Foto: Archivo
La convocatoria a la Comisión de Diálogo Nacional para revisar las normas que regulan el sistema electoral y los partidos políticos abre una oportunidad crucial para repensar el sistema político venezolano. Desde Unidad Visión Venezuela, Primero Venezuela, Primero Justicia y Venezuela Unidad presentamos propuestas orientadas a fortalecer la democracia, promover la participación ciudadana y mejorar la transparencia.
A diferencia de otros países latinoamericanos con regímenes presidencialistas, Venezuela no elige al vicepresidente mediante voto popular. Actualmente, el presidente designa al vicepresidente, lo que limita la legitimidad de este cargo tan relevante en caso de vacancia presidencial. La propuesta de elegir al vicepresidente junto con el presidente a través de voto directo, responde a la necesidad de dotar a esta figura de legitimidad democrática. Este cambio, además de fortalecer el sistema de representación, podría dar continuidad a las políticas en caso de una sucesión inesperada.
Otro aspecto considerado en las propuestas es el referente a la alternancia en el poder, el cual considero, es un principio esencial en las democracias modernas. La propuesta de limitar la reelección de los cargos ejecutivos a un solo periodo consecutivo pretende fomentar la renovación de liderazgos y evitar el estancamiento de las estructuras de poder. Limitar la reelección contribuye a un sistema más dinámico y reduce el riesgo de perpetuar prácticas clientelistas y personalistas. Esta medida se aplicaría a todos los cargos ejecutivos de elección popular como presidente, vicepresidente, gobernadores y alcaldes, quienes solo podrían volver a postularse tras un periodo fuera de ese cargo.
La propuesta de ajustar la duración del mandato presidencial a cinco años y mantener en cuatro los periodos para gobernadores y alcaldes, tiene un objetivo claro: ofrecer un tiempo razonable para implementar políticas sin que se genere un poder excesivamente prolongado. Esta duración, alineada con los modelos de países vecinos, ofrece a los votantes una oportunidad para evaluar de manera frecuente el desempeño de sus líderes.
La iniciativa de convertir el voto en un deber ciudadano, con sanciones para aquellos que no acudan a votar, busca aumentar la participación electoral, fortaleciendo así la legitimidad de los procesos y la representatividad de los cargos electos. En otros países de la región, como Argentina, el voto obligatorio ha demostrado ser efectivo para lograr una mayor participación en las urnas. Sin embargo, sería importante establecer condiciones que respeten la libertad individual y que no generen un costo desproporcionado para quienes, por causas justificadas, no puedan participar.
La habilitación de una opción de voto en blanco es una medida que incentiva la participación incluso de aquellos ciudadanos que no respaldan ninguna opción electoral. Este mecanismo permitiría que quienes no se identifiquen con los candidatos puedan expresarse sin necesidad de abstenerse, lo que hace visible el descontento o falta de acuerdo con las alternativas ofrecidas, y presiona a los partidos para que mejoren sus propuestas.
Otra propuesta apunta a que los partidos políticos tengan la obligación de postular candidatos en todos los procesos y niveles electorales, so pena de ser eliminados del registro de las organizaciones políticas. Esta medida busca evitar que los partidos promuevan la abstención y el desinterés en el proceso democrático. Para consolidar un sistema electoral inclusivo, todos los actores deben asumir una participación activa.
Para evitar injerencias y financiamientos ilícitos que afecten la independencia de los partidos, se propone un financiamiento estatal equitativo. Este modelo permitiría que las organizaciones políticas funcionen en igualdad de condiciones y con recursos supervisados. Sin embargo, este enfoque requeriría un sistema robusto de auditoría para garantizar que los fondos públicos sean usados de manera ética y transparente, evitando que el partido gobernante use esta medida en su favor.
Para asegurar la democracia interna de los partidos, se propone que los militantes puedan acudir al Poder Electoral o Judicial en caso de conflictos no resueltos dentro de sus organizaciones. Esta medida permitiría a los militantes hacer cumplir los estatutos internos y les ofrecería un recurso para restablecer sus derechos cuando estos sean vulnerados. La posibilidad de renovar las directivas mediante este procedimiento garantiza el respeto a la normativa y fortalece la transparencia en la administración de los partidos.
Promover la alternabilidad en los cargos directivos de los partidos, limitando la permanencia a diez años consecutivos, es una medida que pretende combatir la perpetuación de liderazgos y fomentar la renovación constante. Este cambio ayudaría a incorporar nuevas voces y a reflejar mejor la pluralidad de sus bases, evitando la monopolización del poder.
Finalmente, la adopción de un sistema mixto de representación proporcional -con 60% de cargos adjudicados por lista y40% de forma nominal- busca garantizar la participación de minorías y asegurar una representación equitativa y más plural que contribuya a un Poder Legislativo que refleje de manera más fiel el voto popular.
En definitiva, la implementación de estas reformas requerirá no solo el consenso de todas las fuerzas políticas, sino también un compromiso auténtico con el fortalecimiento institucional y el respeto a la Constitución. Estas iniciativas, de concretarse, podrían abrir el camino hacia un a Venezuela donde la democracia se consolide y los ciudadanos encuentren una vía real para construir un futuro más equitativo y participativo.
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