Foto EFE
En 1994, Julio Cotler escribió un ensayo sobre el golpe que dio Alberto Fujimori, publicado por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y titulado “Crisis política, ‘outsider’ y autoritarismo”. En este trabajo, Cotler nos recuerda cómo sucedieron los hechos.
Una vez dado el golpe, relata el destacado científico social y maestro de varias generaciones sanmarquinas, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, Fujimori cerró el Congreso, controló una serie de instituciones básicas para el sostenimiento de la democracia, como el antiguamente llamado Tribunal de Garantías Constitucionales (hoy Tribunal Constitucional), el Consejo Nacional de la Magistratura (hoy Junta Nacional de Justicia) y los gobiernos regionales, mientras que la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación fueron intervenidas por los militares. Luego, relata Cotler, Fujimori destituyó a los miembros de la Corte Suprema y cesó a 150 jueces, depuso a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones y al directorio del Banco Central de Reserva y, para reemplazarlos, el Servicio de Inteligencia Nacional proporcionó los nombres de las personas dispuestas a someterse, sin dudas ni murmuraciones, a las órdenes del Ejecutivo. Además, para impedir que esas medidas fueran cuestionadas, se modificaron los recursos de amparo y hábeas corpus. Cotler también recuerda que los locales sindicales y partidarios fueron ocupados, los presidentes de las cámaras legislativas sufrieron arresto domiciliario. Periodistas, dirigentes partidarios y sindicales fueron encarcelados, y los medios de comunicación, censurados.
Así empezó uno de los gobiernos más corruptos y violadores de derechos humanos de nuestra historia reciente.
Luego, a lo largo de su dictadura revestida de formalidades democráticas, se produjo una serie de hechos, como el cese injustificado de 130 diplomáticos y de 300 catedráticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y la captura de Abimael Guzmán por parte de un grupo de policías comandados por el general Antonio Ketín Vidal, cuya labor no fue reconocida por el mezquino presidente y su asesor, Vladimiro Montesinos. También el episodio de la liberación de la residencia del embajador de Japón, donde hubo actos heroicos de civiles y militares, y los terribles asesinatos en La Cantuta y Barrios Altos perpetrados por un comando paramilitar, cuyos integrantes fueron luego amnistiados por el dictador. Sobre este último caso, Domingo García Belaunde tiene una excelente ponencia que escuché durante el VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional realizado en México, en el 2002.
Impresiona ver ahora a un acabado dictador que regresa a su casa debido a una orden de excarcelación dada por el Tribunal Constitucional (TC). Una orden que se ampara en el indulto amañado que firmó el expresidente Pedro Pablo Kuczynski para que durante su efímero gobierno el Congreso controlado por una mayoría fujimorista no declarase su vacancia. Fue un acuerdo bajo la mesa y en ningún momento se advirtió en él criterios humanitarios, morales ni técnicos.
Aunque dura lex sed lex, considero que el TC pudo analizar su decisión con mayor detenimiento, sobre todo porque, debido a los crímenes antes señalados, hay deudos que aún esperan que se les pida perdón, algo que Fujimori no ha hecho, y que se les otorgue la compensación establecida por un crimen en el que el dictador fue autor mediato.
Esta decisión del TC nos ha traído y nos traerá serios problemas internacionales en un contexto en el que la imagen del Perú ya está mellada. De ello nos alerta el excanciller y diplomático Manuel Rodríguez Cuadros en sus redes sociales: “Luego de 200 años, el Perú se ha puesto al margen de la legalidad internacional. Al tacho dos siglos de diplomacia de respeto a los tratados”, y cita el artículo 27 de la Convención de Viena de la que el Perú es firmante: “Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación para el incumplimiento de un tratado”.
En consideración con esta situación también es claro el editorial de El Comercio del 6 de diciembre, cuando dice que esta excarcelación no implica la amnistía sobre los delitos que Fujimori probadamente cometió.
Esta vez la mayoría del TC falló para aliviar el dolor del vil dictador y se olvidó del dolor de los deudos de La Cantuta y Barrios Altos. He ahí el problema.
Francisco Miró Quesada Rada es exdirector de El Comercio
Artículo publicado en el diario El Comercio de Perú
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