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La aseveración del título y contenido de la presente reflexión surgen porque, desde 1822, basamentados en enunciados y proclamas contundentes del Libertador, hemos reclamado justicia para Venezuela.
Jamás se nos ha ocurrido arrebatarle ni un milímetro de extensión territorial a las naciones colindantes, ni lo haremos en lo sucesivo, por cuanto las pruebas, razones y justificaciones favorecen a nuestro país, amplia y suficientemente.
En el irrebatible acervo de probanza que poseemos no queda “ni un clavo donde colgar una duda” de que esos 159.500 km2, los inconmensurables recursos de todo tipo y su respectiva proyección atlántica histórica y jurídicamente son propiedad de nuestro país.
Nuestro reclamo ha adquirido –en sí mismo– el asidero pertinente en las distintas instancias donde se ha intentado discernir, debido a que no es un empecinamiento sobrevenido, un capricho de repentino nacionalismo o una malcriadez diplomática.
Nos mantenemos muy distantes de quienes, en la comunidad internacional, asumieron la tarea de prejuzgar sin conocer en profundidad los orígenes de la controversia.
Entendemos que tales opinadores –tarifados por las empresas transnacionales– únicamente hacen esfuerzos inútiles para salvaguardar los intereses de esas corporaciones que recibieron permisos y concesiones ilegales para realizar explotaciones esquilmatorias en la zona en pleito.
En otra tendencia, que bordea el catastrofismo, casi coincidente con los intermediarios descritos y señalados en el párrafo anterior nos conseguimos a quienes “aconsejan” que desistamos con la reivindicación y búsqueda de restitución in integrum, puesto que podemos causar estragos entre la población originaria y demás habitantes; provocar hechos dañosos con impredecibles consecuencias. Casi que crear un caos. Un escenario distópico.
Sin recato dicen que resultará vana o fatalista la más mínima actividad de justa exigencia que sigamos desplegando. Cada quien que asuma su responsabilidad.
Estos agoreros prefiguran (o pintan) –atendiendo a sus particularismos– un nefasto futuro, con características negativas en la zona, una vez que logremos la consolidación presencial de Venezuela, por la vía de la instauración plena del estado Guayana Esequiba, conforme al instrumento normativo respectivo que ha sido sancionado por la Asamblea Nacional y promulgado por el jefe del Estado; simultáneamente, a partir del fallo sentencial de la Corte Internacional de Justicia, que esperamos a nuestro favor, mediante un proceso llevado en justo derecho.
¿Habrá tiempo para que rectifiquen? Aunque, hasta el presente, no ha habido forma ni manera de que las delegaciones de las Cancillerías de Venezuela y Guyana logren avances significativos, por la diplomacia dialogante y directa con base en el Acuerdo de Ginebra, del 17 de febrero de 1966. Único documento aceptable, con pleno vigor jurídico en este litigio.
La estrategia que utiliza –sin escrúpulos– la contraparte consiste en hacernos aparecer ante la comunidad internacional, como una nación grande que atropella a un país pequeño.
Debemos ser enfáticos en pronunciar con insistencia ante el mundo que no le estamos quitando las dos terceras partes del territorio de Guyana, como ellos arguyen.
Nosotros hemos demostrado –una y muchas veces– que fue el Imperio Británico que nos invadió y despojó, mediante el írrito Laudo Arbitral de París de 1899, de una séptima parte del espacio territorial correspondiente –históricamente– a la geografía venezolana; que luego la cede para que se forme la República Cooperativa de Guyana, el 26 de mayo de 1966.
Mucha gente se hace esta pregunta: ¿por qué estamos obligados a debatir por ante la Corte Internacional de Justicia? Porque, exactamente, ha sido esa la estrategia jurídica que ha jugado Guyana, desde el principio. Reafirmada con la demanda que nos hizo (ingratamente) el 29 de marzo de 2018.
Nunca han querido un arreglo “pacífico, práctico y satisfactorio”, a través del cual ambas naciones alcancen una solución apropiada y convincente.
Ellos nunca admitieron (y por eso sabotearon por 25 años) la figura del Buen oficiante para que resolviera este caso, con su mediación.
Los gobiernos guyaneses reciben –rutinariamente– considerables sumas dinerarias de la transnacional Exxon y otras para cancelar los honorarios y demás gastos que viene ocasionando la presencia permanente de su delegación y de expertos asesores en La Haya.
Permítanme añadir –para que estemos advertidos– que una sentencia de la CIJ es inapelable y su mandato absolutamente vinculante, conforme al artículo 60 del Estatuto del ente Juzgador:
“El fallo será definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo sobre el sentido o el alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes”.
Eso no nos debe impactar ni espantar, por cuanto se ha conformado la Alta Comisión para canalizar este Asunto de Estado, que ya respondió en una primera vista procesal (que no fue una mera visita) con los documentos inconcusos de pruebas; así, también, tenemos excelentes profesionales del derecho internacional, historiadores, sociólogos, estudiosos de este controvertido caso; que hemos estructurado un extraordinario y multidisciplinario equipo de asesores que estaremos defendiendo nuestra causa patriótica.