Las democracias no son entes paralizados, que carecen de movimiento y por tanto no pueden cambiar. Las democracias del siglo XXI no son iguales que las de siglos anteriores y las instituciones han sufrido cambios relevantes. No sólo por la tecnología, sino por el desarrollo, la modificación de las fuerzas económicas, la evolución en fin de la sociedad y del pensamiento. Las ideas de los ciudadanos cambian respecto a un sinnúmero de materias que lentamente se establecen dentro de las normas de las sociedades y, a excepción de ciertas minorías, son aceptadas por la opinión de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Las democracias tienen que estar abiertas a la toma en consideración de nuevas perspectivas que habían sido desatendidas en los procesos instituidos. (Innerarity,2024).
los funcionarios son útiles en cualquier coyuntura política, tanto para gobiernos de izquierda como de derecha. Si las instituciones son sólidas, los funcionarios profesionales constituyen una garantía del funcionamiento de los servicios públicos, de la justicia, de la sanidad, de la educación, de las pensiones y, en consecuencia, de la convivencia ciudadana. De aquí la importancia de una función pública profesional que no sea dependiente del poder político, por su esencia transitorio en democracia, sino que sea seleccionada por mérito y capacidad y tenga vocación de permanencia, y de respeto absoluto a las leyes, al menos en los cuadros técnicos, medios y subordinados.
En las democracias occidentales, los cambios de gobierno, por radicales que sean, no suponen grandes alteraciones en la función pública. Incluso hay ejemplos relevantes como en Portugal y España en los que el cambio de la dictadura salazarista o franquista, supuso escasas alteraciones de la función pública. Podría afirmarse además, que entra dentro de la ideología del funcionario profesional, la consideración de irrelevancia del cambio político en el departamento en el que presta sus servicios. Incluso cuando contingentes de empleados públicos son cambiados de departamento, se conservan los derechos profesionales y retributivos adquiridos.
La reflexión viene a cuento por los continuos cambios que en América Latina se producen y que tristemente ocasionan cambios de envergadura en la llevanza de los asuntos públicos, por el despido que lamentablemente se realiza de funcionarios contratados por los responsables políticos anteriores, ahora perdedores de las elecciones.
Según los datos suministrados a la prensa argentina, durante los primeros seis meses de gobierno del presidente Milei, se suprimieron 28.000 empleos en las administraciones del Estado argentino (de 341.473 a 313.335). En estos seis meses la reducción de la planta es de 8,24 por ciento. Esta reducción fue mayor en la administración pública estatal que en las empresas públicas (18.540 frente a 9.598).
Mientras los nuevos empleados públicos se enteran de los asuntos, es probable que se acerque ya el nuevo periodo electoral y que en muchos casos suponga “vuelta a empezar”.
En el siglo XIX en Europa era la situación habitual, pero, especialmente desde la segunda guerra mundial (1939-1945), la Organización de Naciones Unidas y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, claman por la permanencia y profesionalidad de los empleados públicos, garantía del funcionamiento de las instituciones centrales, regionales y locales. Los servidores públicos son, en definitiva, auxiliares técnicos de las diversas opciones políticas, cuyo conocimiento de los aspectos técnicos, sumamente complejos, de la gestión pública no suele ser alto.
Por eso, ha de predicarse la permanencia de los servidores públicos ante los cambios políticos, incluyendo el pase de un régimen autoritario a otro democrático. Los líderes democráticos harían bien en conservar los servidores públicos que, por otra parte, si son buenos profesionales, tienen en su ADN el servicio a cualquier autoridad que desempeñe la dirección de los asuntos públicos.
En los últimos años, el porcentaje de mujeres que desempeña funciones en el sector público no cesa de aumentar. Teniendo en cuenta que hay más de cuarenta por ciento en numerosos países en las que los altos puestos directivos son desempeñados por mujeres.
Este movimiento de incorporación masivo de las mujeres al servicio público que supera en numerosos países a los hombres y que es muy superior al existente en puestos similares en el ámbito privado, constituye un factor de relevancia en el proceso de democratización de la sociedad y en especial de igualdad de género.
Los países en el transcurso del tiempo cambian de regímenes, de partidos y con frecuencia hasta de fronteras, pero es bueno para los ciudadanos que las instituciones conserven su experiencia por medio de servidores públicos que atiendan las necesidades ciudadanas.
@velazquezfj1