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“Los derechos humanos no son una mercancía que se pueda negociar”. Malala Yousafzai, activista paquistaní por la educación y premio Nobel de la Paz.
“Fuera de aquí”, expresión que encierra encono, ojeriza, atravesó el ámbito diplomático y social causando escozor fuera y dentro de Venezuela. La expulsión del personal de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) de Venezuela por parte del régimen de Nicolás Maduro es una acción que viola los principios básicos de la diplomacia, el respeto a los derechos humanos y la cooperación internacional. Por si fuera poco, esta medida no solo afecta a las víctimas de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en el país, sino que también contradice los valores de la urbanidad y educación propias de la sociedad venezolana, que se caracteriza por su calidez y empatía hacia los demás.
La sociedad venezolana ha sido históricamente reconocida por su urbanidad y educación, que se refleja en su hospitalidad, su solidaridad, su alegría y su sentido del humor. Los venezolanos hemos sabido acoger y ayudar a los extranjeros que han llegado al país, así como a los compatriotas que han emigrado por diversas razones. Los venezolanos hemos demostrado capacidad de adaptación y de integración a otras culturas, sin perder nuestra identidad y raíces. De tal manera, que este hecho muestra a todas luces el talante grosero del gobierno venezolano, que por lo demás, ha mantenido una actitud hostil y desafiante hacia la ONU y sus mecanismos de protección de los derechos humanos.
La expulsión del personal de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU de Venezuela es un hecho sin precedentes, que ha sido condenado dentro y fuera del país. No existe evidencia de que el régimen venezolano haya expulsado a otros funcionarios extranjeros de la ONU en la historia, aunque sí ha habido tensiones y desacuerdos con algunos representantes de este organismo en el pasado. Por ejemplo, en 2017, el presidente Nicolás Maduro calificó de “mentiroso” al entonces alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, quien denunció la existencia de una “dictadura” en Venezuela. En 2018, el gobierno venezolano rechazó la visita del relator especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados, Diego García-Sayán, alegando que no había sido consultado ni invitado.
Más allá del tema diplomático, de los derechos humanos, que son densos, la expulsión del personal de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU de Venezuela es una acción que atenta contra la urbanidad y educación propias de la sociedad venezolana, pues implica un desprecio y una hostilidad hacia una organización que representa los valores universales de los derechos humanos y que busca cooperar con el país para mejorar la situación de los más vulnerables. Esta acción también supone una falta de respeto y de reconocimiento al trabajo y al compromiso de los funcionarios que integraban la oficina, tal vez porque dedicaron su tiempo y su esfuerzo a documentar, denunciar y prevenir las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Esta acción, además, revela una actitud de aislamiento y de confrontación con la comunidad internacional, que ha expresado su preocupación y su solidaridad con el pueblo venezolano.
Resulta obvio, y disculpen la insistencia, la expulsión del personal de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU de Venezuela no solo es una medida injusta e ilegítima, sino que también es una medida contraria a la esencia y a la identidad de la sociedad venezolana, que se ha distinguido por su urbanidad y educación. Esta medida no representa el sentir ni el pensar de la mayoría de los venezolanos, que aspiramos a vivir en paz, en democracia y en respeto a los derechos humanos. Esta medida es una muestra más de la deriva autoritaria y represiva del régimen de Maduro, que ha perdido toda legitimidad y credibilidad ante el mundo y ante su propio pueblo.
Por lo antes dicho, resulta irónico que desde el alto gobierno, en especial el canciller, afirmen que la expulsión de la Oacnudh no tiene relación con el contexto electoral, sino que responde a una defensa de la dignidad y la soberanía de Venezuela, frente a las injerencias y las sanciones de los países que buscan desestabilizar y derrocar al gobierno legítimo de Maduro. Esta es la tesis que sostiene el régimen para justificar su decisión de expulsar al personal de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que había estado presente en el país desde 2019, con el objetivo de monitorear y reportar la situación de los derechos humanos. Sin embargo, esta tesis es débil y falaz, ya que se basa en una serie de premisas falsas o cuestionables, que intentan ocultar la verdadera intención detrás de la expulsión: silenciar y aislar a las voces críticas y disidentes, que denuncian las violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos cometidas por el régimen de Maduro, y que exigen unas elecciones libres, justas y transparentes, que permitan una salida democrática a la crisis política, económica y social que vive Venezuela.
Con claridad meridiana, la expulsión de la Oacnudh es una decisión arbitraria e injustificada, que no responde a una defensa de la dignidad y la soberanía de Venezuela, sino a una estrategia de boicot electoral; es una muestra más de la falta de respeto y de compromiso del régimen de Maduro con los derechos humanos y con la democracia, y de su temor y rechazo a la voluntad y a la participación del pueblo venezolano, en su pretensión de impedir el cambio y la transición democrática que el pueblo venezolano reclama y merece. La comunidad internacional y la sociedad civil deben condenar y rechazar esta decisión, y exigir el respeto y la garantía de los derechos humanos y de la participación política de todos los venezolanos, especialmente en el marco de las elecciones presidenciales que tendrían lugar este año, que podrían ser una oportunidad histórica para el cambio y la esperanza en Venezuela.
@robertveraz