El narcoterrorismo es considerado por el gobierno de Donald Trump como una amenaza a la seguridad nacional estadounidense. Así lo ha repetido Marco Rubio en su periplo por América Latina, adonde se dirigió apenas nombrado secretario de Estado. ¿En virtud de este posicionamiento y habiendo ya considerando al ELN como una organización terrorista, Estados Unidos podría defenderse legítimamente invadiendo territorio colombiano para capturar a los lideres de la organización territorial?
El principio de integridad territorial es fundamental en el derecho internacional y establece que un Estado tiene el derecho de mantener su territorio libre de intervenciones externas. Este principio está consagrado en el Artículo 2 (4) de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado.
Sin embargo, la doctrina de la legítima defensa ha sido interpretada en ciertos casos para justificar acciones militares contra actores no estatales, como grupos terroristas, especialmente cuando el Estado en cuyo territorio operan no puede o no quiere controlar sus actividades. Un ejemplo notable es la invasión de Afganistán en 2001 por parte de Estados Unidos, que argumentó legítima defensa tras los ataques del 11 de septiembre.
En el caso de Colombia, aunque el ELN es considerado un grupo terrorista, cualquier intervención militar de Estados Unidos en territorio colombiano sin el consentimiento del gobierno colombiano sería considerada una violación de la soberanía y la integridad territorial de Colombia, contraviniendo el derecho internacional. No obstante, si existiera una solicitud expresa del gobierno colombiano para asistencia militar, dicha intervención podría estar justificada legalmente. Históricamente, ha habido cooperación militar entre ambos países en la lucha contra grupos insurgentes y narcoterroristas.
Colombia estaría lejos de acercarse al gobierno de Trump para pedir tal suerte de colaboración, de la misma manera que el país mexicano encabezado por Sheinbaum ha estado trabajando justo en el sentido contrario. Durante muchos meses Lopez Obrador. y actualmente la Presidenta en ejercicio, han hecho lo posible por evitar que los carteles mexicanos fueran incluidos en la lista de terroristas porque ello serviría de razón ampliamente suficiente para que Washington organizara una acción de persecución de los narcos dentro del territorio mexicano con el argumento de la lesión a la estabilidad y seguridad norteamericanas.
Gustavo Petro parecería estar ausente de todo ello, sumergido como está en sus avatares políticos. Hasta ahora Estados Unidos ha estado más preocupado por prestar su ayuda al combate de la droga domésticamente en los países de origen en la etapa de su cultivo y procesamiento, incluso de inicio de la cadena de distribución, que a colocarse en la línea de acción para su desactivación al interior del país de origen.
No parece que Donald Trump va a ser de los que miran los toros desde la barrera en esta materia de seguridad. Por ello, antes de permitir que acciones desestabilizadoras se sigan perpetrando desde países como Colombia a través de sus alzados en armas convertidos en propulsores del narcotráfico, Estados Unidos está dispuesto a invocar el principio de la amenaza a su propia integridad territorial para justificar acciones militares unilaterales contra las amenazas percibidas.
Esta doctrina novedosa sostiene que, ante una amenaza inminente, un Estado puede actuar en defensa propia… antes incluso de sufrir un ataque.
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