En nuestro indetenible recorrido por las universidades venezolanas y por algunas instituciones públicas y privadas para atender invitaciones académicas; nos complace reconocer e informarles que en todos estos organismos visitados se nos pide con avidez que deliberemos con precisión pedagógica el asunto de la contención territorial que sostenemos con la excolonia británica y que expliquemos el contenido, esencia e intención de las cinco preguntas que aparecerán en la boleta del Referendo Consultivo.
Además, nos inquieren sobre las estrategias que seguirían una vez que se analicen e interpreten los resultados obtenidos del evento electoral del (3) de diciembre.
Ciertamente, es posible desarrollar algunas descripciones, en detalles, de lo expuesto en el párrafo anterior; como también, hay elementos que por expresa precaución y moderación se deben omitir.
Las estrategias no se develan por anticipado.
Conseguimos profesionales densamente formados, lo cual nos honra y llena de profunda satisfacción venezolanista.
Me nutro de conocimientos al escuchar, con detenimiento, sus respectivas elucidaciones sobre este tema. Encontramos, en muchas partes del país, gente sabia para grandeza de la Patria.
Estamos dispuestos siempre además a intercambiar criterios con los participantes, en general, centrados en tal asunto litigioso.
Hay un bastión enorme que ha acumulado muchas indagaciones documentales; lo cual les ha permitido acrisolar vivencias y experiencias. Tales compatriotas portan en sí mismos sendas “cajas de herramientas” intelectuales, siempre al servicio del país.
Guyana nunca estuvo dispuesta a continuar el litigio con Venezuela a través de la figura del Buen Oficiante.
Hubo un permanente saboteo, durante veinticinco años, a los procesos de conciliación y mediación.
Jamás quisieron negociación directa, conforme al Acuerdo de Ginebra, suscrito y ratificado el 17 de febrero de 1966; por cuanto, según palabras recientes del cuestionado presidente Irfaan Ali:
“Eso ha constituido una perdedera de tiempo, y no arrojó los resultados satisfactorios para ninguna de las dos partes en controversia. Y ese referendo de Venezuela es una amenaza a la Paz de América Latina y el Caribe”.
Añade, también, que “el Laudo de París ha sido ejecutoriado en el proceso de demarcación en 1905; y debe tenerse como Cosa Juzgada”.
Precisamente sobre este último argumento falaz basan su Pretensión Procesal en la Corte Internacional de Justicia.
El gobierno guyanés y sus tutores financieros, las (52) empresas transnacionales, que han recibido ilegales concesiones para explotar (esquilmar) los recursos en la zona en reclamación y su proyección atlántica, celebran, por anticipado, los posibles resultados sentenciales del Alto tribunal de la Haya (inclusive en ausencia de Venezuela).
Por lo pronto, nosotros estamos a la espera de la resolución de la Sala Juzgadora sobre la medida provisional que accionó Guyana contra el Referendo Consultivo y la réplica que hizo debidamente nuestra delegación; aunque, la población venezolana se encuentra decidida a realizar –indistintamente al fallo del mencionado Ente Jurisdicente- su consulta popular, por cuanto, comporta un legítimo recurso consagrado en nuestra Carta Magna.
La Corte sabe que nuestro país ha invocado siempre el Acto procesal de No Comparecencia; por cuanto, no le reconocemos jurisdicción, como instancia idónea para dirimir la controversia; y menos conocer forma y fondo de este asunto.
No hemos admitido ninguna Cláusula Facultativa de Obligatoria Jurisdicción, conforme al artículo (36) del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.
Venezuela, al no reconocerle jurisdicción a ese Ente Juzgador no se ha hecho Parte en este pleito; cuyo recurso interpusieron, unilateralmente, los coagentes de Guyana.
Entonces, si Venezuela no legitima, jurisdiccionalmente, a la Corte, el Alto Tribunal pierde cualquier piso competencial para dirimir fondo y forma la cuestión litigiosa que ha incoado Guyana
Un jurado puede tener jurisdicción y no competencia, pero no al contrario. Si no posee la jurisdicción, menos tiene la competencia.
La Competencia de la Corte Internacional de Justicia, para el caso Venezuela-Guyana, sería deducible a partir de la potestad jurisdiccional, que legalmente nuestro país le atribuiría a ese órgano judicial frente a la cuestión contenciosa que planteamos por más de cien años.
Debemos aclarar en igual sentido, que no cometemos ninguna arbitrariedad, ni contrariamos el Derecho Internacional con aplicar, a lo interno de nuestra nación, la diplomacia abierta”; para que “la diplomacia siempre avance de manera franca y a los ojos de la opinión pública” (Woodrow Wilson).
Consideramos que las cuestiones de índole internacional deben tratarse pública y francamente (y lo reafirmamos con la invocación de los artículos 5 y 71 de nuestra Constitución Nacional); porque los pueblos no pueden ser relegados a la condición de simples objetos.
Es justo que la nación entera pueda dar su opinión (como efectivamente lo hará este domingo) sobre cuestiones vitales; y mucho más si trata de nuestra reclamada integridad territorial.
El consenso percibido en toda Venezuela en torno al Referendo Consultivo es el producto de la suma de voluntades de todos los sectores de la sociedad, que ha asimilado este caso litigioso, única y exclusivamente como Asunto de Estado.
Ya habrá la ocasión y bajo distintas circunstancias de arreglar las otras cuentas pendientes.
Se hace imprescindible en este momento crucial, dejar sentado que el Acuerdo de Ginebra –único documento que reconocemos para todo efecto de la contención- contempla que ningún acto o actividad que se lleve a cabo mientras se halle en vigencia este Acuerdo constituirá fundamento para hacer valer, apoyar o negar una reclamación de soberanía territorial en los Territorios de Venezuela o la Guayana Británica, ni para crear derechos de soberanía.
Sin embargo, Los gobiernos que ha tenido Guyana de cualquier signo político; ya sea del partido Indoguyanés Partido del Progreso Popular (PPP) o el afroguyanés el Congreso Nacional Popular (CNP); aunque se antagonizan entre ellos para muchas cosas, pero coinciden en la deleznable posición de desconocimiento y desacato al contenido y aplicación del Acuerdo de Ginebra, y han otorgado en os últimos meses concesiones—como un acto de provocación– a diestra y siniestra en tres bloques petroleros ( Pomeroon, Stabroek y Kaieteur ) a más de treinta transnacionales para que exploren, exploten y comercialicen con los inmensos recursos en un área marítima que se encuentra por delimitar. Justamente en el espacio marítimo que genera la Zona en Reclamación; es decir, en el Mar territorial, Zona Contigua y Zona Económica Exclusiva.
Peor todavía, Guyana otorga, con irrespeto hacia Venezuela, licencias a compañías de muchos países – que dicen ser nuestros amigos y aliados– para que aprovechen sendos yacimientos que se encuentran dentro de las 200 millas náuticas que genera nuestra propia plataforma continental, proyección marítima del estado Delta Amacuro, que no está sometida a ninguna controversia.
Frente a tamañas tropelías ¿Qué nos corresponde hacer?: defender lo nuestro, por todos los medios.
Todos, sin excepción.