Hay que acabar con los carteles de las cortes

El nivel de obscenidad y depravación de las Altas Cortes colombianas es insuperable. La Constitucional es un antro de  impudicia que se toma atribuciones dictatoriales para propulsar la destrucción moral del país; la CSJ es un cartel de venta de sentencias y un ente inmoral que se dedica a seguir las órdenes de los  carteles del narcotráfico y a perseguir a los contrincantes políticos  de estos; el Consejo de Estado parece un prostíbulo dedicado al comercio de la justicia con los mejores postores, creando un peligroso estado de inestabilidad jurídica; lo de la JEP, un cartel de la coca creado intencionalmente por el narcoterrorismo internacional (ETA, Tupamaros, Sendero Luminoso) dedicado a garantizar impunidad al narcoterrorismo y a implantar una dictadura neoestalinista a través de  la aplicación de leyes chavistas que obligarán a los demócratas a inhibirse por las amenazas de aplicárseles las tiránicas ley del odio y antiterrorismo. Colombia acaba con estos carteles criminales de las Altas Cortes, o estos acabarán con ella.

Esta situación no es nueva, nace con la indulgente Constitución de 1991, que pretendía (y obtuvo) un sensible debilitamiento del Estado por órdenes del M19, que impuso su doctrina izquierdista, ante la permisividad de los defensores de la democracia. Siguiendo las premisas del marxismo cultural, impuso una muy extrema Constitución garantista, con énfasis en los derechos, pero abandono total de los deberes de los ciudadanos. Esto permitió una muy fácil cooptación de las instituciones fundamentales por la izquierda radical. Las cortes, los medios, los gremios, las universidades y colegios se convirtieron en laboratorios comunistas de destrucción de los valores fundamentales morales y republicanos.

En ningún área se ha visto tan eficaz triunfo del marxismo cultural. Como en la justicia ya el corrupto magistrado Ibáñez decretó el predominio de los carteles de las Altas Cortes con la frase “el siglo de los jueces”, lo cual significaba con su eufemismo el establecimiento de una dictadura castrocomunista que liquidaba la separación de los poderes públicos, base fundamental de una democracia. En efecto, la Corte Constitucional absorbió las facultades de los poderes Legislativo y Ejecutivo. Ella legisla, con sentencias ilegítimas, destruyendo la estabilidad jurídica y, sobre todo, estableciendo un clima de libertinaje que acaba con instituciones fundamentales, como la familia. Con las decisiones a favor de la instauración de la dictadura farcsantista destruyó la democracia y el Estado de Derecho y permitió que un Congreso dominado por el farcsantismo instaurase una dictadura castrocomunista en nuestro país. Es el Cartel de la Toga, funcionando 100% al servicio del narcoterrorismo. Pero no es solo eso, la Corte Constitucional también se toma potestades del Ejecutivo para crear un estado de caos que acaba con la democracia al ahorcar al Estado no permitiéndole su cabal funcionamiento, una anarquía que conducirá al afianzamiento de la dictadura del farcsantismo; medidas como las de fracking demuestran esta situación.

La Corte Suprema de Justicia es un antro de magistrados degenerados obsesionados por satisfacer sus corruptos instintos y perseguir al único baluarte que tiene la democracia frente al castrocomunismo: Álvaro Uribe. No hay día que no salga una increíble noticia del abominable estado de corrupción de la CSJ. Cuatro ex presidentes de la misma enjuiciados (pero no apresados por la permisibilidad de esa misma corte) más una larga cadena de magistrados  titulares y auxiliares, además de una infinita lista de funcionarios judiciales corruptos, son la muestra de la podredumbre que se vive en ella. El 8 de octubre esta abyecta institución coronará su objetivo como Cartel de la Toga: seguramente ordenará la prisión al estadista e incorruptible líder Álvaro Uribe. Esa es la estrategia del narcoterrorismo comunista para el cual está a su total servicio el Cartel de la Toga en el que se ha convertido la CSJ.

Con un poco más de decoro ha actuado el Consejo de Estado, sin embargo, su servicio a factores de poder corruptos, su cooperación con las otras Altas Cortes en el aseguramiento de la impunidad al narcoterrorismo y su inveterada pusilanimidad, no lo hace menos responsable del grave estado de la justicia colombiana.

Lo de la JEP no tiene nombre ni palabras para describirlas: una corte especialmente creada por el comunismo internacional para que los victimarios se autoexoneren de delitos a la par que persiga a los defensores de la democracia, especialmente los militares y los líderes del CD, es un caso único en el mundo. La paz, la democracia y la república tienen aseguradas su muerte de seguir la dictadura del farcsantismo a través de esta seudocorte compuesta por criminales impuestos por narcoterroristas del comunismo internacional –ETA, Tupamaros y Sendero Luminoso– que garantizan una vergonzosa impunidad, elegibilidad y continuación de sus negocios ilícitos a las FARC.

Hay que acabar con los carteles de las Altas Cortes, por eso las grandes mayorías antiinstauración del narcoterrorismo en Colombia deben volcarse a obtener por lo menos 8 millones de firmas en pro del referéndum de 2019 que pretende la derogación de estas. Me hubiera gustado un referéndum más contundente contra el farcsantismo, que ratificase el resultado del plebiscito de 2016 que no aprobaba el acuerdo de entrega del país a las FARC; pero algo es algo, con este referéndum al menos se eliminará lo más rastrero de ese régimen farcsantista: los carteles de las cortes al servicio del narcoterrorismo comunista. El futuro de la república depende de la aprobación de este referéndum.