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El interés nacional celebra el acuerdo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria para “defender los bienes y la propiedad de Citgo y preservar los intereses vitales y el patrimonio del pueblo venezolano”.
Citgo está en peligro de ser rematada para pagar a los acreedores de Pdvsa y la República. La Corte Distrital de Delaware fijó para el 22 de enero de 2024 la primera ronda de subasta de Citgo y esto plantea un riesgo inminente de perder el activo más importante que Venezuela tiene en el exterior. Citgo cerró 2022 con una ganancia de $ 2.800 millones y en 2023 puede superar este desempeño.
En Barbados, el gobierno y la oposición finalmente firmaron un acuerdo para desplegar una estrategia conjunta en las negociaciones con los acreedores. Citgo está en la mira de los tenedores del Bono 2020 de Pdvsa que se emitió con una garantía del 50,1% de las acciones de Citgo; pero también de la minera Cristallex que pretende cobrarse -con el remate de Citgo- la indemnización que reclama por la expropiación de la mina de Las Cristinas.
Este remate fue aprobado por el juez de Delaware, Leonard Stark, pero este procedimiento no se puede llevar a cabo hasta tanto lo autorice la OFAC. Una nueva suspensión de esta sentencia concederá un tiempo extra a los abogados del gobierno y la oposición para gestionen conjuntamente ante los acreedores y el gobierno de Estados Unidos un compromiso de pago que evite el remate de Citgo.
¿Por qué un tribunal de EE UU aprobó rematar Citgo?
En Estados Unidos no se puede embargar los activos de una compañía para cobrar una deuda de su dueño porque se considera que son dos entidades legalmente distintas y separadas. Por lo tanto, las deudas por nacionalizaciones ni los laudos contra la República deberían cobrarse con cargo a Citgo porque son figuras jurídicas distintas. Legalmente, Citgo es propiedad de Pdvsa y no de la República. Ni Pdvsa ni Citgo tuvieron negocios con Crystallex y el litigio de la minera canadiense es contra la República de Venezuela. Sin embargo, el marco legal estadounidense contempla la figura del alter ego que permite al afectado por el impago de una deuda, embargar otros activos propiedad del deudor moroso.
La amenaza de remate de Citgo para pagar deudas e indemnizaciones tiene su origen en equivocadas decisiones gubernamentales de expropiaciones y emisión de deuda garantizada con las acciones de Citgo. El litigio entre Crystallex y la República de Venezuela surge en 2008 cuando se expropió la mina de oro Las Cristinas, en el estado Bolívar. La minera canadiense llevó el caso al Centro International de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), cuyo Tribunal de Arbitraje dictó en 2016 una sentencia a favor de Crystallex, con una indemnización de $ 1.400 millones, monto que debía pagar la República como compensación por los daños generados a la compañía por la expropiación.
El gobierno de Maduro consideró desmesurada la indemnización y no la pagó. En 2018 Crystallex trasladó el caso a una Corte en Delaware y demandó el pago con cargo a las acciones de Citgo. En 2021, el Tribunal aprobó la venta de acciones de PDV Holding (cuyo único activo son las acciones de Citgo), para pagar a Crystallex la indemnización que reclama a la República.
Como ya explicamos, Pdvsa nunca tuvo negocios con Crystallex y su reclamo de indemnización es contra la República, no contra la empresa. Pero la ley estadounidense tiene una figura llamada alter ego que permite a quien resulte perjudicado por el incumplimiento de una deuda, embargar otros activos propiedad del deudor moroso. Según la sentencia del juez Leonard Stark, cuando el gobierno interino estaba vigente y era reconocido por Estados Unidos como el representante y administrador de los activos e intereses de Venezuela en territorio estadounidense, el interinato utilizó fondos de Citgo para financiar su gasto y dio base a la corte de Delaware para que sentenciara que dueño y empresa se manejaron como un mismo patrimonio y, por lo tanto, aplicó el principio de alter ego para que Cristallex cobre la indemnización que reclama a la República, con cargo al remate de Citgo. Este fallo basado en la figura del alter ego dejaría escrito un precedente jurídico que puede ser utilizado en otros juicios que buscan cobrar indemnizaciones con cargo a los activos de Venezuela en el exterior.
¿Quién defiende los intereses de Venezuela en EE UU?
Con la disolución del interinato, Citgo quedó en manos de un Consejo de Administración y Protección de Activos designado por la AN-2015, a pesar de que su mandato constitucional expiró en 2020 y no sesiona porque la mayoría de sus integrantes están en el exilio, acusados de usurpación de funciones.
El 3 de mayo de 2023, la OFAC concedió la Licencia General 42 (LG42) que autorizó a la AN-2015 a negociar las deudas de Pdvsa y la República con sus acreedores. En respuesta, la AN-2020 aprobó la Ley para la Protección de los Activos de la República en el Extranjero, cuyo artículo 8 declara la nulidad de cualquier negociación o compromiso realizado en torno a los activos de la República en el extranjero. El artículo 11 indica que enfrentarán responsabilidades penales los profesionales del derecho que participen directa o indirectamente de estos actos que son calificados como «acciones de despojo contra el patrimonio nacional y como actividades de delincuencia organizada». Sus bienes serán objeto de extinción de dominio y serán sancionados con pena de quince 15-20 años de prisión.
Esta ley fue un recurso del gobierno para no perder protagonismo y control en la negociación e inhibir a políticos, abogados, profesionales y técnicos a involucrase en estas negociaciones. Así el gobierno impidió que la AN-2015 -autorizada por la Licencia 42 de la OFAC-, negociara con los acreedores de la República y Pdvsa. Finalmente en Barbado, por el bien del interés nacional, el gobierno y la oposición se pudieron de acuerdo para defender Citgo y otros activos de la República en el exterior que están amenazados por la voracidad de los acreedores de Venezuela y Pdvsa.
La importancia de Citgo en la reconstrucción nacional
En 2022, Citgo reportó ganancias netas de 2.800 millones de dólares y en 2023 su desempeño puede ser aún mejor. El remate de Citgo sería un lamentable desenlace para Venezuela. Se perdería un importante activo que se necesita para reconstruir la industria petrolera y generar los ingresos que demanda la reconstrucción nacional.
Gobierno y oposición no podían continuar en una inercia que despejaba el camino para Crystallex se cobre -con cargo a las acciones de Citgo- la indemnización que reclama a la República. Como ya explicamos, Citgo es una figura jurídica distinta a la República, nunca fue deudora de Crystallex y no tiene ninguna relación comercial ni financiera con la minera canadiense. Por lo tanto, no puede ser embargada para pagar una deuda que nunca contrajo, para pagar una deuda que Citgo no tiene.
La Venezuela consciente celebra el acuerdo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria para defender la propiedad nacional de Citgo y preservar los intereses y el patrimonio del país en el exterior.
@victoralvarezr