¡Gracias por nada!

Ya lo habíamos advertido. Ocurrió lo que todos sospechaban. El pasado miércoles 6 de enero la Unión Europea se pronunció sobre la crisis venezolana haciendo gala, una vez más, de esa retórica ambigua y contradictoria. En su comunicado oficial, la UE –al tiempo de reiterar el desconocimiento de sus veintisiete miembros al fraude electoral parlamentario del 6 de diciembre- “…lamenta profundamente que la Asamblea Nacional asumiera su mandato el 5 de enero sobre la base de elecciones no democráticas…”

Así mismo, la UE muestra su disposición de trabajar junto al “líder opositor”, con el fin de celebrar elecciones “creíbles, inclusivas y democráticas”, y, en ese sentido, el bloque decide mantener “su compromiso con todos los actores políticos y de la sociedad civil que luchan por devolver la democracia a Venezuela, incluido, en particular, Juan Guaidó y otros de la Asamblea Nacional saliente elegida en 2015, que fue la última expresión libre de venezolanos en un proceso electoral”.

El detallito del pronunciamiento de la UE es que, de ahora en adelante, Juan Guaidó no será considerado por las autoridades ejecutivas del viejo continente como el presidente interino, ni máxima autoridad de la Asamblea Nacional. En otras palabras, da por terminado el mandato de ese cuerpo deliberante, y asume –sin decirlo- una situación de hecho con el chavismo-madurismo retomando ilegítimamente el poder legislativo. Está claro que aquí la tesis del gobierno socialista de España, que funge en la práctica como interlocutor y bisagra de la Unión Europea para la crisis de Venezuela, se ha impuesto.

La ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, fue clara una semana después del fraude electoral del 6 de diciembre y en sus declaraciones ofrecidas el jueves 7 de enero, en el sentido de que la UE mantendría el reconocimiento político a Juan Guaidó como “líder de la oposición venezolana”, pero sin referirse a su investidura como presidente interino, agregando que lo más importante era la unidad de la oposición venezolana como bloque para alcanzar eventualmente una solución política negociada. Para González Laya, Juan Guaidó es considerado “de alguna manera representante” de la oposición para llevar adelante el proceso de cambio hacia la democracia. Lo que no advierte la alta funcionaria es que, sin el reconocimiento de la figura de presidente interino y máxima autoridad de la Asamblea General, se contribuye a abonar el terreno para un conflicto de intereses entre las fuerzas políticas en Venezuela, muchas de las cuales han venido cuestionando poco a poco el papel de liderazgo de Guaidó.

Lo cierto es que la decisión tomada por la UE ha dejado a la oposición venezolana, ya de hecho menguada, en una situación de verdadera minusvalía, fortaleciendo, paradójicamente, el statu quo de control del régimen, ahora en posesión del último bastión institucional democráticamente electo que quedaba en Venezuela. Maduro y sus acólitos han hecho lo que ellos siempre han sabido hacer: jugar con el tiempo y el desgaste de los factores y estrategias de la oposición desde su siempre privilegiada posición de poder. Ahora, una vez en posesión de la Asamblea Nacional, el régimen podrá legislar a placer desde su nuevo entramado.

Por otra parte, la postura europea resta peso a factores claves de apoyo externo a la oposición, a saber, Estados Unidos y el Grupo de Lima, cuyos gobiernos han manifestado su rechazo al acto de instalación de la nueva Asamblea Nacional el lunes 5 de enero, y reiterado su reconocimiento a Juan Guaidó, en tanto que presidente interino, y apoyo irrestricto a la continua vigencia de la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2015. Contrariamente, el relajamiento de la posición de la UE contribuirá a dar mayor fuerza a las relaciones entre el régimen de Maduro y sus aliados estratégicos internacionales, destacando el caso de Rusia, cuyo gobierno ha confirmado, tras la instalación de la nueva Asamblea Nacional chavista, “…su decisión de cooperar estrechamente con Venezuela, su pueblo y las autoridades legítimas…”, considerando además importante “…el fortalecimiento de los contactos interparlamentarios entre la Asamblea Federal de Rusia y el Parlamento electo el 6D de 2020”.

En cuanto al reiterado y reciente apoyo manifestado por el Secretario de Estado, Mike Pompeo, a la autoridad que representa Juan Guaidó, bien pudiera pensarse que el mismo carece de sostenibilidad, considerando el corto tiempo que resta a la administración Trump. Cierto es que la opinión más difundida conviene en que la política de Estados Unidos hacia el régimen madurista comporta un carácter bipartidista, pero también es concebible un cambio de enfoque respecto a las estrategias a ser implementadas una vez que Joe Biden y su equipo asuman sus puestos. En todo caso, muchas expectativas se habían generado sobre la posibilidad de que Europa y Washington -con Biden en la presidencia- unieran esfuerzos en la empresa común de restituir la democracia y el estado de derecho en Venezuela. No obstante, en el escenario de que la nueva administración demócrata decida seguir apoyando la investidura de Juan Guaidó como presidente interino, se generarían discrepancias que harían más difícil el necesario consenso entre estos dos factores externos claves.

Una cómoda y contradictoria postura europea

Por otra parte, la debilidad de la cómoda postura europea se refleja en varios de los pasajes claves del comunicado del 6 de enero. Como muestra, se insiste en uno de ellos que Venezuela requiere de manera expedita una solución política que ponga “fin al estancamiento actual, a través de un proceso inclusivo de diálogo y negociación que conduzca a procesos creíbles, inclusivos y democráticos…”, con elecciones locales, presidenciales y legislativas. Con sólo aplicar un poco de sentido común es difícil imaginar una fórmula mágica que permita llevar a cabo semejante propósito, en momentos en que la misma Europa ha dado por terminado el mandato, tanto de la presidencia interina, como el de la Asamblea General electa en diciembre de 2015.

En el auspicioso e ideal escenario de una oposición unida bajo el liderazgo de Juan Guaidó – como aspira la UE en su comunicado-, pero sin el sustento institucional que poseía antes del 5 de enero, resulta cuesta arriba una tarea de tal naturaleza, con el agregado de que sería iluso pensar, ahora más que nunca, que un verdadero proceso de entendimiento pudiera producirse, bajo las nuevas condiciones de un régimen en control de la Asamblea Nacional y una oposición disminuida desde el punto de vista institucional y carente de una posición de fuerza desde la cual poder conducirse. Además, la experiencia ha demostrado que los diálogos y conversaciones tan sólo han servido al régimen para ganar tiempo y debilitar las pocas ocasiones de fortaleza que ha tenido la oposición en todos estos veinte años de vida en dictadura.

La Unión Europea ha optado por una posición ciertamente cómoda. Una que rechaza el proceso electoral de diciembre de 2020 y que, por tanto, la lleva a “lamentar” la instalación de una nueva Asamblea Nacional chavista-madurista, pero que, al mismo tiempo, está dispuesta a ofrecer sus buenos oficios en favor de un proceso de diálogo inclusivo, con una oposición cada vez más debilitada y un régimen reiteradamente cuestionado, aunque con reconocimiento de facto. Ese que detenta el poder real en el país y con el cual hay que seguir entendiéndose, como bien diría el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell.

Como alguien diría por ahí: ¡Gracias por nada!