El gobierno de Nicolás Maduro ha venido señalando que los miembros de la Corte Internacional de Justicia –creada en 1945 en San Francisco, Estados Unidos– conforman un cuerpo parcializado en contra de Venezuela y a favor de Guyana, en la disputa territorial que ambos países sostienen desde hace más de un siglo.
No se sabe cuáles son las evidencias empíricas que posee el gobierno de Maduro para sostener una denuncia tan grave contra el máximo tribunal de justicia de la Organización de las Naciones Unidas. La única razón que se le ha escuchado al presidente es que el Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966, no estipula la intervención de la CIJ, sino solo mecanismos de negociación directa entre el Estado venezolano y el Estado guyanés. Sin embargo, en el artículo III del Acuerdo de Ginebra se le confiere al secretario general de la ONU –en el caso de que el conflicto no pudiese resolverse por vía de las conversaciones bilaterales– la potestad de remitir la controversia a alguna de las instancias que, de acuerdo con el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, permitirían solucionar el impasse de forma pacífica.
El gobierno venezolano ha insistido en el diálogo directo y en la participación de buenos oficiantes, a pesar de que durante casi sesenta años han sido infructíferas las conversaciones bilaterales y los esfuerzos de mediación de al menos los dos últimos secretarios generales de la ONU: Ban Ki-moon y António Guterres. Este último, en vista de los persistentes fracasos y de lo establecido en el Acuerdo de Ginebra, decidió transmitir el caso a la CIJ, órgano que se declaró competente para conocer el caso y tomar la decisión que considere conveniente.
En este momento el expediente se encuentra en La Haya. Ya Guyana presentó sus argumentos. El 8 abril le corresponde a Venezuela mostrar su contramemoria y refutar los testimonios señalados por Guyana. El punto fundamental reside en que Venezuela cuestiona el Laudo Arbitral de París de 1899, en el cual se consumó el despojo de casi 160.000 kilómetros cuadrados que conforman el territorio en reclamación. En la cita de París, Venezuela no tuvo un delegado directo, sino que la representación de sus intereses estuvo a cargo de un abogado norteamericano. Guyana, por su parte, se aferra a la tesis según la cual el único documento legítimo ese el firmado por Inglaterra y Estados Unidos, con la participación de un juez ruso quien presidió el tribunal.
Según numerosos testimonios, entre ellos los de uno de los delegados norteamericano, Inglaterra manipuló al tribunal para obtener una decisión que la favorecía en detrimento del precario gobierno venezolano de la época y de la nación suramericana. El gran reto que tiene frente a sí el gobierno de Maduro consiste en acumular todos los recaudos –mapas, notas diplomáticas, documentos militares, declaraciones juradas, reportes de prensa y cualquier otro documento relevante desde la perspectiva de Caracas- que certifiquen la legitimidad del reclamo de Venezuela y les den a los magistrados de la CIJ suficientes elementos de juicio para tomar una decisión que no lesione los intereses venezolanos. Al menos no los perjudique de forma grave.
En las actuales circunstancias, el gobierno venezolano se encuentra en una situación de enorme debilidad. Desconoce la jurisdicción de la CIJ en relación con la controversia y está adoptando un conjunto de medidas cuyo propósito es anexionarse el territorio en disputa. Este comportamiento beligerante e, incluso, belicista, no conviene a los intereses nacionales, pues la aíslan y debilitan más de lo que ya está. Guyana cuenta con el respaldo de los países de la Caricom, de la Commonwealth, de Brasil y de Estados Unidos. Hasta ahora, las naciones de la Unión Europea no se han pronunciado abiertamente a favor de ningún bando, solo se han limitado a llamar al diálogo y al entendimiento. Pero tal es el desprestigio internacional de Maduro, que podrían alinearse con Guyana.
El ambiente internacional desfavorece a Venezuela. Los errores de Hugo Chávez y Nicolás Maduro con respecto a Guyana propiciaron este clima adverso. Además, Guyana ha mantenido a lo largo de décadas una política de poblamiento, acercamiento y colonización de esa zona, que no ha sido contrarrestada por Venezuela. Al contrario, desde 1999, cuando Chávez llegó a Miraflores, comenzó la renuncia sistemática al ejercicio de la soberanía en ese territorio.
Lo que Venezuela finalmente gane en este complicado proceso, solo podrá lograrlo apegada a la CIJ. Fuera de ella, lo único que obtendrá es el repudio internacional y una derrota diplomática y legal con un costo incalculable para la nación.
@trinomarquezc
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