Bernardo Arévalo de León, presidente electo de Guatemala, en la segunda reunión de transición en septiembre de 2023 / Foto Gobierno de Guatemala
Tema
Bernardo Arévalo asumirá el 14 de enero como presidente de Guatemala (2024-2028) en medio del deterioro de la institucionalidad democrática impulsada por la resistencia de parte de la élite que se ha apropiado de las instituciones y ha mermado la capacidad de gobernabilidad de Arévalo. Todo esto coloca a la nueva administración en una situación muy delicada y ante grandes retos de gobernabilidad.
Resumen
Las democracias occidentales, América Latina no es una excepción, atraviesan una época de “fatiga” y acoso de alternativas iliberales y élites que han cooptado el Estado. Guatemala es el último ejemplo de esta tendencia, por la doble estrategia del “bloque de poder” de impedir la toma de posesión el 14 de enero del presidente electo o, tras no lograrlo, mermar la capacidad de acción de la futura administración arevalista (2024-28). Se trata, en principio, de un gobierno que se presenta como contrario a los intereses creados, a la corrupción y a la posición hegemónica del sector de la elite que controla las instituciones. La gran duda es si, más allá de las promesas y del respaldo popular podrá avanzar en sus reformas para modernizar un sistema político lastrado por pesadas hipotecas y grandes intereses sectoriales.
Análisis
Bernardo Arévalo asume como presidente de Guatemala para el periodo 2024-2028 el 14 de enero, tras haber ganado la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de agosto pasado y tras cinco largos meses de transición, una verdadera travesía del desierto. En este tiempo, sectores de la élite hegemónica han desplegado una doble estrategia: impedir la asunción de Arévalo y, previendo la dificultad de no lograrlo, debilitarlo para reducir su margen de acción en la presidencia. Todo esto coloca a la nueva administración en una situación muy delicada y ante grandes retos de gobernabilidad. Por eso, la gran duda es si, más allá de las promesas y del respaldo popular Arévalo podrá avanzar en sus reformas para modernizar un sistema político lastrado por pesadas hipotecas y grandes intereses sectoriales.
Esa parte de la élite es una coalición hegemónica pero no un grupo homogéneo, con intereses no siempre coincidentes ni compatibles ni estrategias comunes. Tiene aliados institucionales como el actual presidente Alejandro Giammattei, que ha acumulado y centralizado amplias cuotas de poder, y la fiscal general Consuelo Porras. El excanciller Edgar Gutiérrez lo describe como una élite que desde 2019 “ha fungido como punta de lanza del Pacto de Corruptos, una coalición informal de políticos, élites burocráticas y empresariales, más los poderosos grupos de narcotraficantes, que ha movido regresivamente las libertades civiles y políticas, desatando una feroz persecución contra la disidencia, en particular contra los operadores de justicia independientes”.
Guatemala se ha convertido, desde las elecciones de junio de 2023, en el ejemplo más palpable y reciente del acoso a las democracias latinoamericanas en el siglo XXI. Lo que ocurre en Nicaragua desde la vuelta al poder de Daniel Ortega en 2006 o en El Salvador con Nayib Bukele desde 2019 se replica ahora en Guatemala. Como señalaron Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, en Cómo mueren las democracias, la forma de acabar con ellas no es con golpes de Estado tradicionales sino mediante la apropiación de las instituciones y el acoso a los actores políticos y a la sociedad civil: “En el siglo XX eran golpes de fuerza con tanques, bayonetas, con militares y duraban dos o tres días. Los golpes del siglo XXI son dados con diputados, con abogados, en las cortes… Es más sofisticado, tarda mucho más tiempo, se hace con la pretensión de que se continúa con las instituciones”.
Esas nuevas dictaduras o regímenes iliberales cooptan las instituciones democráticas para construir un nuevo entramado legal, permanecer en el poder y excluir de los comicios a sus rivales más competitivos, con elecciones inequitativas: “Las democracias pueden fracasar –señalan Levitsky y Ziblatt– a manos no ya de generales, sino de líderes electos, de presidentes o primeros ministros que subvierten el proceso mismo que los condujo al poder… y así es como los autócratas electos subvierten la democracia, llenando de personas afines e ‘instrumentalizando’ los tribunales y otros organismos neutrales … y reescribiendo las reglas de la política para inclinar el terreno de juego en contra del adversario. La paradoja trágica de la senda electoral hacia el autoritarismo es que los asesinos de la democracia utilizan [sus] propias instituciones… de manera gradual, sutil e incluso legal para liquidarla”.
Esa es la historia de Guatemala desde 1986, donde, poco a poco, una parte de la elite político-económica fue controlando la institucionalidad más allá de los gobiernos. Las protestas populares de 2015, que acabaron con Otto Pérez Molina por su connivencia con la corrupción, junto a la acción de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ante las tramas y redes corruptas, llevaron a los grupos de poder a acelerar la cooptación de las instituciones durante los gobiernos de Jimmy Morales (2016-2020) y Giammattei. Era una forma de protegerse frente a movilizaciones ciudadanas (2015) o ante instituciones (CICIG) capaces de amenazar sus privilegios. Esta red de intereses, o “pacto de corruptos”, construyó una tupida malla institucional que ha servido de escudo para defender sus intereses. En la última administración, el Ejecutivo ha controlado el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Corte de Constitucionalidad (CC), el Ministerio Público (MP) y la Universidad San Carlos (USAC).
Con esas herramientas, la élite ha conseguido preservar su hegemonía impidiendo que candidatos ajenos al sistema o que podían amenazarlo participaran en las elecciones. En 2019 quedó excluida la exfiscal general Thelma Aldana quien, como aliada de la CICIG, se oponía al bloque de poder. En 2023, Roberto Arzú y Carlos Pineda –críticos con el sistema y difícilmente instrumentalizables– fueron excluidos del proceso electoral. Impedir la participación de estos potenciales enemigos allanaba el camino para la victoria de figuras más manejables (Morales) o cercanos a los intereses creados (Giammattei).
Esta estrategia falló en 2023 cuando un candidato imprevisto y peligroso para el régimen y la élite (Arévalo, del Movimiento Semilla) pasó a la segunda vuelta con sólo el 12% de los votos y ganó el balotaje de forma contundente frente a Sandra Torres, la favorita del sistema. Desde entonces, esos grupos heterogéneos que habían ido cooptando las instituciones democráticas desde la primera década del siglo, desplegaron diversas iniciativas político-judiciales tendentes a impedir su llegada al poder. Pero, dada las dificultades del intento, se ha impuesto una estrategia más pragmática: desgastar a Arévalo, reducir su margen de acción y su base política, y deteriorar sus recursos de gobierno para lastrar su futura gestión presidencial.
Esa élite, desconectada del país real (más urbano, joven y vinculado a las redes sociales) y de los nuevos movimientos sociales (grupos organizados y poder local indígena) ha utilizado su control institucional en pos de sus objetivos. En especial el MP, en manos de Porras, aliada de Giammattei. La idea fue aprovechar el largo proceso de transición (del 20 de agosto al 14 de enero) para mermar la capacidad política de Arévalo (con la cancelación del Movimiento Semilla como partido político), la judicial (eligiendo una nueva Corte Suprema de Justicia y renovando el TSE) y la económica (con un presupuesto que maniate a la futura administración, dejándola en manos de un Congreso opositor).
La estrategia parece diseñada para dejar al futuro gobierno sin un grupo parlamentario propio y sin autonomía financiera ante un Poder Judicial cooptado y controlado. El objetivo último es anular las posibilidades de Arévalo de impulsar reformas contrarias a la elite hegemónica, incluyendo la lucha contra la corrupción.
1. La cancelación de Semilla
En el terreno político, los enemigos de Arévalo han buscado socavar a su partido y anularlo. El nuevo presidente afrontará, tras su llegada al poder, un déficit de cuadros. Tampoco contará con un Estado sólido. Esto convierte a Semilla en la herramienta clave –y casi única– para que Arévalo construya gobernabilidad.
Dañar al Movimiento Semilla es un duro golpe contra el futuro gobierno. Por eso, el MP, dirigido por Porras, inició muy pronto, en julio, el proceso judicial para acabar con Semilla (la tercera fuerza legislativa, 23 diputados). Se busca que sus diputados sean reconocidos como bancada, impidiéndoles presidir Comisiones parlamentarias y ocupar cargos directivos. Antes de la segunda vuelta, el MP trató de suspender su personalidad jurídica y excluirlos. El juez Freddy Orellana ordenó su cancelación y el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, sostuvo que Semilla habría cometido el delito de lavar dinero u otros activos al pagar siete quetzales (menos de un dólar) por cada una de las firmas de adhesión, sin saberse la fuente de financiación.
En agosto, el Registro de Ciudadanos, órgano dependiente del TSE, suspendió la personalidad jurídica de Semilla, como ordenó Orellana. Aunque el TSE revirtió la suspensión, su protección caducó el 31 de octubre, al culminar oficialmente el proceso electoral. Entonces, el Registro de Ciudadanos confirmó la inhabilitación temporal de la personalidad jurídica de Semilla desde el 2 de noviembre. Su efecto inmediato fue el desconocimiento de su representación en el Congreso y sus diputados fueron declarados independientes.
Al carecer Semilla de personalidad jurídica, sus 23 diputados podrían considerarse independientes, dejando al futuro oficialismo sin representación legislativa. La decisión de suspender a Semilla debe ser confirmada por el TSE, pero dada la licencia temporal de cuatro de sus magistrados, que acaban de perder la inmunidad, el pleno no puede celebrar sesiones ni tomar decisiones importantes. Todo indica que los congresistas electos por Semilla serán declarados independientes.
Arévalo inaugurará su presidencia con su capacidad legislativa mermada. Con solo 23 diputados, de 160 (llegaría a sumar 40 con otros apoyos) (Figura 1), y escasa capacidad de negociar con las bancadas próximas al actual bloque de poder, que ronda los 112 escaños, estará en inferioridad de condiciones en un Congreso que puede vetar las iniciativas presidenciales con 107 votos. Si bien las alianzas serán fluidas y los bloques cambiantes y poco homogéneos, el reparto de apoyos será, inicialmente, poco favorable a Arévalo, incluyendo los ocho diputados “oscilantes”.
Figura 1. Distribución de los apoyos parlamentarios
| Partidos del “pacto de corruptos” | 112 |
| Vamos | 39 |
| UNE | 28 |
| Viva | 11 |
| Unionistas | 7 |
| Parte de Cabal | 9 |
| Todos | 6 |
| Valor | 5 |
| Victoria | 3 |
| Nosotros | 3 |
| Cambio | 1 |
| Partidos pro Arévalo | 40 |
| Semilla | 23 |
| Parte de Cabal | 9 |
| Vos | 4 |
| CREO | 3 |
| Partidos oscilantes | 10 |
| Elefante | 2 |
| Bien | 4 |
| Azul | 2 |
Fuente: Elaboración propia.
Si bien el propósito del nuevo presidente será aliarse con los grupos afines y arañar respaldo en las restantes bancadas (hay 97 diputados nuevos), su decisión de no negociar apoyos parlamentarios, como hicieron otros gobiernos, a cambio de acuerdos y beneficios económicos, dificulta la conformación de una sólida base de respaldo legislativo. Por tanto, su margen de acción será reducido. El Congreso anterior, de mayoría antiarevalista, rechazó todas las enmiendas presupuestarias de Semilla.
Sin embargo, la extrema división de las bancadas de Vamos, Cabal y la UNE abre una ventana de oportunidad para lograr nuevos apoyos y engrosar las filas del futuro oficialismo. De momento, UNE y Vamos quieren controlar el próximo Congreso y condicionar a su Junta Directiva en el primer año del gobierno de Semilla. Aunque, las cuatro bancadas mayoritarias de la X Legislatura (VAMOS, UNE, Semilla y Cabal) no quieren integrar la Junta Directiva.
2. Un presupuesto atado y bien atado
El proyecto de la alianza de poder no sólo ha sido dejar el gobierno Arévalo debilitado políticamente, sino también mermarlo económica y financieramente. Lo ha hecho mediante el presupuesto de 2024, que resta margen de acción a la nueva administración para aumentar el gasto o redefinir objetivos. El Congreso ha elaborado un presupuesto restrictivo para el gobierno y si bien no modificó el techo presupuestario, sí restó recursos a aquellos ministerios que el nuevo gobierno desea privilegiar, como Salud, Desarrollo Social y Gobernación y aumentó los recursos a las entidades que encabezaron la ofensiva contra Semilla: la USAC, el MP y el Organismo Judicial (OJ).
La Comisión no sólo ha recortado el gasto en los ministerios vitales para el nuevo gobierno, sino que también dispuso que el Ejecutivo debe reasignar el presupuesto para financiar 49 proyectos de infraestructura a cargo del Ministerio de Comunicaciones. Estas obras no están planificadas y se vinculan a intereses de diputados y otros grupos de poder.
El Congreso subestimó los ingresos para obligar al futuro gobierno a endeudarse y negociar con un legislativo opuesto al endeudamiento. El dictamen proyecta que los ingresos tributarios ascenderían a 98.533 millones de quetzales en 2024, cifra que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) calcula subestimada. Los artículos 56 y 69 dicen que el Ministerio de Finanzas podrá emitir, negociar y colocar Bonos del Tesoro previa aprobación del Congreso, una norma previamente no incluida en un dictamen presupuestario. Esto podría paralizar la inversión pública en infraestructura y desfinanciar al Estado para cumplir con sus obligaciones. El objetivo es obligar al gobierno a recurrir al Congreso por más fondos vía endeudamiento, dando al antiarevalismo legislativo un arma para condicionar, controlar y obstaculizar su acción.
Arévalo publicó en diciembre una carta a Giammattei pidiéndole que vetara el presupuesto de 2024, ya que “contiene graves violaciones al marco legal e irregularidades que afectarán la gestión pública, el bienestar social y el desempeño económico del próximo año”. Días después, la CC acordó un amparo provisional, dejando en suspenso el Presupuesto.
3. La inhabilitación y la repetición de las elecciones
En paralelo al intento de mermar y deteriorar a la futura administración y reducir su margen de acción, el bloque de poder y sus agentes (el MP) trataron de impedir la asunción presidencial. Su estrategia era “embarrar la cancha”, manteniendo una sensación prolongada de provisionalidad e incertidumbre. Si bien tenía escasas posibilidades de éxito, era perniciosa para la institucionalidad y la consolidación del futuro gobierno.
El primer intento fue invalidar el resultado de junio. Después de que el TSE oficializara el escrutinio de la primera vuelta, la Fiscalía atacó a Semilla, asegurando que había utilizado firmas falsas para legalizarse. Posteriormente, el 30 de junio, nueve partidos denunciaron ante la CC supuestos vicios e inconsistencias en el resultado electoral y pidieron un amparo para suspender la adjudicación de cargos hasta resolver las discrepancias. Al día siguiente, la CC ordenó a las juntas electorales repetir las audiencias de escrutinios y cotejar los datos de cada mesa electoral con los valores ingresados al sistema informático. Finalmente, el recuento de votos concluyó el 7 de julio sin cambios significativos y el 12 el TSE confirmó que Torres y Arévalo disputarían el balotaje de agosto.
Pero, el MP siguió su ofensiva. Semilla fue suspendida por haber afiliado presuntamente a personas sin su consentimiento. El fiscal especial contra la impunidad, Curruchiche, explicó que se habían investigado irregularidades en el registro de más de 5.000 miembros de Semilla. El proceso vivió un nuevo capítulo cuando la CC suspendió la orden que impedía a Semilla presentarse a las elecciones presidenciales. Ese mismo día, fiscales del MP allanaron la oficina de registro de ciudadanos del TSE como parte de una investigación sobre el partido de Arévalo.
Tras la segunda vuelta, el TSE declaró ganador a Arévalo, pero el Registro de Ciudadanos del TSE suspendió temporalmente a Semilla, basándose en una orden judicial relacionada con las supuestas firmas falsas de 2018. La medida quedó en suspenso hasta fin de octubre porque el TSE revocó temporalmente la suspensión, al considerar que los partidos políticos no pueden ser inhabilitados durante la vigencia del calendario electoral.
La siguiente arremetida llegó en noviembre y diciembre. En noviembre salió a la luz un nuevo caso, el de la USAC, y en diciembre el MP reimpulsó el de las firmas falsas. El primero buscaba quitar la inmunidad a Arévalo y el segundo declarar nulas las elecciones presidenciales. El 16 de noviembre, el MP puso en marcha un nuevo caso, acusando a Arévalo de dañar el patrimonio de la USAC durante la ocupación de las instalaciones por estudiantes. También, le abrió un antejuicio y exigió despojarlo de su inmunidad para procesarlo. La querella también alcanzó a la vicepresidenta electa, Karin Herrera.
El 8 de diciembre el MP dio el paso definitivo en su intento de judicializar la elección al presentar los resultados de tres investigaciones sobre el proceso electoral y Semilla, recomendando anular los comicios. La Fiscalía consideraba que Semilla no debería haber participado al no poseer las firmas suficientes. Además, el MP lo acusó de haberse financiado ilegalmente.
Pero, el TSE dijo que no existían motivos para anular los comicios. Para Blanca Alfaro, su presidenta, el resultado era inalterable ya que “el TSE ya realizó el evento electoral 2023, ya le entregó a la ciudadanía en una democracia la alternancia del poder a las y los funcionarios que tienen que tomar posesión el 14 y 15 de enero; nosotros hemos terminado y la CC fue clara al decir que las decisiones que competen al TSE somos nosotros quienes las tomamos”.
La oposición del TSE a secundar la estrategia de la Fiscalía explica la ofensiva del MP contra el TSE, al que acusó de corrupción y fraude por la compra sobrevalorada de equipos para la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). Según los fiscales del MP, el software para la transmisión de datos electorales fue “objeto de sabotaje”, presuntamente internacional, permitiendo la alteración de los resultados. Por eso el MP buscó retirar la inmunidad a los magistrados Irma Palencia, Ranulfo Rojas, Mynor Franco y Gabriel Aguilera, aprobada en el Congreso, dominado por el oficialismo.
La estrategia de impedir la toma de posesión de Arévalo se hundió definitivamente un mes antes de producirse, cuando la CC emitió un recurso de amparo definitivo impidiendo al MP obstaculizar la investidura del presidente electo. El máximo tribunal instó al Congreso a “materializar” la toma de posesión de “todo funcionario electo en el proceso electoral de 2023”.
4. Emergencia de nuevos actores
La orfandad política e institucional de Arévalo puede verse compensada, al menos en parte, por la emergencia de dos actores que han tenido un papel relevante en la crisis y lo seguirán teniendo en los próximos años: la comunidad internacional, básicamente Estados Unidos, de donde proceden las remesas que suponen el 20% del PIB, y la movilización ciudadana, especialmente de los movimientos indígenas.
Las maniobras del bloque de poder provocaron la emergencia de un actor inesperado, con una agenda autónoma pero coincidente con la de Arévalo: los movimientos indígenas. Estos, liderados por los 48 Cantones de Totonicapán, convocaron un Paro Nacional en octubre y parte de noviembre para defender la democracia y respetar los resultados. Los grupos indígenas mostraron su capacidad de organización y movilización y avisaron al futuro gobierno que deberá contar con ellos, ya que bien pueden ser su aliado o bien lastrar su gestión en caso de desacuerdo, utilizando su capacidad de veto y bloqueo.
Estados Unidos fue el gran apoyo de Arévalo. Washington mantuvo un constante respaldo al presidente electo y a la institucionalidad democrática, especialmente tras el intento del MP de anular los comicios. En octubre, Arévalo se reunió con Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos, quien confirmó el “firme compromiso” de su país en apoyo de la democracia guatemalteca.
El seguimiento de Washington a esta crisis institucional es prolongado. En 2021 incluyó a Porras en la Lista Engel y en 2022 a Currichiche. En diciembre de 2023, el departamento del Tesoro sancionó a Miguel Martínez, un colaborador cercano de Giammattei. Martínez dirigió en 2020 el Centro de Gobierno, una comisión presidencial creada por Giammattei, criticada por duplicar funciones de la vicepresidencia, que terminó disuelta. El departamento del Tesoro explicó que Martínez fue considerado “uno de los funcionarios no electos más poderosos” y que, aunque ya no ocupa un cargo, sigue siendo “una de las personas más influyentes en la Administración de Giammattei”. Según Washington, “ha influido en el proceso de contratos gubernamentales para su beneficio y el de personas cercanas”, acusándolo de confabularse con otros funcionarios para adjudicar ilegalmente contratos gubernamentales al margen de Guatecompras, la plataforma oficial de contrataciones públicas. Además, habría solicitado “grandes sobornos” en la compra de vacunas rusas contra el COVID-19.
Tras la propuesta del MP de anular las elecciones, la Administración Biden condenó “enérgicamente las últimas acciones antidemocráticas del MP…, otro intento flagrante e inaceptable de desafiar la voluntad de los guatemaltecos y negar la elección del presidente electo”. Nichols advirtió que se amenazaba la reputación favorable al mercado de Guatemala y que habría una fuerte respuesta de Estados Unidos. El Departamento de Estado informó en diciembre que apoyaba a quienes buscan salvaguardar la democracia y el Estado de derecho y retiró el visado a casi 300 guatemaltecos, incluidos más de 100 integrantes del Congreso, así como a representantes del sector privado y sus familiares “por socavar la democracia y el Estado de derecho”.
Arévalo ha tenido otros respaldos internacionales, como la Unión Europea (UE), que ha sido muy clara. Su Misión de Observación Electoral (MOE-UE) aseguró en noviembre pasado que no hubo fraude y expresó su preocupación por las acciones contrarias al proceso electoral. El 8 de diciembre, el alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, afirmó que “la UE condena los intentos de anular las elecciones…, basados en acusaciones espurias de fraude: un intento de golpe de Estado que afectará a las relaciones UE-Guatemala”. Thomas Peyker, embajador de la UE, que había en marcha sanciones selectivas contra los principales actores que socavan el proceso electoral y la democracia, con “prohibición de visados y congelación de activos”.
El Parlamento Europeo aprobó una resolución denunciando un “intento de golpe de Estado” y apoyando al presidente electo. La medida, aprobada con 432 votos a favor, nueve en contra y 39 abstenciones, condenó las maniobras del MP para invalidar el resultado electoral. El Parlamento Europeo consideró que las acciones de algunas autoridades conculcan la Constitución, el Estado de derecho, la integridad del proceso electoral y los principios fundamentales de la democracia, incluida la separación de poderes. Tampoco dudó en utilizar nombres propios en su propósito de que los responsables de la obstrucción democrática rindan cuentas y pidió al Consejo la adopción de sanciones contra la fiscal general, Porras, el jefe de la FECI, Curruchiche, el juez Fredy Raúl Orellana, la fiscal de la FECI, Leonor Eugenia Morales, y el secretario general del MP, Ángel Arnoldo Pineda, entre otros, incluyendo la prohibición de viajar a Europa y la congelación de activos. Les acusa de socavar el proceso electoral e instrumentalizar sistemáticamente a la Justicia para debilitar el Estado de derecho y criminalizar a la oposición.
También fue muy contundente la Organización de Estados Americanos (OEA) al invocar el artículo 18 de la Carta Democrática Interamericana y solicitar al gobierno de Guatemala el consentimiento para realizar una visita de buenos oficios al país.
Conclusiones
Guatemala finalizará el 14 de enero casi medio año de incertidumbre que ha puesto en peligro su democracia y amenaza la estabilidad institucional de los próximos cuatro años. Las maniobras de la elite de poder y sus terminales mediáticas e institucionales para evitar la toma de posesión de Arévalo y de restarle recursos políticos y económicos para gobernar limitan el margen de acción del nuevo gobierno.
El establishment intentó aplicar una táctica golpista (evitar la toma de posesión mediante la aplicación interesada de la legislación) y una estrategia para bloquear al nuevo gobierno, dejándolo sin apoyos políticos y limitando sus facultades económicas, financieras y de comunicación. Han podido desplegar esta estrategia porque la democracia guatemalteca está debilitada institucionalmente, lo que favorece la deriva de los partidos o coaliciones gobernantes de rechazar su derrota. Así, ciertas instituciones son puestas al servicio de los intereses de la élite mediante el abuso de instrumentos legales, la criminalización de la oposición o la acusación contra aquellos actores e instituciones que no lograron ser cooptadas.
Se prevé un mandato de Arévalo complejo, lleno de obstáculos y zancadillas, un periodo en el que no habrá desaparecido el viejo sistema –aunque el grupo de poder va a irse deshaciendo– ni nace definitivamente el nuevo orden, dada la extrema debilidad del arevalismo, aunque cuente con la poderosa herramienta de los recursos de la presidencia. Arévalo, desde el Palacio Nacional, puede y debe negociar en temas en los que hasta ahora el Movimiento Semilla no se ha mostrado especialmente hábil ni predispuesto. Unas negociaciones claves para sacar adelante la agenda reformista, anticorrupción y modernizadora, que explica su éxito electoral.
El bloque de poder, sin una dirección clara y muy fragmentado, muestra grietas que pueden ser aprovechadas por el gobierno. Estas divisiones se han visto en las decisiones de la CC y del TSE, en teoría encolumnadas con la elite hegemónica, que han desbaratado los planes para impedir el balotaje, la toma de posesión de Arévalo y hasta la aprobación del presupuesto. Sin embargo, esos mismos organismos han recordado los límites que deberá guardar el futuro presidente. La CC negó dos acciones de inconstitucionalidad que buscaban dejar en manos de la Presidencia la remoción de la fiscal general, como deseaba Arévalo, quien dijo repetidamente que cuando inicie su gobierno solicitará la renuncia a la fiscal general.
La debilidad política y financiera con la que llega Arévalo a la presidencia convierte a otros actores, los movimientos sociales y la comunidad internacional, en claves para alcanzar cierta gobernabilidad y obtener respaldo adicional a un gobierno que carecerá de margen de acción político y económico. Pero, el papel de Estados Unidos, la UE y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) es, en muchos aspectos, limitado y los movimientos sociales –indígenas, sobre todo– tienen su propia agenda no siempre coincidente con Arévalo y su partido.
Arévalo tiene otras fortalezas: la calle y la mayoría de los medios está con él, aunque esa unanimidad se irá agrietando con el paso del tiempo, salvo que obtenga resultados inmediatos. Quienes se oponen han comprobado que carecen de respaldo social suficiente. Las movilizaciones masivas han sido a favor de Arévalo, contrastando con las más menguadas en pro del establishment. Tampoco tienen el sostén empresarial, que más allá de su tibieza en algunos comunicados, ni siquiera mencionan los nombres del binomio ganador, reclaman respetar los resultados. Finalmente, los medios de comunicación, tradicionales como Prensa Libre o La Hora, radiofónicos como ConCriterio, podcast como Tan/Gente o webs como Quorum, Plaza Pública o No-Ficción, han contribuido a impedir que se extendiera el relato de la élite hegemónica, ayudando a articular y extender el mensaje contra las maniobras de la fiscalía.
Finalmente, ¿por qué Guatemala importa? El derrumbe de su institucionalidad sería un eslabón más de la cadena del deterioro de la institucionalidad democrática en América Central y el Caribe, que han visto en los últimos años consolidarse dictaduras (Nicaragua), regímenes iliberales (El Salvador), crisis en sistemas considerados modélicos (Costa Rica y Panamá), la cooptación por el narcotráfico de amplias zonas en Honduras, la profundización de la crisis en Cuba mientras Haití volvía a convertirse en Estado fallido.
Lo que ocurra en Guatemala importa a América Latina, a la UE y a España porque el fracaso de Arévalo y su proyecto de reformas o un colapso de la democracia guatemalteca abriría las puertas a alternativas más radicales o antisistema: caudillos que, apoyados en la demagogia, podrían conquistar el poder. En las elecciones de 2023 ya hubo un ejemplo, preanuncio de lo que puede ocurrir en el futuro. Carlos Pineda llegó a tener un 25% de respaldo en las encuestas con su mensaje antisistema y un discurso populista y demagógico. Por eso, el gran desafío de Arévalo y su gobierno será ver cómo superan los fuertes obstáculos sembrados por el “pacto de corruptos”, cómo construyen gobernabilidad y logran implementar las reformas que el país tanto necesita.
Artículo publicado por el Real Instituto Elcano
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