La disputa centenaria por el inmenso territorio –que nos arrebataron con vileza– entre Venezuela y Guyana ha tenido a lo largo de su desenvolvimiento ciclos de altas y bajas.
En algunas precisas ocasiones pareciera que se extremaran las posiciones de parte y parte. Se han percibido recrudecimientos que se llega a sacar una conclusión a priori; y por el tono uno aligera y dice: “Ahora sí la cosa va en serio”.
Sin embargo, analistas coinciden en que la tensión provocada para reivindicar el área citada por los gobiernos venezolanos (de distintos signos y colores) se incrementa en las proximidades de procesos comiciales; y que una vez trascendido el hecho electoral baja el ardor del pleito fronterizo, significativamente. A la situación descrita en el párrafo anterior le hemos estado haciendo un severo estudio y seguimiento.
Apoyados en datos concretos llegamos a afirmar que el conflicto histórico –del cual nos ocupamos desde hace muchos años—ha sido utilizado con sesgos políticos; como una especie de estrategia para crear un falso nacionalismo, y casi nunca como lo que debe ser: una sostenida reivindicación venezolanista con suficientes elementos de probanzas.
En el señalamiento anterior, personalmente he coincidido con el experto Sadio Garavini, quien ha insistido: “El gobierno ha demostrado que todo cuanto es el caso Esequibo lo tratan como un tema electoral; así también, debo exponer que cuando se dan cuenta de que bajan en las encuestas y que sus tácticas parar crear un nacionalismo fallan, deciden no tocar, circunstancialmente, el tema del Esequibo. El Ejecutivo no se ha mostrado interesado, en los últimos 15 años, en la disputa territorial sino hasta el momento en el que se acercan algunos comicios. El fallecido presidente venezolano Hugo Chávez nunca tuvo ningún interés al respecto, pese a su gran poder político y económico con el que pudo haber llegado a un acuerdo con Georgetown”.
Lo cierto es que La controversia sigue estando allí. El litigio ha escalado a la Corte Internacional de Justicia. Ente sentenciador que ha programado para los años 2022 y 2023 los eventos para que las partes conflictuadas; caso de Guyana ratifique su demanda, obviamente con inserción de su pretensión procesal; y en nuestro caso, ocasión para consignar el memorial de contestación.
Nos sigue preocupando el silencio injustificado e incomprensible que se ha ido apoderando de quienes representan al Estado venezolano en la controversia por el Esequibo.
Resulta extraño que luego de la convulsión que se levantó internacionalmente, por las audiencias orales –a las cuales no asistimos e invocamos la no comparecencia–; y por las decisiones de la Corte en febrero y marzo de este año, no ha habido, ni el país ha apreciado mayores iniciativas para insistir en las tareas de concienciación, y menos en la estructuración del equipo multidisciplinario para la recuperación del territorio, que nos han usurpado desde la firma del Laudo Arbitral de París, del 3 de octubre de 1899.
Aprovechando la desatención de las autoridades venezolanas, la empresa Exxon Mobil se ha encargado de capitalizar –directa o indirectamente– todos los trabajos de exploración sísmica, explotación y comercialización petrolera en el contexto geofísico en el Bloque Stabroek, ubicado en la proyección atlántica del estado Delta Amacuro. Advertimos que es área venezolana que jamás ha estado bajo ningún pleito fronterizo; además, incurren en flagrante violación del Acuerdo de Ginebra, suscrito el 17 de febrero de 1966.
Agreguemos también, que a pesar de los constantes señalamientos contra Exxon Mobil, la transnacional más protuberante que se instaló ilegalmente en esos yacimientos; tampoco los gobiernos nuestros han hecho las denuncias de las empresas con concesiones espurias aprobadas por Guyana para esquilmar recursos de todo tipo, que pertenecen a la nación venezolana.
Hemos denunciado, con insistencia, que hay un enjambre de empresas operando, bajo la coordinación, como se sabe, de la Exxon-Mobil, la cual fija los procedimientos, en el área, para la Shell holandesa, a la CGX estadounidense, a la Anadarko canadiense, a la CNOON china; en fin, se conoce que sobrepasan las (52) compañías que allí se instalaron, procedentes de muchos países, que se dicen amigos de Venezuela; incluso algunas naciones que hemos estado apoyando a través de Petrocaribe.
Están aprovechando, como mejor les plazca, los recursos madereros, acuíferos, mineros, petrolíferos y energéticos en general, en nuestra Guayana Esequiba; no únicamente en el área territorial de los 159.500 km2 que nos arrebataron; sino además han permisado a grandes consorcios en la proyección atlántica nuestra.
Estimaciones recientes del Fondo Monetario Internacional revelan que Guyana tendrá, en 2021, un crecimiento de su PIB por el orden de 86%; incluso, se especula que sobrepasará en 14% a la misma China, en su incremento de riquezas.
Se habla de que en los próximos meses comenzarán las “exportaciones petroleras de Guyana” (¿?), entre 700.000 y 1 millón de barriles diarios. Además, añaden que la excolonia británica puede llegar a ser el país con el mayor caudal financiero líquido disponible y de ingreso per-cápita. Podría llegar a ser el país, en el mundo, con el mayor número de barriles de petróleo por habitante.
La señalada perplejidad (y las comillas que adrede utilizamos) para relatar las cifras anteriores vienen dadas porque la Zona Esequiba (y su proyección marítima) donde están operando las citadas empresas nunca ha sido ni británica ni guyanesa. Tenemos una reclamación centenaria que ahora se dirime en la Corte Internacional de Justicia. Poseemos suficientes elementos probatorios para exponer y alegar que la Guayana Esequiba es nuestra jurídica, cartográfica e históricamente.
Ha habido una ocupación abusiva de las transnacionales, a partir de concesiones fraudulentas e ilegales que recibieron de los gobiernos guyaneses. Entregas impregnadas de añagaza económica.