Esta columna ha tenido como perfil y objetivo tratar los temas internacionales, en particular aquellos que afectan o repercuten en nuestra agenda en materia internacional; así los temas de política exterior, comercio, integración, petróleo, siempre han tenido espacio en nuestra columna. En esta oportunidad trataremos dos irregularidades la situación del Colegio de Internacionalistas de Venezuela y las irregularidades dentro del proceso de reclamación del Esequibo, en el que si bien en un principio sostuvimos la tesis de no reconocer su jurisdicción, al no haberse realizado ninguna manifestación que diera constancia ni manifestación de ello, extrañamente la Corte Internacional de Justicia consideró que sí tenía jurisdicción, a pesar de que cuatro magistrados votaron en contra de dicho fallo y dos dejaron constancia de su inconformidad con el fallo final, aunque lo respaldaron.
Bajo estas circunstancias, como respetuosos del derecho internacional y de sus instituciones, acatamos dicho fallo del 18 de diciembre de 2020, el cual aunque no compartimos la decisión, no quedó otra alternativa que ir a la Corte a defender nuestros derechos históricos y jurídicos en el Esequibo; disintiendo de la postura del gobierno desde el momento que en primera fase, el 10 de febrero de 2020 manifestó no tener la intención de asistir al juicio oral sobre la cuestión de la competencia teniendo en cuenta que el 30 de junio de 2020 Guyana presentó sus argumentos, quedando Venezuela fuera del proceso, al manifestar que tampoco atendería a la presentación de su contramemoria fijada para el 8 de marzo de 2023.
Afortunadamente la posición asumida por las academias, universidades, gremios profesionales y gran parte del país en todos su sectores, manifestamos nuestra opinión de la necesidad de hacerse presente en el proceso; razón por la cual el gobierno sorpresivamente, a la calladita sin hacer uso de su poderoso aparato comunicacional, notificó a la corte el 6 de junio de 2022 la designación del agente del Estado y sus coagentes y el 7 de junio de 2022 introduciendo al día siguiente unas observaciones preliminares sobre la base del artículo 79 bis párrafo 3 del reglamento con el fin de suspender el procedimiento, dejando fuera de balance a la Corte, a Guyana y las transnacionales que operan ilegalmente en la zona en reclamación
La cuestión está en por qué tanto secretismo de parte de Guyana y de Venezuela. Guyana presentó su Memoria el 8 de marzo pasado y el mismo se ve que a pedido de la ex colonia inglesa, no fue publicado en la página oficial de la Corte y Venezuela, a la calladita, designó sus agentes e introdujo sus observaciones preliminares el 7 de junio. El país tuvo conocimiento de esta acción por la página oficial de la Corte, mientras dicha noticia corría por las redes desde el 10 de junio pasado.
Como conclusión, con relación a la designación de los agentes vale la pena recordar que durante las negociaciones en México, el gobierno y la plataforma de oposición firmaron un acuerdo para la defensa común del Esequibo, por lo que lo ideal es que entre los coagentes hubiera un representante de la oposición, la cual desde hace años viene manifestándose públicamente en la defensa del Esequibo. De igual modo esperamos que los agentes cumplan con las condiciones básicas del agente del Estado como la de ser un jurista reconocido, conocedor a fondo del DIP y el derecho procesal, la jurisprudencia de la Corte junto a los temas de las nulidades en el derecho internacional y todo lo relativo a la titularidad y soberanía entre muchas otras cosas.
Dios salve a la patria e ilumine a sus gobernantes.
No puedo cerrar esta columna sin referirme a lo irregular en que se encuentra la directiva del Colegio de Internacionalistas de Venezuela y el tema de la legitimidad, el cual los constitucionalistas lo conceptualizan como “aquello que está en concordancia con lo que expresa el ordenamiento jurídico; aquello que se encuentra en conformidad con las leyes y que, por ende, es lícito”. Habitualmente se trata de la presencia de los gobiernos en el poder; si es de origen o está al margen de la ley por causa de su ejercicio. Por extensión es válido aplicarlo en otros casos como el de las asociaciones, sindicatos y gremios. En este caso me permito hacer referencia al Colegio de Internacionalistas de Venezuela por ser una cuestión que atañe a un gremio profesional en el que sus integrantes básicamente son los operadores de la política internacional. La cuestión está en que desde hace más de quince años no se convoca ni se hacen elecciones en el colegio, lo cual significa que su junta directiva es ilegítima en su ejercicio y evidentemente, con toda razón, quienes demandan elecciones lo hacen con el espíritu de normalizar y legitimar sus autoridades, porque como se dice en criollo, la salsa del pavo sirve para la pava.
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