Se abrió la compuerta. El contundente informe que sobre la violación flagrante y sistemática de los derechos humanos en Venezuela presentó la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, justifica y acelera, directa o indirectamente, cualquier acción que el mundo emprenda para sacar a Nicolás Maduro de Miraflores.
Esta semana empezó con dos vertientes: por un lado, el anuncio de la aprobación por parte de la Asamblea Nacional del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y, por el otro, la reanudación de las negociaciones de Noruega que buscan definir las reglas para transitar una vía electoral que destrabe la crisis política que mantiene a Venezuela sumida en la peor de las miserias. Hacia esta última está dirigido todo el esfuerzo de la comunidad internacional. Sí y solo sí las negociaciones en Barbados fracasan, se pasaría al escenario bélico.
Quienes intentan presionar al presidente encargado, Juan Guaidó, para que cierre el capítulo Noruega e invoque inmediatamente una intervención militar, son pequeños grupos radicales que, además de ir en contra de todos los esfuerzos internacionales, quieren pescar en río revuelto, una vez que Estados Unidos ha sido muy claro al respecto: esa decisión no está en manos de Guaidó, sino exclusivamente en las del presidente Donald Trump. Se trata de los mismos que tienen como objetivo único acceder al poder por aclamación y no a través del voto, tal y como se establece en un sistema democrático.
Insisto: todo indica que el camino será el electoral. Aunque tomaría por lo menos seis meses su organización, es el desenlace que avalarían Estados Unidos, Rusia, China, el Grupo de Contacto, el Grupo de Lima, la OEA, la ONU y la comunidad internacional en general. Para ello debe depurarse de manera exhaustiva el Consejo Nacional Electoral. Los partidos políticos ya están activados y reorganizando sus plataformas a fin de garantizar la victoria que saque definitivamente a Maduro de Miraflores. Y lo más importante: hay un acuerdo explícito entre las organizaciones más importantes para deponer cualquier aspiración personal y designar por consenso a Juan Guaidó como candidato de la unidad democrática. El varguense, que en dos semanas cumplirá 36 años, cuenta con el respeto y el respaldo mundial por el liderazgo ejercido en los últimos meses, así como también porque ha logrado amarrar a los demonios dentro de la amplia variedad política opositora.
Julio será un mes de definiciones. La mesa de negociación en Barbados tiene fecha de vencimiento. Las conversaciones no deben alargarse por más de cuatro semanas. Reitero lo que les anuncié en mi artículo pasado: fecha de elecciones presidenciales, depuración del CNE, supervisión y acompañamiento internacional y garantías para que la diáspora vote en el extranjero son puntos innegociables para la oposición. Por su parte, el chavismo propondrá incluir en el mismo proceso la elección de la Asamblea Nacional, lo que sería aceptado por el equipo de Juan Guaidó si supone la eliminación inmediata de la Asamblea Nacional Constituyente. También solicitarán algunas garantías ante la catástrofe que se les avecina. Si Maduro seguirá en Miraflores mientras se dan las elecciones, o si puede o no ser candidato, aún no se ha discutido, pero, de entrada, ninguna de las dos posibilidades sería un obstáculo infranqueable para avanzar. Sin duda, cualquier acuerdo que se logre no satisfará todos los gustos porque las negociaciones perfectas no existen.
Lo que sí es innegable es que el chavismo no tiene gane posible en elecciones. Reglas claras, transparencia en el CNE y supervisión internacional serán elementos clave para ello. Sin embargo, los dos factores fundamentales serán la participación masiva de los venezolanos y la unidad de los partidos frente a este proceso.
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