Luego de estar veinticinco años gritando por la libertad y justicia, Venezuela logró con el liderazgo de María Corina Machado unificarse en una sola causa para defender la masiva victoria obtenida por el presidente electo Edmundo González Urrutia el 28 de julio, gracias al trabajo que realizaron los ciudadanos con el plan 600K para vigilar el proceso electoral. Estamos viendo cómo la tiranía trata de burlarse del mandato que dieron los venezolanos, y no reconocer la derrota que sufrieron cuando solo alcanzaron a duras penas el 30% contra un impresionante 70% para el presidente electo Edmundo González Urrutia. El régimen utilizó al presidente del Consejo Nacional Electoral para dar cifras falsas, que si no fuera por la gravedad de la situación darían ganas de reír, pero esto que está pasando en Venezuela es el fraude electoral más grande y descarado en el continente y quizás a nivel mundial, y ha sido convalidado por el Tribunal Supremo de Justicia, creando una farsa que ni ellos mismos se lo creen, nombrando al usurpador una vez más como el ganador, y el show montado por los socios de Miraflores, léase Tribunal Supremo de Justicia, con videos infantiles -con el perdón de los niños- contando actas de unas cajas que ni siquiera tenían los mismos precintos que en principio todos vimos de las cajas originales apareciendo los funcionarios con mascarillas y guantes, como si se tratara de una cirugía, -el colmo de la estupidez- para declarar ganador al perdedor y perdedor al ganador. Jamás el mundo se creerá el cuento de que una sentencia puede nombrar a un presidente. El presidente es elegido en un proceso de elecciones en el ejercicio de la voluntad popular de los ciudadanos, por lo cual la decisión del TSJ de Venezuela carece de legitimidad.
La oposición encabezada por la líder María Corina Machado y el presidente electo Edmundo González Urrutia publicó un comunicado el 21 de agosto que de manera contundente, entre otras cosas, dice: “La Sala Electoral del TSJ no está facultada en circunstancia alguna para ejercer esas funciones. De hacerlo, estaría violando el principio de separación de Poderes Públicos, claramente establecido en fondo y forma en la Constitución. Estaría, además, invadiendo el exclusivo deber del CNE y pisoteando la decisión del pueblo expresada en las urnas…Conforme a nuestra Constitución, sería ineficaz y nula toda eventual sentencia de la Sala Electoral que pueda validar el fraude electoral que se pretende imponer. Los magistrados de dicha Sala Electoral estarían violando los derechos inalienables de los electores e incurrirían en responsabilidad penal, civil y administrativa”. A tal efecto, tal como reza el artículo 138 de nuestro texto constitucional: “Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos” y el artículo 5 de la Constitución dice: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”.
A pesar de todo el poder que tiene el usurpador, la tiranía no ha podido ni podrá torcer la voluntad del pueblo, bajo ningún respecto. La clave está en el liderazgo ejercido por María Corina Machado, con una conducción acertada y que a pesar de las amenazas, persecuciones, encarcelamientos, secuestros y hasta asesinados, el cobro de la decisión tomada mayoritariamente por el soberano, sigue siendo defendida por María Corina y también por el valiente Edmundo González Urrutia, presidente electo que se está comportando a la altura de las circunstancias. El mundo no puede permanecer insensible, por unos resultados que todos los países ya conocen, gracias a la inteligente estrategia del Comando de Campaña que distribuyó las actas a nivel internacional y que ya han sido convalidadas por entes externos que gozan de una gran credibilidad.
Los países vecinos no pueden arriesgarse a una nueva ola migratoria y deben participar de manera seria en la transición pacífica para que el 10 de enero de 2025 Edmundo González Urrutia sea juramentado como nuevo presidente constitucional de Venezuela. Todo esto, repito, se puede realizar de una manera pacífica, y organizaciones internacionales como la Corte Penal Internacional, pasará a la historia como un ente que ejerció una función importante en la deseada transición pacífica o será corresponsable de lo que pueda suceder en Venezuela.
Estados Unidos y los países que han apoyado y reconocido el triunfo de Edmundo González Urrutia deben seguir apoyando al pueblo venezolano en estos momentos claves, para el futuro democrático de Venezuela y también de la región. Para nadie es un secreto que la repercusión que puede ocasionar la inacción de los entes internacionales pasará a la historia como los que colaboraron con un régimen violador de los derechos humanos, investigado por crímenes de lesa humanidad y que ha cometido lo que se puede considerar como el robo del siglo, por supuesto que nos referimos al robo de la voluntad popular del pasado 28 de julio.
Las manifestaciones de instituciones y organizaciones que hasta hace poco convalidaban la permanencia en el poder del régimen, ahora ante las irrefutables pruebas y ante los abusos de persecución del régimen a líderes y a ciudadanos comunes, repito, ahora las organizaciones internacionales se han manifestado en contra de la tiranía. La Comisión de Especialistas de la ONU declaró: “El proceso de gestión de resultados por parte del CNE no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para la realización de elecciones creíbles. Tampoco siguió las disposiciones legales y regulatorias nacionales, y todos los plazos establecidos fueron incumplidos”. Por su parte, el Centro Carter declaró: “No se adecuó a los parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada democrática” y hasta representantes de la realeza, como el rey Felipe VI, de España, conjuntamente con otros presidentes asistentes a la toma de posesión del presidente de Santo Domingo, Luis Abinader, solicitaron la publicación de las actas verdaderas y recientemente la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, expresó: “La reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela no es más que un burdo intento de encubrir judicialmente el fraude electoral.
El Tribunal NO es imparcial ni independiente. La comunidad internacional debe seguir exigiendo una verificación creíble por un tercero imparcial.” La gran cantidad de países, organizaciones internacionales y personalidades, incluyendo presidentes, políticos, intelectuales, artistas, religiosos, e influyentes en las redes sociales, se han pronunciado en contra del fraude cometido por el desgobierno de Venezuela y han reconocido que Edmundo González Urrutia es el presidente electo por la gran mayoría del pueblo venezolano que, debemos recalcar, es donde reside la soberanía popular. Este hashtag es cónsono con lo que está pasando en Venezuela: #NoUsurparánLaVerdad .