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Ha llegado el momento para que demostremos con contundencia nuestra reafirmación venezolanista con hechos concretos; entre otros, decidir nuestra probable comparecencia por ante la Corte Internacional de Justicia, dentro de un mes, con la finalidad de consignar el memorial de contestación de la demanda.
Ya lo he dicho en bastantes ocasiones que nuestra presencia o no en ese Alta Tribunal corresponde a una indelegable determinación del jefe de Estado; por cuanto es una absoluta atribución constitucional de su expresa reserva
Guyana, con la interposición de acciones contra nuestro país y ratificarla en todas las audiencias celebradas, insiste, en su causa de pedir, que la Sala obligue a Venezuela a reconocer el presuntamente ejecutoriado Laudo Arbitral de París de 1899, como cosa juzgada.
A partir de abril, parece que la contraparte viene dispuesta a arreciar para asegurar y proteger los intereses de las transnacionales que están operando ilegalmente en la extensión territorial que nos desgajaron y su respectiva proyección atlántica.
En la recién celebrada asamblea ordinaria de la Caricom, esta entidad internacional ratificó su apoyo a Guyana.
Diremos también que, imprudentemente, el presidente Irfaan Ali (burlando el Acuerdo de Argyle del 14-12 2023) ha dado instrucciones, y hasta órdenes escritas a las mencionadas empresas para que se activen en cualquier coordenada marítima hacia su costado oeste, sin el más mínimo respeto a la soberanía venezolana en esa área; desconociendo, por completo y como le da la gana, el Acuerdo de Ginebra de 1966.
A pesar del artificial y baboso intercambio de regalos entre los dos presidentes, la excolonia británica nos ha venido atropellando y vulnerando en nuestro legítimo e histórico contexto geográfico; y aun así los voceros de aquella cancillería hacen la desvergonzada afirmación de que nosotros estamos violando su integridad territorial por la presencia del componente de la Armada Venezolana en la zona controvertida.
Ellos tienen varios años haciendo cabildeo en el Palacio de la Paz, sede de la Corte. Eso no nos amedrenta.
Además, se han atrevido a declarar que la “sentencia los favorecerá”; así la delegación venezolana no se encuentre presente, al invocar –nuevamente- la No Comparecencia, el cual constituye un recurso perfectamente válido conforme al Derecho Internacional Público.
Por encimita, argumentamos (en cualquier Cuerpo Sentenciador) que el adefesio denominado Laudo Arbitral de París de 1899 es nulo de nulidad absoluta; por lo tanto, se le califica como Inexistente jurídicamente.
Debemos dar a conocer que el equipo de asesores de la Parte guyanesa en este litigio ha recomendado que pidan, además, el envío de la «presunta decisión sentencial» de la CIJ, al Consejo de Seguridad de la ONU, para imponerla a Venezuela y hacer que la cumpla, inexorablemente.
No nos atemoriza que la presidencia protempore del Consejo Seguridad la esté ejerciendo la delegación guyanesa.
Han dicho que Guyana no se contentará con que la Corte decida mediante una resolución consultiva, conforme al artículo (65) de su propio Estatuto. Ellos exigen, de manera determinante una sentencia, definitivamente firme, con efectos impeditivos de impugnaciones ulteriores; en tanto Arreglo Judicial, establecido en el Artículo 33 de la carta de las Naciones Unidas.
Se sienten envalentonados y presumen de sus “aliados y socios internacionales”.
Han sido reiteradas las conversaciones que he sostenido con los directivos de las Academias, en las universidades del país; interesantes charlas con los integrantes de casi todas las ONG.s, cuyos miembros siguen siendo reconocidos, y al tiempo elogiables adalides en la defensa de nuestros derechos en la Guayana Esequiba.
Lo hemos reiterado, en todas nuestras conferencias por Venezuela: se hace obligante concitar una verdadera Unidad Nacional. Este caso trasciende a los gobiernos.
Sin embargo, entre todos nosotros aflora una común y compartida inquietud, que se manifiesta en interrogantes del tipo: qué estrategia habrá diseñado la cancillería venezolana para seguir enfrentando, con suficientes elementos probatorios, la demanda que ha ratificado permanentemente el gobierno guyanés; donde además pide que la CIJ sentencie a Venezuela en ausencia.
Nos llama la atención que siendo, como lo volvemos a mencionar, un Asunto de Estado haya tanta opacidad y displicencia por parte de quienes manejan la Política Exterior en nuestro país.
Entendemos que no todo deba debatirse a luz pública; sin embargo, admitida la Diplomacia Abierta, según las bases teóricas de Woodrow Wilson; hay elementos fundamentales que la población debe conocer con anticipación, para que aflore un despertar de conciencias y constantes solidaridades.
Hemos insistido en advertir que no es poca cosa la Pretensión Procesal de Guyana; y con de ellos, una lúdica de intereses de múltiples aristas. Se la están jugando completo.
Las generaciones presentes y futuras no tolerarán torpezas o desidias en este caso de reafirmación nacionalista, de tanta trascendencia.
Nuestra reivindicación por la Guayana Esequiba está hablando a tiempo por sí misma, para que se evite alguna salida deleznable.
Esa inmensa zona permanentemente ha constituido un apetecible territorio, con extraordinario potencial de desarrollo sostenible por sus incalculables riquezas mineras, hídricas, forestales, energéticas, edafológicas, petroleras etc. Territorio muchísimo más grande que algunos países europeos, asiáticos y centroamericanos.
Quienes están asesorando a la contraparte deben estar conscientes que en cualquier proceso judicial hay que obligarse a demostrar lo pretendido.
¿Cómo se les ocurre afirmar en la interposición de acciones contra Venezuela –en procura de acreditación de la Sala Juzgadora– que el inefable “Laudo” es cosa juzgada y debe configurarse (y aceptarse) como válido y vinculante para nosotros?
Con esa patraña no nos ganarán jamás, en justo derecho. Nosotros poseemos los títulos de propiedad, desde 1777, con la creación de la Capitanía General de Venezuela, con la Real Cédula de Carlos III.
Por lo pronto, nos mantenemos a la expectativa –como se encuentra toda Venezuela- por la resolución que pueda tomar la Corte a partir del ocho de abril, luego de cumplidas las Audiencias Públicas; donde tendremos la ocasión de explayar la contramemoria y alegar en justo derecho.