Nos encontramos ante un hito histórico disyuntivo. Estamos concernidos a demostrar sin posiciones elusivas o reticentes –en plena unidad venezolanista, “hablando el mismo idioma”– un hecho de vital trascendencia para la vida de la nación: esa extensión territorial, que hemos reclamado desde hace más de cien años, siempre nos ha pertenecido; y tenemos enjundiosos documentos, de pleno derecho, para demostrarlo – llegado el caso– ante la Sala Juzgadora de las Naciones Unidas. Nuestro discurso para pedir justicia tiene que ser unánime y simétrico en todos los sentidos y sectores.
Sin embargo, estamos obligados, primero, a esperar la decisión de la Corte sobre la Excepción Preliminar que introdujimos en junio de este año. Del pronunciamiento respectivo de la Corte se estructurarán nuevas estrategias de reivindicación y restitución de lo nuestro.
El mencionado ente –en su fallo previo, sin ir al fondo del asunto– declarará si admite o desestima la demanda de Guyana contra nosotros.
En todo caso y frente a una u otra determinación jurisdiccional estamos preparados, en absoluta solidaridad como país; para no incurrir en errores gravosos que puedan causarnos mucho más daño, del que hemos arrastrado desde aquella fecha de ingrata recordación, cuando se nos desgajó una séptima parte de nuestra geografía nacional.
Entendemos que las divergencias y diferenciaciones, al parecer condición casi natural de los seres humanos, siempre van a aflorar por cualquier cosa; no obstante, la presente circunstancia por la que atraviesa la patria nos obliga a pensar, con bastante inteligencia: qué debemos hacer y bajo cuáles estrategias nos comportaremos, uniforme y simétricamente, cuando la CIJ comience a conocer –según sea el caso– el fondo del litigio.
La unidad que exhibimos al resto del mundo demuestra que somos dignos herederos de las glorias y conquistas históricas de nuestros próceres e insignes libertadores. Tal constituyente básico conforma la primera demostración de nuestra fortaleza probatoria, con la cual procederemos a reivindicar todo ese inmenso costado este que nos han usurpado.
Otro factor a considerar, no menos interesante, es la toma de conciencia y el determinante involucramiento de civiles, militares, estudiantes, académicos, políticos, empresarios, obreros. Compatriotas de los distintos cuerpos sociales. De todos quienes llevamos suficientemente acendrada la venezolanidad. Preparados para dar y recibir –con transparencia– las informaciones que dimanarán, prontamente, desde la Corte Internacional de Justicia, donde se comenzará a dirimir, conocer y sentenciar la fase de fondo; siempre y cuando estimen la demanda, y procedamos a consignar el Memorial de Contestación.
De llegarse el precitado momento (y bajo concretas circunstancias), cuando se determine la comparecencia de Venezuela, en el Alto Tribunal de La Haya, será densa y de pleno derecho la alforja de Títulos (que no admiten pruebas en contrario) que presentaremos para la examinación e investigación por parte del Jurado Sentenciador.
Nuestro legajo de documentos dejará sentado válidamente que no hemos despojado nada a ningún país, ni pretendemos hacerlo; y que el írrito y nulo Laudo Arbitral de París, del 3 de octubre de 1899, ha sido siempre un inexistente y vergonzoso adefesio jurídico que jamás debió considerarse como referente y menos asiento jurisprudencial en el Derecho Internacional Público.
Prestemos atención de lo que la contraparte ha venido haciendo –sin escrúpulos– en la zona que reclamamos, con justicia.
En casi todos los medios audiovisuales de Guyana ha aflorado, en los últimos meses, una sibilina y machacona campaña de (des)información, cuyo contenido apunta a hacerle creer a la población que habita en la Zona en Reclamación que Venezuela no posee los recursos argumentativos probatorios de nuestra contención; y que, por tales motivos, le habíamos estado rehuyendo al arreglo judicial, como “expedita alternativa” que ellos presentaron en la Corte.
En ese mismo sentido, estamos observando y analizando el despliegue inusitado en los canales internacionales; también en los diarios de mayor circulación –los de mucha credibilidad y prestigio y los más leídos en el mundo– la ilimitada propaganda que el gobierno guyanés ha cancelado, con la finalidad de darse un barniz favorable en torno al histórico caso del Esequibo.
Tratan de diseñarse una matriz opinática acomodaticia.
Nosotros tenemos abundante documentación para demostrar que fue el Imperio Británico que nos usurpó y despojó, mediante las trampas y demás tratativas políticas-diplomáticas urdidas a finales del siglo XIX, de 159.500 km2; incluso tenían la aviesa intención de arrebatarnos hasta el Delta del Orinoco y una considerable parte del estado Bolívar.
El gobierno guyanés ha desatado un propagandismo con “descomunal ferocidad”, en dos vertientes: en Georgetown, con la utilización de la televisión a diestra y siniestra contra Venezuela; haciéndonos pasar como avaros en la reclamación, o imbéciles e ignorantes del Derecho Internacional Público. La otra burda estrategia ya la conocemos: vienen organizando sistemáticas visitas a la Guayana Esequiba del presidente Irfaan Ali, de ministros, miembros de las Fuerzas Armadas, empresarios, representantes de todas las organizaciones políticas e iglesias.
Sospechamos que, dentro de las estrategias, que han diseñado y acometido los coagentes de la Contraparte en el pleito, se cuentan: los pronunciamientos de la Caricom y –quizás para los próximos días– de la Commonwealth; así también han logrado sumar opiniones de algunos países que (como es fácil advertir) tienen fuertes intereses en el área en contención, y ya han recibido ilegalmente por parte de Guyana concesiones para el desarrollo de proyectos.
Han logrado acopiar suficientes recursos dinerarios de las empresas transnacionales (¿extorsión?) que operan –sobre todo– en la proyección atlántica en la Zona en Reclamación, para cancelar los carísimos honorarios de los abogados litigantes en este caso.
Nuestra simétrica estrategia –nada desdeñable– en simultáneo con la consignación de la contestación puede apuntar hacia una contrademanda o interponer acciones de reconvención, por todo el daño que Guyana ha venido perpetrando a Venezuela.
Nuestro país –en unidad de propósito– tiene todo el derecho para incoar una demanda o instaurar un juicio en paralelo contra la excolonia británica. Todo, relacionadamente, en el mismo proceso.
Siendo de esta manera, entonces, el Jurado sentenciador –conforme en pleno y justo derecho– deberá admitir la solicitud reconvencional; porque existirá absoluta conexidad entre nuestras pretensiones en nueva litis reconvencional y las que ya han sido identificadas objeto de la demanda principal, introducida y ratificada por la contraparte.
El jurado sentenciador de la Corte Internacional de Justicia pasaría a conocer también –por economía procesal– nuestra causa petendi en reconvención (con solicitudes recientes, de signo diferente, ampliadas e irrebatibles) en cuya finalidad procuraríamos que se concluya mediante una Resolución coherente, donde se haga justicia a nuestro país.
Al día de hoy, la contraparte en su Pretensión Procesal no ha consignado el más mínimo documento que pruebe la propiedad de esa nación sobre la extensión que nos arrebataron.
En la Acción interpuesta por Guyana contra Venezuela no hay en sus anexos documentos históricos que demuestren nada.