Esta semana quiero referirme al acuerdo firmado en Barbados entre el oficialismo y la oposición que permitió la liberación de 6 presos políticos de los 273 recluidos. Es una medida que como defensor de derechos humanos saludo y me contenta que después de tanta injusticia puedan estas personas abrazar a sus familiares; rechazo sobremanera que no les permitieran el derecho a la defensa, a un debido proceso, ni lo más sagrado que es la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, considero que es un acto criminal por parte del Estado ganar beneficios con el canje de presos políticos como si fueran barajitas. Es una acción que demuestra una vez más que la justicia penal es utilizada en Venezuela como brazo ejecutor para vulnerar los derechos humanos y garantías constitucionales. Al final, el objetivo es oscurecer lo poco que nos queda a los ciudadanos de acceso a la justicia.
Una de las maneras de reparar el daño causado por el gobierno y la Asamblea Nacional es mostrar desprendimiento y voluntad política aprobando un proyecto de ley de amnistía que produzca el encuentro navideño de los presos políticos con sus familiares y amigos.
No quiero terminar sin manifestar una inquietud: los firmantes del acuerdo están obligados a explicarle al país cuál fue el criterio que privó para la liberación de los seis ciudadanos. El Estado no puede seguir ejerciendo presión con la libertad de nadie. Son más de 200 que esperan por una medida similar. Se trata de justicia, nada más.