Estados Unidos enfrenta una de las más delicadas crisis políticas de su historia. El firme rechazo del presidente Donald Trump al resultado electoral y al triunfo de Joe Biden, expresado desde el mismo día de las elecciones y ratificado en su discurso del 4 de diciembre pasado -«seguramente el más importante que he dado en mi vida”, dijo- ha creado una compleja situación política que pareciera no tener fácil solución. “Antes teníamos una jornada electoral. Ahora las elecciones duran varios días, semanas, meses… Muchas cosas malas han ocurrido durante ese periodo ridículamente largo de tiempo. El sistema electoral ha sido sometido a un ataque y a un asedio coordinado. Las medidas adoptadas en algunos estados para facilitar el voto por correo no tenían nada que ver con la pandemia sino con un plan a fin de allanar el terreno para poder cometer un fraude masivo. La larga duración del conteo no solo tiene que ver con el elevado volumen de votos emitidos por correo o en urna de forma anticipada. Por la noche iba ganando y por la mañana ya no. Milagrosamente aparecían o desaparecían votos”. Los defensores de Biden sostienen que la razón es la fortaleza del Partido Demócrata en las ciudades más pobladas, en las cuales se retarda el resultado.
El 14 de diciembre pasado, el Colegio Electoral confirmó la victoria de Joe Biden al sostener que había alcanzado 302 votos, superando con holgura los 270 votos requeridos para ser designado presidente de Estados Unidos, mientras Donald Trump solo había logrado 232 votos. También ratificó el resultado del voto popular: 81 millones de votos a favor del candidato demócrata mientras el candidato republicano alcanzó 74 millones de votos. Este resultado del Colegio Electoral deberá ser ratificado el próximo 6 de enero por la cámara de representantes para poder ratificar la elección del presidente de Estados Unidos y por la cámara de senadores para ratificar la del vicepresidente. En respuesta a este resultado, Donad Trump definió su estrategia: “Veamos si alguien tiene el valor, un legislador o las legislaturas estatales, un magistrado del Tribunal Supremo o varios magistrados del Supremo. Veamos si tienen el valor de hacer lo que todo el mundo en este país sabe que es lo correcto”. Lo que se busca con esta estrategia es que los gobernadores republicanos de los estados que han perdido en un escrutinio ajustado ignoren los resultados de ese escrutinio y designen a sus propios “compromisarios”, con base en los resultados que ellos manejan. Esa expectativa podría mantenerse hasta el 6 de enero de 2021.
Por otra parte, el esfuerzo de Donald Trump orientado a denunciar un masivo fraude electoral ante los tribunales no tuvo el éxito esperado. La demanda introducida por sus abogados en la Corte Suprema de Justicia para invalidar la victoria de Biden en Pensilvania fue rechazada mediante una escueta decisión del 9 de diciembre, negando la medida cautelar solicitada, sin que se percibiese ningún disenso entre los nueve jueces, dando a entender que el máximo tribunal no pretende involucrarse en disputas poselectorales, dejando las posibles decisiones en manos de las cortes superiores de los distintos estados. Tampoco tuvo éxito la demanda intentada por el estado de Texas para invalidar los resultados en Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin. La Corte Suprema de Justicia alegó que Texas no tiene capacidad jurídica para presentar el caso, a pesar de que dicha demanda fue apoyada por 19 fiscales generales estadales y 127 miembros del Congreso. También debe considerarse la renuncia de William Barr, Fiscal General de los Estados Unidos, como un punto débil en la posición de Trump, después que sostuvo “no haber encontrado evidencia alguna de fraude que pueda cambiar el resultado de las elecciones presidenciales de 2020”.
Sin embargo, estos reveses no han debilitado la voluntad de lucha del presidente Trump, quien ha decidido presionar sobre los gobernadores republicanos de esos estados para que presenten listas diferentes de compromisarios, a fin de que su validez sea discutida en el Congreso, en comparación con la lista demócrata. Donald Trump espera así lograr su reelección. Joe Biden ha respondido: “Nuestra democracia ha sido presionada, puesta a prueba y amenazada y ha demostrado ser resistente y fuerte. Considero inconcebible los intentos de Trump de revertir mi victoria electoral, pese a que los jueces repetidamente han desestimado sus acusaciones y que muchos republicanos me han respaldado”. Ahora bien, esta situación nos ha demostrado que, aparte del natural enfrentamiento entre Trump y Biden y de los partidos Republicano y Demócrata, el sistema constitucional norteamericano, en la cuestión electoral, otorga un significativo peso al factor político representado por el Congreso sobre el Poder Judicial ejercido por la Corte Suprema de Justicia. Además, conviene aclarar que la presión que mantiene el presidente Trump sobre las legislaturas de los estados y funcionarios electorales podría considerarse como una acción autoritaria pero no ilegal.
La Constitución de Estados Unidos, concebida por los Padres Fundadores, otorga amplios poderes a las legislaturas de los estados sobre la adjudicación de sus votos, pudiendo prescindir del resultado de la votación popular para determinada elección. Es verdad, que en el tiempo, esa amplia competencia ha sido limitada, pero la base legal se sigue manteniendo. Si el presidente Trump logra convencer a una legislatura de algún estado, es de esperar que Joe Biden y el partido demócrata presenten objeciones legales. Sin embargo, constitucionalmente, la decisión que tomará el Congreso el próximo 6 de enero es de carácter definitivo. Lamentablemente, las leyes, tanto federales como estatales, no son claras en este caso, dado que este tipo de conflicto se ha presentado solo en dos ocasiones en la historia electoral de Estados Unidos. De todas maneras creo que esta es una gran oportunidad para realizar una exhaustiva revisión del sistema electoral estadounidense y considerar el mayor peso que, en mi criterio, debería tener el voto popular. La historia al reconocer la elección universal, directa y secreta, le ha entregado a los pueblos el derecho de escoger libremente su destino y, sin duda, a sus gobernantes.