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En unos días la Fiscalía de la Corte Penal Internacional deberá anunciar si procede a investigar y a enjuiciar a los presuntos responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el país desde 2014 o si deja a los órganos de justicia internos hacerlo, para lo cual tendría que aceptar que el Estado está en capacidad y tiene la intención.
No hay dudas en cuanto a que en el país se han cometido y se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad, como lo ha podido constatar la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, desde 2020, cuando presentó su primer informe en el que “se detallan casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluida la violencia sexual y de género, cometidos por agentes estatales venezolanos desde 2014” ante lo cual -como lo dijo la misma misión en su informe en 2021- no ha habido una respuesta del sistema de justicia llegando a concluir que “los actores de este sistema, tanto por acción como por omisión, han jugado un papel importante en la represión del Estado contra opositores del gobierno y personas que son percibidas como tales.”
A pesar de los anuncios del Estado de implementar medidas para combatir la impunidad por esos crímenes, del compromiso asumido con la Fiscalía de la Corte y de los anuncios más recientes del fiscal venezolano, no se han iniciado procesos creíbles o genuinos que muestren que el Estado está en capacidad de sancionar a los autores de esto crímenes y que además tiene la voluntad de hacerlo. Apenas se han hechos detenciones de subalternos y solo por unos días, liberándolos más tarde sin que se castigase a ninguno, procesos en los cuales las víctimas que tienen el derecho a participar, no lo han podido hacer por las políticas restrictivas y dominantes del régimen.
La presidente de la misión, Martha Valiñas, señaló hace unos días en la actualización del Informe sobre Venezuela ante el Consejo que “las investigaciones nacionales, cuando se llevan a cabo, tienen alcance limitado y se dirigen contra autores materiales, de bajo nivel” lo que se evidencia en los casos de Fernando Albán y de Acosta Arévalo, ignorando o dejando de lado cualquier investigación de la cadena de mando sobre lo cual la misión anuncia que en setiembre de este año suministrará información precisa.
El régimen anuncia ahora una reforma judicial para mostrar a la Fiscalía de la CPI que se están haciendo esfuerzos para castigar a los autores de los crímenes que han reconocido que se han cometido y se siguen cometiendo en el país, pero con el único fin, por lo demás perverso, de impedir que la Corte inicie investigaciones concretas e abra procesos contra los presuntos autores, lo que supone citaciones e incluso autos de detención de funcionarios de alto rango presuntos responsables de los crímenes de lesa humanidad ya documentados.
Lamentablemente, la alta comisionada, la ex presidenta Michelle Bachelet, no ha escondido sus simpatías por el chavismo, incluso antes de ser elegida presidenta de Chile, cuando declaró en Buenos Aires al cerrar su primera campaña electoral que Chávez no era una piedra en el zapato para la región. Ahora, en su declaración al Consejo de hace unos días afirma ignorando o más bien contrariando la realidad del país que “la reforma del sistema de justicia y la reestructuración de la Policía Nacional son pasos prometedores…” una afirmación divorciada de la realidad, lo que le resta credibilidad a su oficina que tiene acceso directo a las cárceles y centros de tortura del país.
Más grave aún, al referirse a un proceso tan cuestionado por su forma y sus intenciones, la señora Bachelet “saluda la extensión del plazo para las candidaturas al Tribunal Supremo de Justicia, que ha permitido un mayor número de candidatos… una oportunidad para fortalecer la independencia del poder judicial de Venezuela.”
A pesar de las complacencias de la alta comisionada, el Estado venezolano no tiene ni la capacidad ni la voluntad para iniciar investigaciones y procesos genuinos en el país, mucho menos para señalar a la cadena de mando, es decir, a los responsables civiles, militares y policiales del más alto rango del régimen. A ello hay que agregar, para determinar la incapacidad del Estado de aplicar justicia, que no hay legislación nacional -aplicación del principio de legalidad- para conocer los crímenes de lesa humanidad, muy distintos a las violaciones y otros crímenes relacionados con los derechos humanos.
Se anuncian “progresos” que por supuesto no son creíbles, más bien todo lo contrario. Progresos que son simplemente parte del montaje del régimen para impedir que la CPI pueda ejercer su jurisdicción complementaria. Pero, la Fiscalía de la Corte entiende bien la realidad a pesar de mensajes propios de la manipulación, como el enviado por la alta comisionada de Derechos Humanos y deberá procesar con objetividad y seguramente con la mayor responsabilidad, la información veraz, auténtica y calificada de muchas personas y grupos en las que se demuestra que no hay ninguna posibilidad de aplicar la justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el país desde por lo menos 2014, lo que abre el espacio al ejercicio por la Corte, de su jurisdicción complementaria.
Los tiempos pasan, a veces lentamente; pero, sin duda, llegará el momento de la justicia, en respeto de las víctimas y del sistema internacional que se ha venido construyendo para luchar contra la impunidad por los crímenes internacionales que como los de lesa humanidad se cometen a diario en el país.