En nuestro indetenible recorrido por las universidades venezolanas y por algunas instituciones públicas y privadas para atender invitaciones académicas, nos complace reconocer e informarles que en todos estos organismos visitados (actividades limitadas, en estos meses, por la situación pandémica) se nos pide con avidez que deliberemos con precisión pedagógica el asunto de la contención territorial que sostenemos con la excolonia británica.
Conseguimos profesionales densamente formados, lo cual nos honra y llena de profunda satisfacción venezolanista. Me nutro al escuchar, con detenimiento, sus respectivas elucidaciones, sobre este tema. Encontramos, en muchas partes del país, gente sabia para grandeza de la Patria.
Estamos dispuestos siempre además a intercambiar criterios con los participantes, en general, centrados en tal asunto litigioso.
Hay un bastión enorme que ha acumulado muchas indagaciones documentales, lo cual les ha permitido acrisolar conocimientos. Tales compatriotas portan en sí mismos sendas “cajas de herramientas” intelectuales, siempre al servicio del país.
Seguimos insinuando nuestra inquietud, con insistencia: si los propósitos en la política exterior de Venezuela apuntan, con seriedad, a sistematizar el reclamo centenario del vil despojo del cual fuimos objeto, a partir del nulo e írrito Laudo Arbitral de París, de 1899; entonces, no debemos dejar a un costado a ese inmenso conglomerado, diseminado por todos los lugares, quienes pueden aportar sus opiniones y conjeturas, con legítimo y natural derecho.
Una iniciativa con las características descritas fortalece como buena y propia la teoría de la “diplomacia abierta”, para que “la diplomacia siempre avance de manera franca y a los ojos de la opinión pública” (Woodrow Wilson).
Eso sí, debe prevalecer, fundamentalmente, una exigencia inevadible: los participantes en las deliberaciones deben ser los mejores; que afloren desde las propias universidades, las Academias, las ONG, las fundaciones, institutos dedicados a estudiar y defender nuestras fronteras, y otras entidades, cuya visión y misión apunten con idénticos objetivos.
Somos conscientes de que la preferencia debe ser para quienes posean amplísima formación en la materia y las probadas cualidades para tales fines.
Evitemos, a como dé lugar, a los interesados en aprovechar de manera sibilina estos escenarios. Eludamos los innecesarios extravíos y la pérdida de tiempo.
Me consta que poseemos venezolanos preparados y comprometidos, en todos los sectores de nuestra sociedad.
Estemos claros también en lo siguiente: si la idea, con lo de la Guayana Esequiba, es armar un “ardid distractor” para solapar la crisis nacional, entonces en ese saco caben muchos.
Si se pretende apelar a un asunto de tanta monta, la Reclamación de la Guayana Esequiba, como una moda o politiquería se están haciendo ejercicios de demagogia, intentos malabaristas para balbucear cualquier cosa sin arribar significativamente a algo; además, con su añadida y abundante dosis de escatología lingüística, cuyas conclusiones son fácilmente predecibles. Permítanme utilizar esta expresión criolla: «aquí no todo el que quiere puede».
Prestemos atención a lo siguiente: en reiteradas ocasiones, y en distintos eventos internacionales, el actual (y muy cuestionado) presidente guyanés, David Granger y desde su Cancillería han sostenido determinantemente que no accederán a continuar el litigio con Venezuela a través de la figura del Buen Oficiante. No quieren negociación directa; por cuanto, según sus palabras, eso ha constituido una perdedera de tiempo, y no ha arrojado los resultados satisfactorios para ninguna de las dos partes en controversia. Añade, también, que el mencionado Laudo de París ya ha sido ejecutoriado como cosa juzgada. Sobre este último argumento basan su pretensión procesal en la Corte Internacional de Justicia.
El gobierno guyanés y las (52) empresas transnacionales, que han recibido concesiones para explotar (esquilmar) los recursos en la zona en reclamación y su proyección atlántica, celebran, por anticipado, los posibles resultados sentenciales del Alto Tribunal de La Haya (inclusive en ausencia de Venezuela).
La Corte sabe que nuestro país ha invocado siempre el acto procesal de No Comparecencia; por cuanto, no le reconocemos jurisdicción, como instancia idónea para dirimir la controversia; y menos conocer forma y fondo de este asunto.
No hemos admitido la Cláusula Facultativa de Obligatoria Jurisdicción, conforme al artículo (36) del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.
Luego del llamado que hizo la Corte para las Audiencias Orales, el 30 de junio, a petición unilateral de Guyana, nos obligamos a reforzar las solidaridades en toda Venezuela, por encima de ubicaciones parcelarias para la defensa, con nuestro Justo Título (como causahabiente de España) y los enjundiosos elementos probatorios, de la propiedad y posesión absoluta de Venezuela sobre la Guayana Esequiba.
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