Hacia una nación de súbditos sin derechos

EFE/ Miguel Gutiérrez

El 9 de mayo, Provea (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, organización fundada en 1988) presentó su informe correspondiente al año 2022. Se trata de un trabajo al que ciudadanos de cualquier actividad deberían dedicarle algo de su tiempo. Hay que advertir que la ambición del reporte es amplia: en su recorrido hay aproximaciones a la situación en que se encuentran 14 derechos, no solo los civiles y políticos, sino también los económicos, sociales y culturales. Trae, además, un revelador documento, un estudio del economista Ronald Balza Guanipa, “El nuevo modelo económico y los derechos humanos en Venezuela, 2022”, en el que analiza, entre otros aspectos, la opacidad y ausencia de consulta en el proceso que, de forma paulatina, ley tras ley, ha ido consolidando el presidencialismo en Venezuela. En lo que sigue comentaré, de modo parcial, algunos de los indicadores que el informe señala.

Una de las virtudes del material es la recopilación de información lograda por el equipo que lo produjo: a pesar de la ausencia de estadísticas oficiales -tema al que dediqué mi artículo de la semana pasada-, Provea construye una visión panorámica del estado de las cosas en Venezuela, en materia de derechos humanos, usando y ordenando información proveniente de numerosas fuentes.

Comienzo por aquí: en el período que va del trienio 2014-2016 al trienio 2019-2021, de acuerdo con las mediciones de la FAO, el indicador de subalimentación en Venezuela se duplicó. Esto significa que al menos 6,5 millones de personas (y es probable que el número sea todavía mayor) se alimentan mal y transcurren sus días en condiciones de hambre. Entre las causas de esta terrible realidad está, por una parte, la caída de la producción agropecuaria nacional: 50%, disminución gravísima, entre 2012 y 2022. A esto hay que sumar la devastación que producen los fenómenos entrecruzados de la inflación y las prácticas especulativas de los importadores de alimentos. Este dato lo dice todo, habla del absoluto fracaso del régimen y sus políticas (estas no son palabras de Provea, sino mías): el poder adquisitivo del salario mínimo no alcanza ni siquiera al 2% -es de 1,6%- del valor de la canasta básica de consumo. Repito: 1,6% del valor de la canasta básica. En otras palabras: hambre extendida, desnutrición cada vez más peligrosa, enfermedad, debilitamiento de las capacidades personales, hundimiento del ánimo de la sociedad. Copio un párrafo del informe: “En materia nutricional, la escasa información oficial sobre 917 parroquias evaluadas deja ver que más de la mitad presentaron niveles de severidad de la desnutrición inaceptables en la población con mayor vulnerabilidad, entre ellos niños y niñas, mujeres embarazadas, madres en lactancia, adultos mayores y personas con discapacidad”.

Los datos que el informe aporta con relación al derecho a la educación constituyen otro ámbito que cabe calificar como de gran desastre. El panorama, sobre el que es simplemente imposible obtener cifras y estadísticas oficiales, es el de un conjunto de factores, actuando al mismo tiempo, que están enrumbando al país hacia una especie de colapso estructural del sistema de educación pública (esto lo afirmo yo, no Provea). No consignaré aquí ninguna cifra, pero sí los hechos en curso, enmarcados todos en una pregunta general.

¿Qué destino, qué proyección, qué posibilidades puede tener una sociedad y una nación, en la que, de forma mayoritaria y creciente, menos de dos tercios de la población en edad escolar asiste a clases; en la que se reduce el número de horas que los estudiantes de Educación Básica y Educación Media reciben clases; en la que hay indicadores de calidad que señalan gravísimas deficiencias en el aprendizaje de los instrumentos básicos del conocimiento -lengua y matemáticas-, en porcentajes superiores a 60% del alumnado; en la que la infraestructura escolar está cada día más deteriorada, donde hay escuelas que presentan riesgos reales y diversos para alumnos, docentes y trabajadores; y en la que los docentes reciben por su trabajo salarios que no es posible calificar sino con la palabra miserable?

Y debo añadir aquí otra pregunta imprescindible: ¿qué rumbo, qué expectativas, qué potencialidad puede tener una sociedad donde las fallas de los servicios públicos son recurrentes en amplias zonas del territorio -electricidad, agua, Internet-, mientras en buena parte del planeta se avanza en digitalización de los modelos educativos? ¿Qué perspectivas puede albergar una nación donde el poder soluciona los problemas propios de cualquier sistema educativo reduciendo lo que ofrece en calidad y cantidad?

Vuelvo al informe de Provea, consignando algunos hechos y cifras: destrucción de los derechos laborales; salario promedio de 6 dólares; 19,7 millones de personas viviendo en estado de pobreza multidimensional; 7,3 millones de personas han salido del país en búsqueda de oportunidades; asesinatos de dirigentes sindicales; asesinatos de líderes indígenas; migración forzada del pueblo warao hacia Brasil y Guyana; asedio y desprotección del pueblo yukpa sometido a la violencia de grupos paramilitares y narcoguerrilleros; casi 96.000 denuncias de violaciones del derecho a la salud en el sistema hospitalario; las pensiones a los jubilados se han reducido a un monto equivalente a 6 dólares mensuales; “el gobierno afirmó haber construido 3.906.257 viviendas entre 2014 y 2022; nuestros datos revelan que solo se construyeron 130.856 viviendas”; 2.203 violaciones como torturas, tratos crueles, allanamientos, amenazas y otras (68,6% más que en 2021); altísimas tasas de impunidad; 121 detenciones arbitrarias, 5 desapariciones forzadas, predominio de la persecución de dirigentes sindicales y sociales; 824 personas asesinadas por policías y militares durante el 2022.

Repito aquí lo que tanto he dicho y continuaré difundiendo: el de Maduro es un régimen cuya naturaleza consiste en la violación sistemática y masiva de todos los derechos humanos, y en la construcción de una forma de vida donde desaparece la ciudadanía y se establece una condición de súbditos del régimen: personas indefensas, sin representación ni derechos.