Gradualismo versus terapia de choque

Durante muchísimos años, desde 1936 hasta 1957, la economía venezolana crecía y prosperaba. Luego, en 1958, con la sumatoria de una baja en los ingresos fiscales petroleros, más una rebelión golpista y posteriormente otra comunista, se produjo la primera crisis económica de Venezuela, la cual supo confrontar el gobierno de Rómulo Betancourt.  Su modo de conjurarla fue mediante una terapia de choque en la que medidas fuertes como reducción de sueldos de la administración pública, alza del precio de los combustibles, más ajustes impositivos dieron su fruto, y condujeron después a uno de los mejores gobiernos que el país haya tenido: el de Raúl Leoni en los años 1964-1969.

El crecimiento económico, varita mágica para la democracia y la paz, continuó en los años setenta hasta 1983. El período 1974-1979, fue uno de los más controversiales tanto en la política venezolana como en la economía. Durante este lapso, coincidente con la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez, la nación venezolana exportó un total de 45.489 millones de dólares en petróleo crudo y productos refinados, cantidad esta superior tres veces más a los 14.489 millones de dólares recibidos por el mismo concepto en el quinquenio anterior y prácticamente igual al valor total de las exportaciones petroleras efectuadas por Venezuela desde el año 1945 hasta el año 1973. Por si fuera poco, este torrente de divisas captadas por las exportaciones petroleras, también la República se endeuda irresponsablemente.

Así, pues, la prosperidad de la “gran Venezuela” se interrumpió en plena época de precios elevados del petróleo, en 1983, con la introducción de un control de cambios para “no devaluar”. Este control de cambios fue continuado irresponsablemente por el gobierno de Jaime Lusinchi que le sucedió en 1984, junto con controles de precio, aumento de los aranceles, gestando un ambiente de crecimiento endeble. Al final, en 1989 agotó las reservas internacionales, obligando al segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, a ejecutar un ajuste económico para recuperar además de las reservas internacionales el sendero de crecimiento, pero esta vez con bases sólidas. Lamentablemente, el país político no entendió que la famosa renta petrolera, que no era más que un superávit fiscal sin imponer aumento de impuestos al sector interno, se había terminado de una vez para siempre, y se sumó a una peligrosa rebelión, cuyas peores señales fueron el “Caracazo” y el intento de golpe de Estado del 4 de febrero de 1992.  De esta forma, se estableció un Consejo Consultivo de la Presidencia de la República, el cual preparó, dos semanas después de un proceso de consultas a los más variados sectores del país, un informe con ¡125 propuestas! Una recomendaba la suspensión del aumento del precio de la gasolina, otra estabilizar los precios de los productos que constituyen la cesta básica, otra recomendaba la estabilización de los precios de las medicinas, etc. Muchas de estas “propuestas” revelaban una serie de males que habían existido en el país desde casi siempre.

Sea como fuere, el siguiente gobierno, el segundo de Rafael Caldera, amaneció con una crisis bancaria que desembocó a su vez en problemas de salida de capitales, y de exacerbación de las presiones inflacionarias y de aumento del desempleo. Durante un tiempo, el gobierno acorralado por la pérdida de reservas internacionales volvió de nuevo al gradualismo, impuso de nuevo un control de cambios, además de una suspensión de importantes garantías constitucionales. Con todo y control de cambios, el 11 de diciembre de 1995 este gobierno se vio compelido a devaluar en 60%, lanzando los precios hacia arriba. Todo este ambiente obligó al testarudo Rafael Caldera a someterse a un programa de ajuste coordinado por el Fondo Monetario Internacional, y a decretar medidas como las de un aumento en la tasa de impuesto sobre las ventas de 16,6%, y quintuplicó los precios de la gasolina. Muchos de los analistas y opinadores de la prensa, se quejaron de que no se hubieran adoptado anteriormente. Pero poquísimos se recordaron que muchos habían apoyado en 1994, las promesas y decisiones del “estadista” Caldera de reversar las reformas orientadas al mercado.

El plan de ajustes del gobierno se llamó Agenda Venezuela. En este contexto, la apertura petrolera, puesta en marcha bajo el liderazgo de Pdvsa, redujo sensiblemente las necesidades de financiamiento solicitadas al FMI y la economía, de una tasa de crecimiento negativa en el año 1994 (-2,3%), que pasó a ser positiva en 1995 (3,9%) y volvió a ser negativa en 1996 (-0,2%),  mas logró un alto nivel en 1997 (6,3%). Sin embargo, en 1998 la caída de los precios del petróleo impactó negativamente las expectativas y el ánimo de los venezolanos. Así se produjo una recesión que fue aprovechada por los descontentos de la rebelión. De esta manera el teniente-coronel Hugo Chávez ganó fácilmente las elecciones de 1998.

El gobierno “revolucionario” que comenzó en 1999 revirtió todas las reformas y reinició de nuevo el tortuoso camino del gradualismo, volviendo a los controles de precios, y además con el ímpetu de una nueva Constitución –la cual promovió el propio presidente de la República– concentró todos los poderes públicos. En 2002, estalló el paro petrolero y empresarial como producto de un rechazo a su forma absolutista de dirigir la economía, y a pesar de que doblegó al paro, el aparato productivo salió golpeado, al punto de que al año siguiente se declara de nuevo un control de cambios. Después, al amparo de elevados precios petroleros, mantuvo subsidios a los combustibles, congelación de tarifas eléctricas, telefónicas, etc. El gasto público siguió creciendo al igual que la liquidez monetaria y la inflación. Es asombroso constatar cómo el gobierno de Chávez encontró una deuda externa ya refinanciada y manejable, la cual, en el año 1998, la relación deuda pública sobre el PIB (producto interno bruto) era de 24,6% y ahora para el año 2018 el FMI proyecta una relación de 162%. En los actuales momentos, según estadísticas de la Cepal, la deuda externa pública asciende a 129.260 millones de dólares y la deuda privada externa a 18.639 millones de dólares para 2019.

Así mismo, después de que su gobierno se jactaba de que estaba reduciendo la pobreza, de repente el Instituto Nacional de Estadística dejó de publicar estos datos, y la encuesta Encovi manejada por las tres principales universidades del país, ha expuesto que 80% de la población del país está en la pobreza, la tasa más elevada en América Latina. Por último, la inflación mal que ataca a la economía venezolana desde inicios de los setenta, ya se transformó en hiperinflación, destruyendo el total de poder de compra, y el gobierno bolivariano, apenas hizo un cambio cosmético de reducirle 8 ceros al bolívar y llamarlo ahora “bolívar soberano”. Por si fuera poco todo esto, el PIB per cápita de Venezuela registrará una contracción de 74,2% acumulada en 5 años, entre 2015 y 2019, según datos del Fondo Monetario Internacional, como resultado de la grave crisis económica resultante de hacer malas políticas económicas durante tantos años. En el año 2015 el PIB per cápita era de 10.586 dólares y para el año 2019 fue de 2.724 dólares.