Un fenómeno está amenazando la migración venezolana y me refiero a las deportaciones masivas. El hecho de que no se haya logrado el cese de la usurpación ha contribuido a ello. Pareciera que se acabó el tiempo para los venezolanos en el exterior: la mayoría de los procesos legales de los solicitantes de asilo ya se presentaron o están presentándose ante las autoridades de inmigración, pero, ¡oh sorpresa!, han sido negados y el resultado de todo esto es la deportación.
El Reino de Holanda parece encabezar la lista de países con la más alta tasa de deportación de venezolanos en el mundo. Según cifras de 2020 fueron negadas 87% de las solicitudes; la información no es oficial, la obtuve de una publicación de Greisy Valera , una venezolana profesional del sector tecnológico radicada en la región. Es triste que esto ocurra porque se supone que Holanda es consciente de la situación política venezolana. Ellos han elaborado un informe bastante completo, de hecho son acompañantes junto con el resto de los países de la Unión Europea en el bloque de sanciones contra el régimen de Maduro por violatorio de los derechos humanos, conocen de primera mano el Informe de la ONU y su condena al régimen por crímenes de lesa humanidad, y precisamente el lunes de esta semana en La Haya, sede del gobierno de Holanda, se acaban de anunciar las conclusiones de la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, quien ha determinado que sí hay fundamentos razonables para creer que las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro son responsables de crímenes de lesa humanidad. Detalla el informe de la CPI “que hay fundamentos razonables para creer que “al menos desde abril de 2017 autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación, tortura, violación u otras formas de violencia sexual y persecución de un grupo o colectividad en motivos políticos”. En fin, ¿qué otra cosa podemos decir acerca del peligro que corren los ciudadanos comunes en Venezuela? Lo menos que podemos esperar de Holanda es tener una política de protección para los nacidos en este país, pero eso no está ocurriendo, sino todo lo contrario: está deportando a 9 de cada 10 venezolanos.
Gabriella Attianese, una venezolana que conoce bien la situación, me dice que los holandeses están confundidos con este tema de la realidad país; ellos creen que la persecución política se da a nivel de los líderes políticos y por esa razón se han centrado en apoyar solo casos con renombre, así que el resto de la población de solicitantes de asilos caen en la etiqueta de “sin importancia”. Yo creo que se está cometiendo una gran injusticia y un grave error que está poniendo en peligro la vida de los deportados.
Efectivamente, hay presos políticos en Venezuela, son muchos y eso es condenable, y para ellos hay todo un sistema de protección que ha funcionado. De hecho, los que yo conozco que salieron de la cárcel ya tienen su asilo político, pero ¿qué pasa con el resto de los venezolanos que huyen de Maduro? Es aquí donde veo ese 90% de rechazo en sus solicitudes de asilo.
Si nos remitimos al informe de la ONU sobre las desapariciones forzosas, estas ocurren en otros sectores y no precisamente afectan a líderes políticos ni operadores de los partidos, pues ellos generan mucha exposición mediática y no le conviene al régimen de Maduro. Este informe indica que más de 90% de las desapariciones forzosas son gente común, personas que forman parte de esa zona roja dentro de la acción del régimen de Maduro a quienes asesinan o desaparecen. Me dice un exfuncionario del Cicpc en el exilio que el régimen de Maduro emplea las peores formas e inconcebibles para desaparecer gente, activistas políticos de base que están al alcance de los colectivos y de los cuerpos de seguridad y para quienes no hay ningún blindaje mediático que les proteja.
Cuando se emite una deportación desde Holanda quiere decir que en ese país han sido levantadas las sanciones contra el régimen de Maduro, esta administración del terror ha dispersado la falsa información de que las sanciones son las responsables de la crisis que vive Venezuela y mucha gente fanática del sucesor de Chávez le ha creído. Este tipo de deportación puede, incluso, aumentar el riesgo de que algún funcionario del régimen de terror reaccione con ira contra el deportado y su familia, hijos, hijas. Holanda pudiera estar enviando gente de regreso a una tumba.
Conocí el caso de Dorelys Rodriguez, una margariteña que tiene dos hijas. A ella le negaron el asilo y está a la espera de un proceso de deportación. Esta militante de Acción Democrática siente que su caso fue injustamente tratado, su abogado reclamó a inmigración que ni siquiera investigaron, no se tomaron el tiempo para leer su expediente, sino que procesaron la solicitud, la escucharon y la negaron. Dorelys es una activista movilizadora que tuvo enfrentamientos con miembros de la Guardia Nacional, además, los colectivos la “visitaron” y revisaron su casa. Es una madre soltera completamente sola en Holanda. Me parece que es buen momento para que el embajador que tenemos en Holanda por parte del gobierno interino del señor Guaidó se acerque a conocerla y apoyarla. Junto con ella se encuentra el resto de los deportables. La invitación a conocer el caso es también para el embajador Antonio Ecarri, quien al igual que Dorelys es militante de Acción Democrática.
Me comenta Gabriella Attianese que el gobierno de Holanda retiene los pasaportes y solo los entrega cuando otorgan el asilo o cuando lo deportan, ya en el aeropuerto de Maiquetía. Ella también me dice que una manera de ayudar a los venezolanos es sacándolos del proceso de asilo, una situación en la que el gobierno holandés establece que deben ser mantenidos con comida y techo por 18 meses hasta que vuelven a solicitarlo, esperando que en ese tiempo hayan mejorado sus condiciones. Quizás funcione la idea de un TPS. Sobre la manutención, pienso que una casa de refugio sería la mejor opción. Son alrededor de 300 venezolanos deportables, así que hice algunos cálculos: en Holanda les dan 200 euros al mes a los solicitantes para su manutención, si sumamos los 12 meses da un total de 2.400 euros al año, quizá unos 3.500 incluyendo todos los gastos, así que lo multiplicamos por 300 y nos da un total aproximado de 1 millón de euros necesarios para salvar a estos venezolanos de la deportación. Creo que ese dinero existe y debería provenir de la ayuda humanitaria, para que se le entregue a estos venezolanos y que ellos se organicen.
Pero, además, leí una noticia en la que el gobierno holandés asignó 23,8 millones de euros para ayudar a enfrentar los efectos adversos de la crisis de Venezuela en Aruba y Curazao, en ese sentido creo que Holanda podría asignar también fondos para ayudar a estos venezolanos que ya están dentro de su territorio continental e incluso el Parlamento holandés podría involucrarse y estudiar un TPS o estatus de protección temporal que permita a los venezolanos trabajar mientras estén en ese país. En fin, es muy importante evitar la deportación de esta gente, pues su vida corre un peligro inminente.
Me quiero despedir invitándolos a ver este video en el que converso con Gabriella y Dorelys sobre la situación de los venezolanos en Holanda.
Nos seguimos leyendo en El Nacional, un abrazo
@estebanoria