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El hambre no se detiene con represión y prisión, es con salarios dignos y pensiones decentes para disminuir el ruido estomacal en los hogares por esta inflación indetenible.
Exijo al sistema de justicia asumir su competencia y atribuciones establecidas en la carta magna para recuperar su credibilidad ante la sociedad por su conducta subordinada ante el Ejecutivo, que hace uso de su poder para frenar todo derecho humano y garantías constitucionales de los ciudadanos.
Ante el descontento expresado por los trabajadores y gremios contra la feroz crisis económica que hace imposible alcanzar todos los artículos de la canasta básica por los sueldos miserables y pensiones de hambre, la respuesta no debe ser las detenciones arbitrarias, desaparición forzada y la cárcel sin derecho a la defensa.
Exhorto al Tribunal Supremo de Justicia a rechazar todo recurso que atente contra los derechos políticos como derecho humano y declararlos infundados por la mala fe del accionante.
La fuerza de una democracia es contar con un sistema de justicia autónomo e independiente para que sus decisiones sean imparciales y se haga justicia.
En tal sentido, es necesario que se deje de vulnerar el debido proceso establecido en el artículo 49 de la Constitución, que el TSJ termine con la figura de jueces provisorios que tanto daño ha ocasionado en sus decisiones y que se llame a concurso de méritos para su titularidad con buen nivel académico.
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