Mientras que los Estados con quienes hacemos costado fronterizo adelantan audaces políticas para el fortalecimiento de su infraestructura social y de reivindicación de cualquier otro tipo, nosotros seguimos exhibiendo, lamentablemente, una muy débil pared demográfica. Contaminada con elementos graves de inseguridad en esas zonas.
Entre tanto que la excolonia británica no pierde tiempo y, en todas las congregaciones internacionales, Caricom o Commonwealth, obtiene sendos pronunciamientos a su favor; nosotros dejamos pasar—pasmosamente— las mejores oportunidades para reivindicar, en similares escenarios, lo que siempre ha sido nuestro.
Por ejemplo, se nos escapó la propicia ocasión en la recién finalizada VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), celebrada en México, para decir y denunciar con contundencia el vil arrebato perpetrado, hace más de un siglo contra nuestro país, y que ahora lo han judicializado, con la autoconferida Competencia y Jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, para pretender replicar tal tropelía.
Lamentable que sigamos silentes en el mundo, ante un hecho abominable que se ha cometido contra nuestra soberanía.
No obstante, las fricciones y puntos de choque entre algunos mandatarios, la delegación nuestra debió manifestar, en la citada cumbre, la inconformidad que sentimos por el hecho de haber Guyana incoado, unilateralmente, una demanda en contra nuestra. Así además, nos quedamos esperando la expresa solicitud, por parte del presidente venezolano, de un pronunciamiento de solidaridad de los países que se dicen amigos y medran de nuestros recursos, cuyas delegaciones estuvieron allí presentes. Nada de nada. Solo discursos destemplados y abucheos.
Me atreveré a señalar que pareciera que esos espacios geográficos fronterizos no fueran nuestros; no obstante, llegar a equipararse esa inmensidad de territorio con 60% de la geografía nacional y estar habitado por una quinta parte de la población.
Históricamente, las sensibilidades y padecimientos en nuestras regiones colindantes y sus asuntos álgidos no constituyen agenda prioritaria para la acción administrativa del Estado venezolano. Solo hay, de vez en cuando, reacciones torpes y espasmódicas. Se actúa impelido por algún cruento evento circunstancial. Muy pocas o nulas respuestas sistemáticas.
Las empresas transnacionales continúan esquilmando los ilimitados recursos en el territorio y en la proyección atlántica de la Zona en Reclamación; y la Cancillería venezolana ni se entera; y si se entera no se pronuncia, por lo menos –para guardar las formas—con una nota de protesta, con base en el contenido y alcance del Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966.
Nos preocupa además el poco interés que nuestra reclamación centenaria por la Guayana Esequiba despierta a lo interno de la opinión pública nacional. El trabajo de concienciación de nuestra parte seguirá, una y muchas veces, incansablemente por todo el país.
Nos consta, luego del recorrido que hicimos por la poligonal fronteriza venezolana, las condiciones de aislamiento y pobreza; cuya inmediata consecuencia es un marcado desequilibrio geopolítico; casi que sin la menor posibilidad de asegurar geoestrategias.
Los Esequibistas —así nos hemos dado a conocer quienes estudiamos este asunto litigioso y defendemos esta séptima parte de nuestra geografía— en bastantes ocasiones formulamos las debidas advertencias a las autoridades de la Cancillería venezolana, en el sentido de que quedarse callados incurren en lo que se conoce en el Derecho Internacional como Aquiescencias o permisividades; también expusimos que omitir las denuncias oportunas y contundentes, puede llegar a considerarse como silencios cómplices, desistimiento de la contención; y peor aún las alabanzas imprudentes e inconvenientes en favor de la contraparte.
Ambas manifestaciones: la dejadez de nuestra Cancillería para denunciar ante la ONU, por extensión a la comunidad internacional; y el “coqueteo” o juego imprudente que procura aparentar supuestas firmezas en el reclamo; nombrar comisiones oficialistas, vocear consignas huecas , incluir el litigio histórico en las mallas curriculares en las universidades. Todo eso, lo que parece es un “trapo rojo”, cuando las circunstancias de concienciación nacional los aprieta.
Los Esequibistas, de las distintas regiones del país, sacamos varias conclusiones al respecto; entre otras, las siguientes: hay una especie de expresa disposición, de esos funcionarios de la Cancillería, para hacerse los locos, con complacencias indirectas, con involuntarias permisividades; dejar que los compromisos y responsabilidades les resbalen; como que no fuera una materia de suma trascendencia histórica del Estado venezolano (no del gobierno, que es otra cosa). Decimos con propiedad —lamentándolo mucho— percibimos una actitud de desentenderse.
Vale tanto, como aquel viejo adagio griego: sembrar sal entre las piedras. Voltear la mirada.
Todavía nos preguntamos, qué ha hecho la Cancillería con un enjundioso estudio documental y cartográfico que recibió hace tres años por parte del investigador Ugo Giuliani, quien estuvo un largo período indagando, en Londres, la base jurídica por la que Venezuela reclama el área en cuestión.
El citado narrativo histórico se suma a la investigación, que en su oportunidad, 1965, hicieron, en los archivos británicos, dos eminentes jesuitas venezolanos: Hermann González y Pablo Ojer.
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