El asunto litigioso que nos ocupa prosigue su Proceso con la fase probatoria; entonces, para el 9 de este mes, como quedó contemplado – efectivamente- en la última vista por ante la Corte Internacional de Justicia, le corresponderá a la delegación diplomática de la República Cooperativa de Guyana (su agente y coagentes) comparecer en el mencionado Cuerpo Jurisdicente para exponer su réplica, contentiva de los elementos que ellos consideran “argumentos” que los asisten en este juicio.
Sospechamos que van insistir con las mismas causas de pedir: La validez del írrito, nulo y forcluído Laudo Arbitral, urdido en París el 3 de octubre de 1899 y que –además– solicitarán que la Sala confiera a tal adefesio la condición de cosa juzgada (res Judicata).
Tal vez preparando el terreno para crear una matriz opinática interna, en casi todos los medios audiovisuales de Guyana ha aflorado, en los últimos meses, una sibilina y machacona campaña de (des)información, cuya intención apunta a hacerle creer a la población que habita en la “Zona en Reclamación” que Venezuela no posee los recursos probatorios de nuestra contención; y que, por tales motivos, le habíamos estado rehuyendo al arreglo judicial, como “expedita alternativa” que ellos presentaron en la Corte.
Por cierto, demanda interpuesta contra nosotros, ingratamente; dado que, siempre hemos sido respetuosos absolutamente del Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966. Seguimos considerado, también, que llevar este caso a la señalada instancia constituyó como una especie de emboscada jurídica, que sin embargo no le tememos en lo más mínimo.
Explicaremos más adelante por qué.
En el mismo sentido expuesto en los párrafos anteriores, estamos observando y analizando el despliegue inusitado en los canales internacionales; asimismo, en los diarios de mayor circulación — los de mucha credibilidad y prestigio y los más leídos en el mundo- la ilimitada propaganda que el gobierno guyanés ha cancelado, con la finalidad de darse un barniz favorable en torno al histórico caso del Esequibo.
Tratan de diseñarse un espectro de comentarios generalizados acomodaticios.
El gobierno guyanés ha desatado un propagandismo con “descomunal ferocidad”, en dos vertientes: En Georgetown, con la utilización de la televisión a diestra y siniestra contra Venezuela; haciéndonos pasar como avaros en la reclamación o imbéciles e ignorantes del Derecho Internacional Público.
La otra burda estrategia ya la conocemos: Vienen organizando sistemáticas visitas a la Guayana Esequiba. Giras administrativas del presidente Irfaan Ali, de ministros, de miembros de las Fuerzas Armadas, de empresarios, y de representantes de todas las organizaciones políticas e iglesias.
Han quedado develadas las añagazas que diseñan y acometen los representantes de la contraparte en el pleito.
Veamos: Los pronunciamientos de la Caricom y –quizás para los próximos días— otro comunicado de la Commonwealth; Igualmente, han logrado sumar “solidaridades por conveniencias” de algunos países que (como es fácil advertir) tienen fuertes intereses en el área en contención, y ya han recibido ilegalmente por parte de Guyana concesiones para el desarrollo de proyectos.
El gobierno guyanés ha logrado reunir suficientes recursos dinerarios de las empresas transnacionales (¿extorsión?) que operan –sobre todo– en la proyección atlántica, área aún por delimitar. Con todo lo que han venido recaudando cancelan los carísimos honorarios de los abogados litigantes en este caso.
Nuestra simétrica estrategia de ofensiva en lo sucesivo -porque así lo desea la población venezolana- debe fijarse en estos términos: Si ya procedimos a la consignación de la Contestación de la demanda, el 8 de abril de este año; nada nos limitará que, para el 11 de agosto de 2025, cuando comparezcamos para la dúplica, accionemos una contrademanda o interpongamos una reconvención por todo el daño que Guyana ha venido perpetrando a Venezuela; aparejado a lo dicho solicitemos medidas de paralización de todas las operaciones de explotación del enjambre de las empresas que están esquilmando nuestros recursos en la zona terrestre y marítima que aspiramos, en justo derecho, nos sea restituida.
La delegación guyanesa pensó que con la demanda que presentó el 29 de marzo del 2018 ya el mandado estaba hecho.
Nunca se imaginaron en la excolonia británica que Venezuela ripostaría; que nuestro país estructuraría una comisión con densa formación, para la defensa de lo que histórica y jurídicamente siempre ha sido nuestro.
Manifestamos que nos sentimos orgullosos, honrados y dignamente representados por los compatriotas, por asesores de otras naciones y de todos quienes han venido trabajando con precisión en las indagaciones documentales requeridas para la elaboración del acervo de probanza.
Ha habido plena coincidencia de criterios para darle consistencia a nuestras argumentaciones.
Como habrá de suponerse –en la natural dinámica del mencionado equipo multidisciplinario– en algunas ocasiones se presentan eventuales opiniones contrapuestas en un aspecto específico, que luego van consiguiendo acoplamiento.
Resulta hermoso contrastar ideas y conjeturas con gente inteligente, imbricada en un objetivo común.
Ciertamente, donde todos nos encontramos en perfecta vertebración de posición es en denunciar la fraudulenta causa de la que se ha valido la contraparte para pedir en la Corte.
En la controversia que nos ocupa, estamos absolutamente convencidos –y lo probaremos– de que no hay Causa Típica acreditable en la demanda que activó Guyana, a través de la función jurisdiccional de la Sala Juzgadora de la ONU.
¿Por qué cuestionamos la “Causa” invocada en la demanda? Porque determinantemente no hay Causa. No tienen con qué ni cómo.
La Causa se extinguió, dejó de ser válida, por Inexistente cuando se suscribió el Acuerdo de Ginebra; y, por lo tanto, la causa de pedir de la contraparte carece de verdad. Se volvió ilícita.
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