Nos ha agradado el inmenso interés que la mencionada controversia ha despertado y aglutinado densas opiniones en bastantes sectores de la población venezolana.
Como nunca -debo decirlo con honestidad- la gente desea explicaciones sobre lo acaecido el 3 de octubre de 1899, recogido en el documento sentencial, denominado Laudo Arbitral de París.
En cada conferencia hacemos, con suma objetividad, un análisis crítico del vil despojo del cual fuimos víctima, hace más de un siglo, mediante la citada tratativa perversa de talante político-diplomática.
A lo largo de varios años, he atendido expresas invitaciones de universidades, escuelas, liceos, instituciones culturales, organismos públicos, logias masónicas, entes particulares, personas privadas de libertad, partidos políticos, iglesias evangélicas y católicas, medios de comunicación social; he venido escribiendo semanalmente artículos para varias páginas en la red.
Me he reunido, en condición de docente, con estudiantes de educación superior, provenientes de (12) universidades, que visitaron Tucupita; y aproximamos, luego de productivas discusiones, las posibles alternativas de solución a la contención que mantenemos con la excolonia británica.
Reconocemos que han aflorado en todas las regiones aportes significativos para alcanzar pronto – si cabe, aún, tal posibilidad- un arreglo “práctico y satisfactorio”, en este pleito.
También menciono que nos conseguimos con algunas propuestas un poco desentonadas o desencajadas, pero, merecen ser respetadas también por la forma, el fondo y la intención como son expuestas en todos los mencionados eventos.
En nuestro recorrido por el país, hemos escuchado críticas, algunas veces fundamentadas, dirigidas a las autoridades de la cancillería, por la opacidad informativa en la defensa de los intereses del Estado venezolano.
En las conjeturas se señalan los aparentes “silencios cómplices”, las declaraciones destempladas o extemporáneas. Hay coincidencia entre el público que asiste a los foros, en que no es conveniente por parte de nuestras delegaciones exponer, como ha sucedido, elogiosas frases a la contraparte en escenarios internacionales.
Nos conseguimos con estudiosos del litigio, que piden la palabra en las conferencias, para preguntar por qué tantas permisividades de parte de Venezuela para con las empresas transnacionales que están esquilmando nuestros recursos (de todo tipo) incalculables, en el territorio que nos arrebataron, y en su respectiva proyección marítima.
Son bastantes aristas de este asunto litigioso. De cualquier modo, hoy nos encontramos frente una disyuntiva imposible de obviar, que no podemos dejar a un costado en nuestras cotidianas reflexiones o hacernos los desentendidos.
Una inmensa proporción de compatriotas, en muchas regiones y ciudades de Venezuela, se atreven a hacer la siguiente comparación: la defensa de nuestra Guayana Esequiba guarda punto de semejanza a la gesta independentista librada por nuestros libertadores. Estamos en presencia, en esta ocasión, de una lucha jurídica-diplomática por la defensa del suelo patrio.
La controversia que hemos sosteniendo desde hace más de un siglo nos coloca en el desafío histórico de trenzarnos en plenas solidaridades; porque la contención que llevamos adelante requiere del esfuerzo profesional e intelectual de nuestros mejores hombres y mujeres; y porque, además, la contraparte, en su condición de demandante, va con todo en la “interposición de acciones” y su reciente ratificación ante el Alto Tribunal de la Haya.
Vista y analizada la presente situación en que nos encontramos y las respectivas circunstancias, preguntamos, ¿por qué el Ejecutivo Nacional y sus órganos competentes no terminan de diseñar y desarrollar una sistemática política de Estado, cuya esencia estribe en el desafío que tenemos por delante, en la Corte Internacional de Justicia, para el 8 de marzo del próximo año?
Se requiere con prontitud – por la premura de la fecha – que desde la Presidencia de la República se abra un ciclo de consultas para escuchar a los expertos, a los estudiosos del caso en nuestras universidades, en las Academias, en cada una de las instituciones interesadas.
Con todo el respeto que me merecen los honorables miembros de la Comisión de la Asamblea Nacional por la Defensa del Esequibo, que preside Hermánn Escarrá, porque además reconozco el extraordinario trabajo que han venido desplegando, les propuse la realización de un Congreso Nacional sobre la Guayana Esequiba, con amplio temario para que el país participe.
Desde hace dos años, igualmente, estoy sugiriendo – en mis escritos- al jefe de Estado que analice la posibilidad de convocar un referendo consultivo, conforme al artículo 73 de nuestra Constitución Nacional, por la trascendencia de la materia que se está tratando. Mediante el citado mecanismo nos permitiremos auscultar la opinión generalizada de la población venezolana, si está de acuerdo con la comparecencia o no de nuestra delegación ante la Corte; con la finalidad de hacernos parte del juicio (actos concluyentes), con lo cual le conferiríamos competencia a esa Sala sentenciadora para que conozca forma y fondo de la centenaria controversia.
Siendo una política de Estado, entonces desde los ministerios de Educación y de Educación Universitaria se deben habilitar charlas alusivas al tema, recurrentes en escuelas, liceos y universidades; al propio tiempo que, a través de los distintos medios de comunicación social y en las redes, transmitir – de manera reiterada—programas de radio y televisión y la publicación de artículos para concientizar y sensibilizar sobre los hechos perpetrados contra nuestra nación y el iter socio histórico que hemos hecho para la reclamación.
Importante, en estos momentos, es aprobar y poner en servicio una radioemisora en el área colindante con la Zona en Reclamación (San Martín de Turumbán, estado Bolívar), con una programación que reafirme nuestros símbolos patrios e identidad nacional.
Todo el país en un esfuerzo conjunto, sistematizado, en distintos ámbitos.