Las sanciones financieras inmovilizan recursos del Estado venezolano en territorio estadounidense, impiden al gobierno realizar transferencias bancarias y gestionar créditos, mientras que las sanciones comerciales prohíben a cualquier empresa estadounidense ―o extranjera con negocios en Estados Unidos― el comercio de bienes y servicios con empresas administradas por el gobierno venezolano.
Las sanciones son aprovechadas por el gobierno para desarrollar una narrativa épica de resistencia antiimperialista que le sirve de pretexto para evadir la responsabilidad que tiene su política de controles y expropiaciones en la debacle que ha sufrido la economía nacional.
Las sanciones se extienden a empresas privadas que tengan negocios con el Estado venezolano y quienes sean descubiertos haciendo negocios con el gobierno corren el riesgo de ser acusados de conspiración y terminar sancionados, multados y hasta encarcelados. Como es difícil saber si una empresa privada venezolana tiene alguna triangulación con una empresa pública, entonces los proveedores y clientes internacionales prefieren no correr el riesgo de ser sancionados y suspenden unilateralmente sus relaciones económicas con el país.
Así se han roto cadenas de suministro de larga tradición. La banca estadounidense ha restringido operaciones con clientes venezolanos sin distinguir si son empresas públicas o privadas, incluso ONG y organismos internacionales de ayuda humanitaria han denunciado las dificultades para hacer transferencias a instituciones venezolanas.
Recientemente, una iniciativa de 46 grupos de paz, humanitarios y de derechos humanos pidió a la administración Biden implementar cambios en la política de sanciones para evitar efectos colaterales no deseados que agraven la situación de los sectores más vulnerables. El Departamento del Tesoro reconoció que “las sanciones (…) enfrentan nuevos desafíos (…) una calibración cuidadosa puede ayudar a limitar el impacto de las sanciones en el flujo de ayuda humanitaria» y por eso se plantea “adaptar las sanciones para mitigar los impactos económicos, humanitarios y políticos no deseados». Esta revisión abre un espacio a los gremios empresariales venezolanos y organizaciones humanitarias para identificar y corregir efectos no deseados de las sanciones económicas sobre su actividad.
Con este fin, hemos consultado a destacados líderes de gremios empresariales venezolanos que tienen una visión integral del aparato productivo nacional. En el video anexo escucharemos cómo evalúan ellos el impacto de las sanciones económicas sobre la empresa privada venezolana. Con esta primera entrega comenzaremos a compartir los avances de nuestro estudio sobre los efectos colaterales de las sanciones económicas en la empresa privada, el impacto que generan en las redes de suministro y en la inserción de Venezuela en las cadenas de valor internacional.
@victoralvarezr