participar. La verdad del asunto es que el conflicto gira alrededor de la incapacidad para llegar a acuerdos que permitan defender el voto. Cada fracción de la oposición ha jugado alrededor de dos supuestos que no se han materializado. La una se jugó a que la polarización no se impondría. La otra jugó a que la abstención sería militante. Ambas posturas fracasaron. Es tiempo de admitirlo y buscar nuevos caminos que en verdad contribuyan a recuperar la confianza en el voto como herramienta fundamental.
Estas consideraciones nos llevan a un punto esencial. La destrucción de la confianza en el voto ha sido una estrategia fundamental del chavismo, orientada a imponer sobre la población la visión del Big Brother, de que independientemente de la opinión de la gente, el Líder Supremo, sea Chávez o Maduro no puede ser desplazado por votos. No cabe duda de que la responsabilidad del régimen en este deterioro de una práctica esencial de la democracia es inmensa y, además, por diseño, no por accidente. Dicho eso, existe también una clara responsabilidad de la oposición en contribuir al deterioro de la confianza en el voto, producto de sus prácticas y estrategias erráticas sobre la participación electoral y la incapacidad para convertir en acción política definida el inmenso rechazo al régimen.
Dicho en otras palabras, el régimen no tiene razón alguna para entregar mejores condiciones electorales, porque se siente poderoso y con espacio de sobra para reprimir y negociar internacionalmente. Pero la resistencia también tiene herramientas poderosas, pero solamente si actúa con una estrategia unitaria y bien definida. Si esta condición se cumpliera, y se contara con la confianza de la gente, se podría participar en cualquier proceso electoral aun en condiciones menos que ideales, para exponer al régimen al rechazo de la población. Lo que no se puede hacer es jugar a la participación y la no participación sin dar ninguna explicación convincente. Si se continúa en este peligroso sendero, no culpemos al régimen por la destrucción de la confianza en el voto. Nosotros también seremos corresponsables de haber transformado a nuestra gente en ciudadanos minusválidos, cuya voz y voto no es escuchada.