Para los guatemaltecos, 2021 quedará marcado por el recrudecimiento del desgobierno, la corrupción y el afianzamiento de la cooptación de todas las instituciones del Estado. El legado que dejaron las campañas ciudadanas de 2015 contra el entonces presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta, Roxana Baldetti, se vio truncado tras la embestida del ahora expresidente Jimmy Morales y su círculo de poder contra la CICIG y las instituciones que llevaban esta lucha.
La reversión del legado de la CICIG
Con la asunción de Alejandro Giammattei la situación no mejoró. El actual presidente fue electo en unos comicios en los cuales supuestamente se enfrentaban dos concepciones político-ideológicas, pero en realidad fue la disputa entre dos grupos con las mismas solapadas intenciones de convertir al Estado en su piñata personal.
A pesar del contexto negativo, las investigaciones dirigidas por la defenestrada y expulsada CICIG (Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala) continuaron contra viento y marea bajo la dirección del fiscal Juan Francisco Sandoval, desde la Fiscalía Especial contra la Corrupción. Pero con el tiempo fueron perdiendo credibilidad debido a la descarada cooptación del Ministerio Público por el grupo político-empresarial que acompaña a Giammattei.
Fue así que el discurso de apoyo a la lucha contra la corrupción fue quedando, paulatinamente, en una mera perorata vacía de contenido y de intenciones, mediante una lucha soterrada contra la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Impunidad (FECI), que le impedía avanzar. Especialmente, cuando las indagaciones de los fiscales y sus auxiliares se acercaban al presidente, a su grupo de íntimos y, sobre todo, a sus intereses non sanctos.
Los acuerdos secretos del presidente
De acuerdo con declaraciones del exfiscal Sandoval, quien se encuentra autoexiliado, la fiscal general Consuelo Porras entorpecía sus investigaciones mediante todas las formas imaginables, legales o no. Pero la gota que habría derramado el vaso, según expertos, habría sido la investigación alrededor de la llegada de dos aviones privados a Guatemala con matrículas de Rusia y de Kazajistán, que habrían trasladado al país empresarios de esos países para acordar “favores” mutuos con el mismísimo presidente Giammattei.
De acuerdo con fuentes que prefieren no revelar su identidad, la provisión de vacunas Sputnik V habría sido negociada en este contexto. Sin embargo, también se habrían negociado licencias de explotación y derechos mineros en el oriente del país, así como la concesión en uno de los principales puertos del país.
Irónicamente, serían contratos muy similares a los firmados durante la administración de Otto Pérez Molina que resultaron en investigaciones por el pago de coimas millonarias a través del exsecretario privado del depuesto y enjuiciado Pérez Molina.
El paro plurinacional
El malestar de muchos guatemaltecos, indignados por el despido del fiscal Juan Francisco Sandoval, así como por el mal manejo de la pandemia, hasta el momento es visible principalmente en publicaciones de redes sociales y desde organizaciones de sociedad civil. Sin embargo, el rol de los pueblos originarios ha ido creciendo hasta desembocar en el llamado Paro Plurinacional del pasado 29 de julio.
La movilización de más de 200,000 personas que provocó unos 90 bloqueos, fue liderada por la agrupación indígena 48 Cantones de Totonicapán. En tanto que su secretario general, Martín Toc, de 35 años, empieza, según dirigentes sociales guatemaltecos, a perfilarse como referente dentro de los movimientos de bases.
Hasta el momento, quienes no han planteado una postura clara son las cámaras que aglutinan al sector empresarial y que desempeñan un papel importante dentro de la economía guatemalteca. Algunos creen que están a la espera del devenir de los sucesos, en tanto otros estiman que guardarán el habitual silencio cómplice ante los desatinos de los políticos y funcionarios del Estado.
La ambigua posición de Washington
Desde el Departamento de Estado de Estados Unidos se han emitido comentarios oficiales y oficiosos condenando el desconocimiento de la independencia de la Justicia en Guatemala. Sin embargo, por el momento, Washington no ha pasado a mayores.
Con la excusa de no poder actuar directamente en cuestiones internas de un Estado soberano, por ahora los actuales inquilinos de la Casa Blanca parecen sopesar hasta dónde presionar al único presidente del conflictivo Triángulo Norte que no les es esquivo. Mientras que el Departamento de Estado considera al salvadoreño Nayib Bukele como una piedra en el zapato y al hondureño Juan Orlando Hernández como un presidente de salida, Giammattei es el único de los mandatarios considerado como socio que les queda en la región.
El futuro inmediato
El pasado 9 de agosto se concretó otra jornada de protestas y se espera que las mismas prosigan. Pero es de esperar que la respuesta desde el gobierno nacional siga por la línea del atrincheramiento y los oídos sordos mientras consolidan sus intereses a través de todo tipo de corruptelas.
Además, es de esperar que el círculo del poder político-institucional se centre en eliminar la figura de Jordán Rodas, procurador de los derechos humanos, quien es visto como el único gran obstáculo para la concreción de los planes del grupo que cogobierna con Giammattei.
Nuevas convocatorias desde las organizaciones sociales podrían derivar en un mayor grado de inestabilidad. Pero, por otro lado, esto también retrasaría aún más la llegada de las potenciales inversiones tan necesarias para superar la crisis económica agravada por la pandemia de la covid-19.
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Tomás Enrique Creelman Pappa es asesor, consultor e investigador especial. Director para Guatemala de Presagio Consulting.
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