Después de haber escuchado la entrevista de Ignacio Ramonet a Nicolás Maduro sobre política económica y la situación ideológica y política que enfrenta Venezuela con la utilización masiva de dólares estadounidenses (más de 20 países usan monedas propias denominadas “dólares”) en la vida cotidiana y la adopción de esta moneda en forma aún mayor en los próximos tiempos, es menester tratar de imaginar cómo afectará esta situación a los que no tienen ingresos en dólares, porque no reciben remesas, no son comerciantes o industriales, no prestan servicios personales o cobran por honorarios profesionales, siendo pertenecientes a la clase laboral de los empleados públicos que ganan en bolívares.
En efecto, durante la entrevista se expresaron las siguientes frases:
“Vamos a crear unos formatos de pago en moneda digital, vía digital, con cuentas de ahorro en divisas en la banca venezolana. Se están autorizando las cuentas de ahorro, las cuentas corriente, en divisas y la gente podrá pagar al precio de la moneda en bolívares en el mercado general en el país. Quiere decir que es una válvula de escape».
“Vamos hacia una economía digital más profunda, más en expansión. Yo he puesto la meta 100% economía digital, que todo el mundo tenga sus métodos de pago en tarjetas de débito, de crédito. El dinero físico desaparece y para Venezuela es una gran ventaja”.
“Mando un mensaje a todos los inversionistas del mundo. Estamos listos, preparados. Tenemos la Ley Antibloqueo y está la nueva Asamblea Nacional que va a desarrollar un conjunto de leyes que van a flexibilizar la actividad económica”.
Igualmente, Maduro aseguró que el dólar se maneja de modo más “abierto y público” en el país para el comercio y para la “satisfacción de necesidades de importantes sectores de la vida venezolana”. Aunque negó que Venezuela tenga una economía completamente dolarizada, destacó que en el país no hay «contradicción» entre dolarización y revolución, sino que hay «complementación» entre el bolívar y el dólar (efectococuyo.com 01/01/2021).
Ahora bien, volviendo al oscuro y desesperante mundo de los que vivimos de un salario como empleados públicos y no tenemos la costumbre de “martillar” a los usuarios o ciudadanos con la prestación de nuestros servicios, sino que ganamos sueldos entre 2 y 15 dólares estadounidenses mensuales, existen varias interrogantes sobre los avisos realizados y que pronto serian convertidos en realidad, según ministros y empresarios, como seria los siguientes:
I. Cobertura del servicio bancario
Es difícil imaginar el denigrante espectáculo de un empleado público que recibe 2 dólares mensuales solicitando una tarjeta de crédito. Aun aquellos con ingresos de hasta 20 dólares mensuales estarían bajo vigilancia especial, debido a que los “ingresos extras” que utilizan una cantidad de ciudadanos venezolanos serian objeto de severos escrutinios y controles para evitar la legitimación de capitales. No es difícil imaginar lo engorroso que sería para muchas personas llevar cantidades de divisas a un banco para convertirlas en digital, mientras justifican su posesión diciendo en que se las envió un familiar o un amigo.
En medio de la informalidad reinante que ha creado una cantidad de bolívares (digitales y físicos) en todo el país, que no pasa de 500 millones de dólares estadounidenses y un estimado de 2.000 millones dólares estadounidenses o incluso más en efectivo, según la fuente que se consulte, se hace complicado el modo de formalizar esta situación.
II. Rol de la banca pública
Siendo una realidad concreta que una inmensa mayoría de los empleados públicos tiene su cuenta nómina en bancos del Estado, es imprescindible plantearse algunas interrogantes. Uno de los conflictos existentes con las autoridades estadounidenses está relacionada con acusaciones de legitimación de capitales, para financiamiento de delincuencia organizada, terrorismo y otros delitos. En este sentido, es difícil imaginar qué tipo de relación financiera se pueda llevar entre el Banco Central de Venezuela y la Reserva Federal, que funciona de forma única en el mundo por su carácter mixto, y el Departamento del Tesoro estadounidense, que mantiene una larga lista de sancionados financieramente en Venezuela.
Es que incluso la banca privada tendría que enfrentar los inconvenientes de abrir cuentas a empresas públicas y privadas venezolanas que estén sancionadas por este último organismo para no caer en la lista de sancionados a nivel mundial y con ello precipitar la muerte del banco en cuestión.
III. Remuneración salarial de los empleados públicos
Cuando se estudia la profunda reforma económica realizada en la República Socialista de Cuba que comenzó este 1º de enero de 2021, se observa un salario mínimo de 87 dólares estadounidenses, una canasta alimentaria con precios ajustados a la nueva realidad, pero con severos controles, servicios públicos esenciales subsidiados por un tiempo prudencial y una categorización tan detallada de las 32 categorías de trabajadores que existen en dicho país. Esto hace evidentes las diferencias con la realidad venezolana, donde no ocurren estas situaciones a pesar de las demostraciones verbales de amor y admiración por el ejemplo político e ideológico de la denominada Revolución cubana hacia la denominada Revolución bolivariana.
En nuestro país existe un porcentaje enorme de funcionarios ganando sueldos mínimos, sin ningún tipo de apreciación por sus años de servicio o capacitación profesional, mientras que los servicios públicos (agua, electricidad, telecomunicaciones, combustibles) tienen meses de ajustes considerables después de décadas de subsidios, que distorsionaron los precios de dichos servicios, pero que ahora se incrementan de manera exponencial al igual que el resto de los bienes, que hacen casi normal que 1 dólar sea igual a un salario mínimo nacional, violando lo establecido en el artículo 91 de la Constitución Nacional, que expresa:
«Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Se garantizará el pago de igual salario por igual trabajo y se fijará la participación que debe corresponder a los trabajadores y trabajadoras en el beneficio de la empresa. El salario es inembargable y se pagará periódica y oportunamente en moneda de curso legal, salvo la excepción de la obligación alimentaria, de conformidad con la ley. El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica. La ley establecerá la forma y el procedimiento».
IV. La recepción de las remesas
Uno de los grandes problemas de la población venezolana es, sin duda, la transferencia de remesas, que sufren el azote de “chanchulleros” y tracaleros de todo tipo para convertir los dólares y euros en bolívares. La generalización de cuentas en divisas para recibir fondos del exterior enfrentaría el rigor de los controles extranjeros o incluso su prohibición, ante el temor de impuestos gubernamentales que conduzcan al uso de dichas divisas para financiar obras y actividades, cuando existen muchos países con gobiernos que no reconocen a Nicolás Maduro y es precisamente allí donde están los núcleos más grandes de población emigrante.
V. Conclusiones
Pareciera que la política de bancarización en divisas no está diseñada para tender a los millones de empleados públicos y pensionados, que deben afrontar su atroz situación económica en medio de las mayores estrecheces y privaciones, cobrando sus remuneraciones en bolívares.