El camino hacia el 28 de julio no ha sido ni será fácil. La acción fraudulenta del régimen pone en peligro la transparencia y la honestidad del proceso. Lo hemos dicho siempre. Hay un fraude continuo que podría confirmarse o sellarse el 28 de julio, cuando el régimen decida colocar los números que le convengan para darle a Maduro una falsa victoria electoral.
El fraude y las amenazas de fraude traducido en acciones concretas contrarias a un proceso transparente y honesto, como la designación del árbitro y la elaboración y aplicación de las normas electorales, la persecución, las inhabilitaciones, la coacción, las detenciones injustas y otras barbaridades en contra de los opositores, expresión del temor que tienen de perder, están presentes desde siempre.
El chavismo-madurismo está derrotado y lo sabe. La inmensa mayoría de los venezolanos exige un cambio de sistema y de gobierno. Después de 25 años de mala administración, de corrupción y otras acciones delictivas, incluidas las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos de los venezolanos, la gente está agotada y apoya y confía en ese cambio que representan María Corina Machado y el candidato de la unidad Edmundo González Urrutia.
Ante ello el régimen puede, en primer lugar, inventar una excusa de desorden público, conflicto armado, inseguridad nacional o cualquier otra fantasía, para suspender o postergar las elecciones, lo que por supuesto tendría un costo político inmenso tanto dentro, que provocaría una reacción social importante e impredecible, como fuera con el desconocimiento del proceso y de sus resultados por la comunidad internacional y los gobiernos democráticos del mundo, lo que traerá mayores sanciones.
Si llegamos al 28 de julio, lo que es posible mientras se mantenga la unidad y la fuerza de la oposición democrática en la calle de la mano de María Corina, el régimen puede optar por arreglar los resultados y declarar vencedor a Maduro, un despropósito político tan grave como el supuesto anterior de postergación o suspensión del proceso. La oposición democrática no aceptará tal resultado y vendrán protestas y tras ello, una nueva ola de persecución y arrestos que ponen en peligro la paz nacional.
Pero si algo de sensatez quedase en la mente madurista, la salida más segura y conveniente sería reconocer el triunfo de González Urrutia y entregar el poder. Nada fácil si consideran que una derrota los llevaría a la cárcel o al exilio en forma arbitraria e injusta, lo que se aleja de la verdad, como la misma María Corina y el mismo candidato González Urrutia lo han dicho. Habrá una transición pacífica y ordenada, ajustada a derecho, en donde las prácticas contrarias a todo llevadas por el régimen hasta ahora, basadas en el odio y la discriminación, no existirán más en la vida política nacional.
Vendrá un momento de transición y allí lo importante de estudiar con detenimiento los diversos mecanismos y acciones que debemos emprender para garantizar ese camino hacia la democracia y la estabilidad, pero sobre todo la reconciliación nacional, la paz, lo que es claro incluye la justicia conforme a las normas, no la que ellos han practicado con odio.
Habrá que crear ante una todo una comisión para que se establezca la verdad, lo que realmente pasó durante este periodo de fracasos, arbitrariedades y crímenes, tal como se ha planteado en diversos procesos de transición en el mundo dentro del marco de un concepto amplio y general, el de justicia transicional. La verdad y la memoria histórica, la reparación de las víctimas y la justicia, son fundamentales para avanzar hacia la estabilidad y recuperar la democracia y el Estado de derecho.
La justicia está en el centro del proceso. La sociedad y las víctimas exigen el castigo de quienes han cometido crímenes, de quienes han torturado y aplicado tratos inhumanos y degradantes, de quienes han causado tanto daño a tantos venezolanos solo por no compartir una ideología absolutamente contraria a todo y a una manera de gobernar que colide con los principios y valores que construimos durante décadas. No habrá impunidad, lo que no significa venganza, ni retaliación. Se trata de aplicar la justicia y de sancionar conforme a derecho a los autores de tales crímenes.
La transición impone también reformas legales y administrativas. Habrá que rehacer los cuerpos de seguridad para ponerlos al servicio de los ciudadanos, al igual que las Fuerzas Armadas que deben separarse de toda función política y centrarse en la defensa de los intereses nacionales, de nuestra integridad territorial y de nuestra soberanía. Habrá que reconstruir el Poder Judicial y el sistema de justicia nacional. Habrá que rehacer la judicatura con jueces de carrera, independientes, ajenos también al debate político, basada en la estabilidad en los nombramientos y en la carrera judicial.
Por supuesto, tendremos que rehacer también y adecuar a las nuevas realidades las instituciones del Poder Ciudadano: la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y la Fiscalía, que tendrían que dejar de ser ejecutores sumisos de las políticas del gobierno para castigar a quienes disienten o protestan.
En fin, estamos llegando a un momento importante que exige unidad y consensos y no solamente acuerdos entre el régimen que deja el poder y una nueva administración democrática que nazca de la voluntad popular, si no entre las mismas fuerzas. La oposición verdadera debe unirse y acordar la forma de transición sin radicalismos ni pretensiones que puedan afectar el proceso y debilitarlo, en fin, hacerlo vulnerable y limitado en el tiempo, para garantizar la gobernabilidad que se requiere para recuperar el país.
Solo una transición inteligente permitirá cerrar el círculo y evitar el retorno a la época que superamos.