Historia de una larga lucha

Marcha del 11 de abril de 2002

Durante 22 años la oposición venezolana (la mayoritaria, la cívica, la pacífica) ha librado un arduo y desigual combate contra la autocracia chavista. Primero, contra el militarismo de Chávez (14 años) y luego contra su prolongación, el militarismo de Maduro (8 años más). Ha sido una lucha larga, tenaz y cruenta. En una primera etapa, de 1999 a 2012, se realizaron inmensas movilizaciones humanas (de las más grandes de América y del mundo), en las cuales la gente participó de manera festiva y alegre, con mucho colorido (música, banderas, canciones y consignas). Fueron manifestaciones totalmente pacíficas que llenaron las calles, avenidas, autopistas y plazas de las principales ciudades del país. En Caracas nunca pudieron llegar a sus destinos (las sedes de los poderes públicos) porque siempre fueron bloqueadas por los cuerpos de seguridad del Estado (Guardia Nacional y policía) y por los grupos irregulares armados (círculos bolivarianos y colectivos).

Hubo muertos y heridos, porque a menudo se usaron armas de fuego por parte de esas fuerzas represivas. Las marchas oficialistas paralelas, mucho menos numerosas, organizadas por el régimen para competir con las de la oposición, iban por donde querían sin ningún tipo de obstáculos, protegidas por esas mismas fuerzas. Pese a todo, las manifestaciones opositoras se desmovilizaban en forma ordenada y pacífica. Nunca incendiaron edificios, estaciones del Metro, iglesias, etc., ni tomaron por asalto dependencias oficiales, como ha ocurrido en otros países, como Chile y Estados Unidos, por ejemplo.

Con la llegada del militarismo madurista (2013) la represión y la brutalidad policial y militar se incrementaron tanto que dieron lugar a cierres de calles y urbanizaciones (las llamadas guarimbas, en las cuales se refugiaba la oposición acosada (2014 y 2017). En los últimos años la represión ha sido tan dura, que las movilizaciones masivas y pacíficas desaparecieron y fueron sustituidas por las protestas aisladas de la gente de los barrios, azotadas por la carencia de los servicios públicos, la hiperinflación y la devaluación monetaria, la miseria y el hambre resultantes. Se inició también, por vez primera en Venezuela, el éxodo de millones de compatriotas.

Por todo eso resulta totalmente injusto y malintencionado, por parte del sector minoritario disidente de la oposición que hoy colabora con el gobierno, afirmar que la lucha opositora ha estado plagada de errores de principio a fin y que por esa razón ha fracasado en su propósito de producir el cambio político que la inmensa mayoría de los venezolanos deseamos.

La verdad es que la lucha opositora iba por buen camino: en 2013 casi le gana la presidencia a Maduro pese a que Chávez, en sus últimos momentos de vida, rogó a sus seguidores que votaran por Nicolás como sucesor suyo. Luego, en 2015, la oposición obtuvo una gran victoria en las elecciones parlamentarias. Si los disidentes de hoy no se hubieran divorciado del núcleo principal de la resistencia opositora, encarnado por la Asamblea Nacional electa en 2015, único poder público totalmente legítimo y reconocido internacionalmente, la situación política del país en los actuales momentos sería otra.

No se hubiera producido la abstención masiva de los últimos años y el régimen se hubiera visto en grandes aprietos, porque, o hubiera hecho las elecciones correctamente y las hubiera perdido, o las hubiera suspendido empeorando considerablemente su posición (y las sanciones) con los países democráticos del mundo. El gravísimo error de los divisionistas fue romper la unidad opositora en el momento crucial de la lucha, cuando se podía derrotar al régimen con el apoyo de 80% de la población venezolana.

Lo que deberían hacer ahora los divisionistas, por deber patriótico, es reconocer su error, cesar sus críticas contra los principales dirigentes opositores y tratar por todos los medios posibles de llegar a acuerdos con ellos para reponer la unidad y enfrentar con éxito los próximos eventos electorales. Es la última oportunidad que tienen de recuperar el aprecio y el reconocimiento de sus compatriotas y de preservar sus nombres para la posteridad.